Unidas Podemos vuelve a la carga con su propuesta de limitar los precios de los alquileres. En medio de la negociación del borrador de los Presupuestos, a la que fuentes del partido reconocen que solo le quedan “unos flecos”, la formación de Pablo Iglesias ha decidido incluir en la ecuación un tema que siempre ha generado diferencias entre los socios de Gobierno (PSOE y Unidas Podemos).
El vicepresidente segundo se ha reunido este viernes con los sindicatos de inquilinos para aumentar la presión sobre los socialistas y avanzar en un marco legal que permita poner un techo a los precios de las viviendas de alquiler. Fuentes de la formación aseguran que su puesta en marcha allanaría el apoyo de otras formaciones al borrador presupuestario, principalmente de ERC, que secundó una ley que limita las rentas y que fue aprobada hace un mes en Cataluña. Esa norma, la primera de ese tipo que se aprueba en España, nació en la cuerda floja y en cualquier momento podría ser recurrida por cualquiera de los partidos que votaron en contra, incluido el PSC. El Consejo de Garantías Estatutarias de la Generalitat ya señaló en su momento la inconstitucionalidad de algunos puntos.
Unidas Podemos rescata de esta forma una de las banderas del partido durante todos estos años en un momento crucial para el futuro de la coalición. Todo apunta a que la próxima semana se presentará el borrador de las próximas cuentas —aunque fuentes del partido no descartan un nuevo retraso— y comenzará la negociación con el resto de partidos para buscar los apoyos. La formación de Pablo Iglesias sigue decidida a sacar las cuentas adelante con el apoyo de las fuerzas que permitieron la investidura de Pedro Sánchez en enero, es decir, sin el apoyo de Ciudadanos. El PSOE, por su parte, mantiene abierta la puerta al partido de Inés Arrimadas, que ya ha mostrado en numerosas ocasiones su disposición a alcanzar a un acuerdo.
El partido de Iglesias apuesta por regular el precio de los alquileres para dotar de respaldo legal a la norma aprobada en Cataluña y facilitar el acuerdo presupuestario con las fuerzas independentistas. Fuentes de ERC aseguran que se trata de cosas diferentes y que, aunque apoyan cualquier avance en materia de alquileres, su puesta en marcha no supone el sí automático a los Presupuestos.
Fuera del borrador de Hacienda
En la mesa de negociación de las cuentas que desde hace semanas llevan a cabo la ministra de Hacienda, María Jesús Montero (PSOE), y el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez (Podemos), faltan por cerrar los últimos acuerdos en materia fiscal sobre las subidas de impuestos que incluirá el borrador y limitar el alcance de algunos programas sociales. La limitación del precio de los alquileres, incluido en uno de los puntos del acuerdo de coalición, se tendría que negociar en paralelo, ya que no se contempla que vaya en el borrador.
Por su parte, el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, sobre el que recaen las competencias estatales en Vivienda, ha mantenido desde el arranque de la pandemia la posición de esperar a que esta pase antes de actuar, con el objetivo de hacer una radiografía más precisa de la situación en que quedan los alquileres. La limitación de precios forma parte del acuerdo de coalición y el ministro José Luis Ábalos expresó el pasado febrero su intención de llevar al Congreso la medida antes del verano. Pero la alarma sanitaria lo cambió todo.
Entre otras cosas, la pandemia obligó a retrasar hasta junio (estaba prevista en marzo) la presentación del índice oficial de precios de alquiler, la estadística en la que debe basarse la regulación que ponga topes a las rentas. Esa estadística tiene como fuente principal la Agencia Tributaria, lo que se traduce en que los datos presentados el pasado julio se correspondían con las declaraciones presentadas por los contribuyentes en 2019. La cuota socialista del Gobierno defiende, por tanto, que no tiene demasiado sentido actuar ahora con esa foto antigua en un contexto en que la pandemia ha dado un vuelco a la situación económica del país y de muchos hogares.
Pero desde los sindicatos de inquilinos la sensación es precisamente que la crisis hace más “urgente” actuar de alguna manera sobre las rentas. “A pesar de que los alquileres han bajado un poquito, es necesario que la administración pública ayude a los hogares moderando los precios; llevamos muchos meses de situación crítica”, resume Jaime Palomera, portavoz del Sindicato de Inquilinos de Barcelona. Estas organizaciones reivindican los topes a los alquileres desde hace años y han participado en la elaboración de la ley catalana, que creen que otras comunidades podrían replicar si el Gobierno impulsase un cambio legislativo que las habilitase para ello. Para ello, además de con Iglesias, se han reunido este viernes con varias fuerzas parlamentarias que apoyaron la investidura y las sensaciones tras esos encuentros son positivas.
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