Un año después de la sentencia, que se cumplió ayer, los nueve presos del procés tienen un ojo puesto en el juez Manuel Marchena y el otro en el presidente Pedro Sánchez. Sus condiciones de vida en la cárcel dependen del Tribunal Supremo, pero sus opciones de alcanzar la libertad definitiva antes de tiempo están en manos del Gobierno por la vía del indulto. Mientras, los presos —que llevan cerca de tres años en la cárcel, desde que ingresaron en prisión preventiva tras la declaración de independencia de octubre de 2017— no pierden la fe en Estrasburgo, convencidos de que la justicia europea les dará la razón.
El Supremo, que les condenó a penas de entre nueve y 13 años de cárcel por sedición y/o malversación —unas penas consideradas excesivas por la mayoría de partidos representados en el Parlament, independentistas pero también Catalunya en Comú Podem y el PSC—, tiene la última palabra sobre el régimen penitenciario en el que deben cumplir la pena: o la semilibertad que propugna la Generalitat o el régimen ordinario (cerrado) que defiende la Fiscalía.
El tercer grado (semilibertad) supondría un alivio para los presos, porque les permitiría pasar el día fuera y regresar a la prisión solo a dormir entre semana. Ya disfrutaron de él, de hecho, durante dos semanas, hasta que a los siete presos varones les fue suspendido por decisión de un juez de vigilancia penitenciaria, a la espera de que se pronuncie el Supremo (las dos mujeres presas siguen en ese régimen abierto). El segundo grado (el ordinario, en el que cumple la mayoría de presos en España) sería un revés tras un año de altibajos en el que han disfrutado de cierta libertad: antes del tercer grado la Generalitat les aplicó durante un tiempo el artículo 100.2 del reglamento penitenciario, autorizándoles salidas diarias para trabajar, hacer voluntariado y cuidar a familiares.
En todo caso, lo esencial para los políticos presos —la perspectiva de ser puestos en libertad— no va a depender tanto de la justicia como de la política. El Gobierno de Pedro Sánchez ha empezado ya a tramitar las peticiones de indulto cursadas por abogados, colectivos profesionales, sindicatos, partidos políticos y hasta tres expresidentes del Parlamento catalán. La primera de ellas, y la que está en la mesa del Ministerio de Justicia, es la del letrado barcelonés Francesc Jufresa, que solicita el indulto total o parcial para los nueve políticos encarcelados al considerar “desproporcionadas” las penas.
La publicación de la sentencia, hace un año, fue recibida con ira y fuego en las calles de las principales ciudades catalanas. Durante siete días se sucedieron incidentes, algunos graves, en Barcelona y el resto de capitales de provincia. Lo que empezó como un rechazo enérgico a la condena de los políticos —que buena parte del independentismo daba por descontada aun antes de empezar el juicio— tomó, con el paso de los días, un cariz antipolicial, y los enfrentamientos entre manifestantes y Mossos d’Esquadra fueron especialmente virulentos.
El indulto es una prerrogativa del Gobierno. Este debe escuchar a las partes interesadas —incluido, en este caso, el Tribunal Supremo—, pero eso no deja de ser un trámite porque la última palabra la tiene el Ejecutivo. Descartada la posibilidad de una amnistía, que no tiene encaje en la Constitución, el indulto es la única baza de Sánchez para apaciguar al independentismo.
Altibajos
La tramitación del indulto puede durar meses; la decisión sobre el tercer grado no debería alargarse tanto. En solo un año, la situación penitenciaria de los presos ha sufrido altibajos. La Generalitat les concedió en febrero salidas diarias con el artículo 100.2, que fue avalado en líneas generales por los jueces de vigilancia penitenciaria aunque con la dura oposición de la Fiscalía. Pero un único caso, el de la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, lo cambió todo: un juez decidió enviar el recurso al Supremo, que cargó contra el 100.2 y se declaró competente, como órgano sentenciador, para decidir sobre la situación penitenciaria del resto de presos.
En julio, el Gobierno catalán fue un paso más allá y aplicó a los políticos el régimen de semilibertad. Pero el pronunciamiento contundente del Supremo tuvo su peso. Cuando la Fiscalía recurrió la medida, los jueces tomaron caminos divergentes. El que atiende los asuntos de la cárcel de Lledoners (Barcelona), donde permanecen los siete presos varones, suspendió temporalmente el tercer grado hasta que el Supremo se pronuncie. Por eso el exvicepresidente Oriol Junqueras; los exconsejeros Raül Romeva, Jordi Turull, Joaquim Forn y Josep Rull; y los activistas Jordi Sànchez (ANC) y Jordi Cuixart (Òmnium) están ahora en régimen cerrado y sin salidas. Carme Forcadell y la exconsejera Dolors Bassa, por el contrario, siguen gozando del tercer grado porque el juez competente no lo suspendió, y su caso aún no está en la mesa del Supremo.
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