Los Mossos cifran en hasta 1,2 millones el perjuicio al FC Barcelona por el ‘Barçagate’

Josep Maria Bartomeu durante un partido de fútbol sala en noviembre de 2020.
Josep Maria Bartomeu durante un partido de fútbol sala en noviembre de 2020.Enric Fontcuberta / EFE

Los responsables del FC Barcelona se “extralimitaron en sus facultades de administración” al contratar a una empresa para difamar a jugadores y opositores de la junta directiva del expresidente Josep Maria Bartomeu. Lo dice un informe de los Mossos d’Esquadra al que ha accedido EL PAÍS y que consta en la investigación judicial abierta contra el expresidente y otros tres directivos por el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona. Los Mossos concluyen además que el club pagó un “sobreprecio” por esos servicios y calculan el “perjuicio” causado “a la entidad y al conjunto de la masa social” en una cifra entre 843.000 y 1,2 millones de euros.

La policía catalana advierte que el dinero pagado en tres años (desde 2017) al grupo NiceStream (del que forma parte la empresa I3 Ventures) asciende a 2,3 millones. Los servicios contratados son la monitorización de la reputación del club en redes, pero también “un uso presuntamente particular en redes sociales”, en alusión a las cuentas difamatorias creadas en plataformas como Twitter y Facebook para atacar a jugadores de la primera plantilla del Barça, gente del entorno contraria a la junta directiva y a rivales de Bartomeu, como Víctor Font, que ya entonces se presentaba como futurible a la presidencia del club azulgrana.

Los Mossos creen que esos contratos podrían suponer un delito de administración desleal. Pero advierten de que Bartomeu y los otros tres directivos detenidos el lunes pueden haber cometido también un delito de corrupción entre particulares. La policía maneja la hipótesis de que “directivos, administradores, trabajadores o colaboradores” hayan podido percibir “contraprestaciones” por adjudicar los contratos al margen de los procedimientos establecidos. El club troceó los pagos en cinco contratos inferiores a 200.000 euros para eludir a los órganos de control de la propia entidad.

Ese hecho fue ya denunciado en su momento por algunos integrantes de la junta, que protagonizaron una dimisión en bloque en abril, menos de dos meses después de destaparse el escándalo del Barçagate. “Los seis directivos que dimitimos en abril denunciamos en su momento que se habían saltado los controles del club, las comisiones de adjudicación, de control-transparencia y de compliance (desarrollo de las actividades y negocios conforme a la normativa vigente y las políticas y procedimientos internos establecidos)”, recordó este lunes Emili Rousaud, uno de los consejeros que dimitió.


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