En México, los actores políticos se están amenazando mutuamente con usar el recurso constitucional de “desaparición de poderes” para destituir, desde el congreso federal, a algunos gobernadores cuyos Estados padecen graves crisis de violencia e inseguridad. Lejos de ayudar a solucionar el problema, esta propuesta impide comprender las causas de la crisis de gobernabilidad que padecen varias entidades del país. La violencia criminal incontrolada es sólo una de las manifestaciones del problema central de esta fase histórica: la ausencia de instituciones democráticas operativas, vacío que se expresa en violaciones sistemáticas a la ley desde los propios poderes del Estado, carencia de capacidades técnicas, operativas y políticas en las clases gobernantes y ausencia de mecanismos de control ciudadano sobre los excesos de la clase política. Persisten regímenes subnacionales híbridos y un Gobierno federal fragmentado, caracterizados todos por una estatalidad precaria. Estas condiciones cuestionan la narrativa del “cambio de régimen”.
Veracruz, Estado gobernado por Cuitláhuac García, un político inexperto, pero muy cercano al presidente, es un ejemplo de los problemas de la “cuarta transformación” en los gobiernos locales. Aquí, actores de los tres poderes del Estado se conducen arbitrariamente. El caso más reciente ha sido la “suspensión temporal” del fiscal Jorge Winckler por parte de la Diputación Permanente del Congreso local, que de acuerdo con la constitución carece de esa potestad. Ciertamente, el fiscal era un funcionario frívolo e incapaz, cuya virtud única al ser nombrado hace dos años fue su fidelidad al entonces gobernador Miguel Ángel Yunes, de quien fue abogado personal. Pero eso no hace aceptable la violación de la ley para destituirlo.
A pesar de haber construido una mayoría calificada en el Congreso usando el viejo método de transvase de políticos de todos los partidos a su coalición, Morena fue incapaz de entablar un juicio político contra Winckler, única forma legal de destituir de su puesto a un fiscal “autónomo” designado por nueve años. El faccionalismo interno en Morena y la falta de autoridad del gobernador hicieron políticamente inviable este recurso.
Este no es el único problema. El gobernador no ha propuesto candidatos para 13 vacantes de magistrados en el Tribunal Superior de Justicia, que funciona de manera irregular desde hace más de un año al carecer de casi la mitad de sus miembros. Dentro del tribunal hay escándalos por fraudes en la disputa por las presidencias de salas. Por otro lado, ha habido en el actual Gobierno denuncias de desaparición forzada atribuibles a la Policía estatal, sin que se haya hecho nada para sancionar a los responsables. La defenestración ilegal del fiscal parece haberse acelerado para evitar un escándalo por las desapariciones y para administrar la información sobre delitos y crímenes cometidos en el estado. La encargada temporal de la fiscalía “autónoma” carece de perfil para el cargo, pero es cercana al Secretario de Gobierno. Mientras tanto, los organismos de apoyo a víctimas continúan sin presupuesto y sin operar. Estos reprobables actos y omisiones contradicen las promesas de un gobernador que tuvo el mérito de haber puesto en primer lugar de su agenda el problema de los desaparecidos.
Ciertamente, ni Veracruz ni el resto del país han tenido jamás algo parecido a un Estado de derecho. Lo que hoy observamos es la continuidad con el pasado, no el inicio de algo nuevo. El Gobierno de Cuitláhuac García demuestra que no basta la buena voluntad para gobernar. La falta de cuadros con experiencia administrativa y política ha producido un Gobierno de bajo perfil y escasa habilidad política, carente de disciplina y liderazgo, y un congreso dominado por políticos formados en el priisimo, y convertidos al morenismo por conveniencia, cuyas prácticas son las mismas de siempre. El poder judicial sigue en manos de los magistrados nombrados en Gobiernos anteriores, y la mayoría de ellos llegaron al cargo por decisión de los gobernadores en turno, no por méritos profesionales. Morena parece no tener cuadros de recambio ahora que puede modificar la composición del Tribunal Superior. Los organismos autónomos están siendo acotados políticamente o colonizados por personajes cercanos al nuevo grupo en el poder, tal como ha sucedido siempre. Por ahora, los poderes del Estado parecen estar desaparecidos.
No se puede cambiar de régimen reproduciendo las prácticas del pasado y sin construir instituciones democráticas operativas, transparentes y cercanas a la ciudadanía. Repartir subsidios de forma directa y no mediada puede ser un avance en relación a las formas del clientelismo priista, pero ello no equivale a crear un nuevo régimen. El combate a la corrupción es, hasta ahora, una promesa, pues por lo pronto lo que hay es un Gobierno que no gasta porque no sabe o porque no puede. Mientras tanto, en la vida diaria de la gente, se sufre la inseguridad y la violencia tanto o más que antes, al igual que la falta de empleo y de ingresos suficientes. Construir Estado, es decir, verdaderas instituciones democráticas, debe ser la tarea central de un nuevo régimen.
Alberto J. Olvera es investigador del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana.
Puedes seguir EL PAÍS Opinión en Facebook, Twitter o suscribirte aquí a la Newsletter.