Junto con la lucha contra la temporalidad, la reforma laboral que Gobierno, patronal y sindicatos han acordado, y que se encuentra en estos momentos en busca de los apoyos parlamentarios suficientes para salir adelante, tiene como objetivo reequilibrar la balanza entre empresarios y trabajadores. Para lograrlo, uno de los puntos de la nueva norma devuelve la prevalencia de los convenios sectoriales sobre los de empresa en materia de salarios. Esto, según un estudio elaborado por UGT, permitirá que los empleados de las empresas multiservicios ―que durante los últimos años han competido entre ellas precarizando las remuneraciones― reciban hasta 12.000 euros al año más por el mismo trabajo que venían realizando.
La modificación que determinó el Partido Popular en 2012 depositaba sobre los empresarios la potestad para marcar, entre otros apartados, el salario de sus trabajadores, sin necesidad de que este se acogiera a los baremos mínimos recogidos en los convenios sectoriales. Esta prevalencia se mantendrá también con el nuevo marco legislativo, menos en materia de salarios. ¿Qué quiere decir esto? Que los trabajadores recibirán, como mínimo, el salario que marque el convenio de la actividad que desarrollen. Sin embargo, desde la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) señalan que en la práctica la mayor parte de las compañías ajustan sus salarios sobre este índice, por lo que su afectación será mínima.
Sin embargo, sí que hay un pequeño nicho de empresas en las que esta modificación legislativa supondría una alteración. Es el caso de las compañías multiservicios (las que no desarrollan una actividad concreta, sino que prestan multitud de ellos a otras), y que con la entrada en vigor de la reforma de 2012 desarrollaron su estrategia de negocio en la rebaja de los salarios para resultar más competitivas.
El estudio de UGT compara los salarios que reciben actualmente los empleados de estas contratas con el que deberían percibir una vez se les ajustase con el que marca el convenio de su actividad. Las diferencias, por tanto, difieren en función de cuánto recoge cada una de las normas, pero en todos los casos su remuneración mejoraría. El caso más abultado es de los empleados de empresas de consultoría y estudios de mercado, que recibirían 12.000 euros más. Por detrás se colocan los operarios de transportes, mercancías y carreteras de Barcelona (en función de cada territorio el convenio varía), quienes experimentarían un incremento de 7.533,25 euros; y en el tercer escalón más alto se sitúan los trabajadores de la hostelería de Baleares (7.160 euros más).
De entre todos los servicios que facilitan este tipo de conglomerados, si hay uno que se ha visto especialmente perjudicado por esta lucha a la baja de los salarios es el de la limpieza, y que ha afectado directamente a las kellys (camareras de piso de los hoteles). Según detalla la tabla de UGT, las trabajadoras (se trata de una actividad muy feminizada) de Madrid, Barcelona y Baleares verían mejorados sus ingresos anuales en una media de 2.400 euros.
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Mayor desigualdad
Evitar que las empresas recurran a la subcontratación para saltarse los convenios colectivos y rebajar las condiciones laborales de sus trabajadores es una de las recomendaciones que recoge el último informe de la OCDE, Perspectivas del Empleo 2021. En él, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) advierte que la subcontratación se ha incrementado de manera sustancial en todos los países miembros en las últimas décadas, también en España, especialmente en los servicios de limpieza y seguridad de edificios. Apunta, además, que la subcontratación reduce los salarios de los trabajadores de baja cualificación, y que esto genera mayor desigualdad al derivarse de ella una dispersión de los salarios entre otros motivos porque los trabajadores subcontratados no participan de la misma manera que los trabajadores de la empresa principal en las mejoras de la productividad.
“El informe concluye que hasta ahora no se ha podido probar que la utilización de la subcontratación resulta en una mejora de la productividad para las empresas que las usan con este fin”, señalan desde CC OO.
El refuerzo en la protección de los trabajadores de estas empresas multiservicios fue objeto de controversia durante la fase final de las negociaciones de la reforma laboral. Los empresarios, finalmente, aceptaron esta pequeña alteración, puesto que no coartaba excesivamente su flexibilidad interna (organización de la jornada, distribución del tiempo de trabajo…). Para reforzar esta red de protección de los trabajadores se recuperó también la ultraactividad sin fecha de caducidad. El anterior marco contemplaba un periodo de vigencia máximo de un año para aquellos convenios que se encontrasen en proceso de negociación para su renovación. Superado este tiempo, y de no haberse alcanzado un acuerdo, decaían. Ahora se extenderán hasta que la negociación concluya.
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