En España residen unos siete millones de personas nacidas en el extranjero. Su integración, aunque mejorable en muchos aspectos, se ha producido sin apenas episodios xenófobos graves y con un aceptable grado de acogida. La situación social española ha vivido una gran metamorfosis en las últimas décadas sin producir turbulencias sistémicas. Esto ha contribuido a reequilibrar la estructura demográfica (compensando parcialmente la tendencia al envejecimiento vinculado a la baja tasa de natalidad de los autóctonos y a la larga esperanza de vida), el mercado de trabajo (que ha encontrado candidatos para puestos que los nacidos en España no suelen desear) y a enriquecer con mayor diversidad la sociedad. El proceso es mejorable —el ascensor social no funciona bien para los inmigrantes, la vinculación con la sociedad local debería ser superior—, pero en su conjunto el balance puede considerarse positivo.
El frágil equilibrio de procesos de este tipo se tambalea en momentos de crisis como este. Cuando el empleo cae, cuando la necesidad es acuciante, los recursos escasean y, sobre todo, y esto es lo más grave, cuando en la arena política hay una fuerza dispuesta a azuzar las emociones más primarias. Decidida a culpabilizar al de fuera para reforzar idearios identitarios mal concebidos. Esa es la receta del populismo que han practicado Donald Trump en EE UU y Salvini en Italia, entre otros. Y es la que está aplicando peligrosamente la ultraderecha en España. Por esas circunstancias internas, y por esos antecedentes internacionales, debe causar inquietud lo ocurrido el pasado fin de semana en Canarias, donde vecinos de Arguineguín, el pueblo que ha sido escenario del hacinamiento de miles de inmigrantes durante cuatro meses, hostigaron a grupos de extranjeros por la calle al grito de “fuera moros” y protagonizaron una protesta racista en torno al hotel que aloja a algunos de ellos. Cruz Roja llegó a recomendar a los 6.000 inmigrantes alojados en 12 hoteles en Gran Canaria —que están a la espera de que se terminen los campamentos que se están construyendo— que no salgan a la calle. Lo mismo hizo el Gobierno canario con los menores a su cargo.
Lo ocurrido es un episodio de dimensiones reducidas. Pero, si bien no debe exagerarse su significado, tampoco puede subestimarse. Precisamente la lección italiana lo exige. Un flujo intenso de llegadas irregulares combinado con el abandono de la UE fue el caldo de cultivo que proyectó a la Liga de Salvini hasta un nivel de apoyo del 35%. En España, la afluencia creciente de inmigrantes (21.000 han llegado a las islas en lo que va de año) y una pésima gestión por parte del Gobierno han creado una situación delicada. Los inmigrantes han malvivido amontonados en el muelle de Arguineguín en unas condiciones impropias de un Estado europeo de derecho. La gestión fue mala, pues, pero la utilización populista que hace Vox de esta crisis es inaceptable y peligrosa. El lenguaje incendiario y la difusión de bulos que ligan la inmigración con la delincuencia, con la pandemia y con una conjura gubernamental pueden tener graves consecuencias. La materia es delicada. En juego están no solo vidas, sino la convivencia armónica que ha caracterizado a España. Es esencial que el Gobierno no deje huecos sin cubrir en su gestión. Y que una sociedad, siempre abierta y acogedora, cierre filas contra la xenofobia rampante que hoy viaja a lomos de la ultraderecha de Vox.
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