El Salvador cumple este lunes un año bajo estado de excepción, aprobado con el objetivo de erradicar la violencia de las pandillas en el país y que, si bien ha ido acompañado de un drástico descenso de los homicidios, ha despertado un aluvión de críticas de potencias y organismos internacionales, que cuestionan la ausencia garantías democráticas y de Derechos Humanos de la medida.
El 27 de marzo de 2022, tras una jornada en la que se llegaron a superar los 60 homicidios, el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, decretó el estado de excepción, en virtud del que se permitía un mayor despliegue policial y militar en las zonas más conflictivas del país y la detención de toda aquella persona sospechosa de pertenecer a pandillas -como Mara Salvatrucha- que tenían amedrentadas a la población.
A partir de aquel día, que Bukele ha definido como “uno de los más difíciles” de su mandato y su vida, las autoridades salvadoreñas, incluida la Policía Nacional o el propio presidente, se han afanado en trasladar una imagen de mayor seguridad, publicando casi diariamente el balance de homicidios, que ha ido en constante disminución hasta no llegar a registrarse ninguna muerte violenta en el país.
Foto: Reuters
Por otro lado, mientras los homicidios iban en descenso, las fuerzas de seguridad confirmaban día tras día la detención de millares de presuntos pandilleros hasta llegar incluso a superar los 60,000 en un año, tratando así de legitimar una polémica decisión que, según organismos internacionales, se ha llevado por delante a ciudadanos inocentes.
El máximo exponente de lo draconiano de la medida se ha podido comprobar en las últimas semanas, cuando las autoridades salvadoreñas han confirmado el envío de hasta 4,000 presuntos pandilleros al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una macrocárcel construida en tiempo récord y con capacidad para acoger hasta 40,000 reclusos para así descongestionar el resto de prisiones del país.
La confirmación de estos traslados ha ido acompañada de publicaciones de Bukele con vídeos cuasi propagandísticos en los que se muestran a decenas de presos siendo movilizados apenas sin ropa –tan solo con un calzón blanco–, con las manos esposadas a la espalda y con la cabeza gacha. En el CECOT no solo está previsto que permanezcan recluidos, sino que también se les ha incluido en programas de trabajo social, como la limpieza de calles, adecentar escuelas y hospitales e incluso construir nuevas instalaciones.
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El país “más seguro” de Latinoamérica
Así, mientras desde la oposición y en el extranjero cuestionan los métodos para garantizar la situación en el país, el presidente Bukele saca pecho de su gestión, que logró que El Salvador pase de ser el país “más inseguro del mundo” a convertirse en el “más seguro de América Latina” a pesar de que “los expertos decían que era imposible”.
De hecho, el mandatario ha celebrado este lunes el primer aniversario de su medida. “Hace exactamente un año, cerrábamos el día con 62 homicidios. Ese fue uno de los días más difíciles de mi vida y de este Gobierno”, reconoció Bukele en su perfil oficial de Twitter donde, como casi cada día, ha compartido el nuevo balance de muertes violentas confirmadas por la Policía Nacional.
“Ahora, un año después, cerramos (el día) con cero homicidios, y marzo de 2023 se acerca a ser el mes más seguro de toda nuestra historia”, celebró Bukele, quien en sus redes sociales recibe día tras día el aliento no solo de sus compañeros de partido, sino también de parte de la población, que en casi un 70 por ciento ve con buenos ojos su reelección.
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En su incansable afán por promocionar El Salvador como un país seguro y alejado de las problemáticas de la región, Bukele llegó a publicar en Twitter carteles publicitarios –con un estilo que puede recordar al de la propaganda de principios del siglo pasado– en los que se encumbra el país como “la nueva tierra de libertad” al estar alejado de drogas, tiroteos o impedimentos fiscales.
Violaciones de derechos humanos
A pesar de que las autoridades nacionales celebran día a día haber logrado, de algún modo, erradicar la violencia en las calles, las organizaciones internacionales alertan de que la gestión de Bukele y las detenciones masivas suponen a la par violaciones generalizadas de Derechos Humanos.
Organismos como Human Rights Watch relatan que, desde marzo de 2022, “las fuerzas de seguridad han detenido a decenas de miles de personas, incluidos cientos de niños y niñas, y han cometido violaciones generalizadas de Derechos Humanos, como detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, y tortura y otros malos tratos”.
Para la ONG, a pesar del “descenso significativo de la violencia”, sigue siendo motivo de preocupación “las severas restricciones al acceso al aborto, el hostigamiento y los procesos penales arbitrarios contra periodistas y organizaciones de la sociedad civil, y la escasa rendición de cuentas por violaciones de Derechos Humanos”.
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En la misma línea, Amnistía Internacional ha incidido en que, a pesar de lo “popular” de la respuesta de Bukele contra unas pandillas que durante años han tenido amedrentadas a la población, “la seguridad pública no debe lograrse a costa de violaciones masivas de Derechos Humanos”.
“Las autoridades han desmantelado la independencia judicial, han cometido actos de tortura y han llevado a cabo miles de detenciones arbitrarias y violaciones del debido proceso. Mientras tanto, al menos 73 personas detenidas han muerto bajo custodia del Estado“, han alertado desde la organización.
Así pues, el presidente Bukele se encuentra en una paradójica situación en la que la mayor parte de la población local ve con buenos ojos su gestión, a sabiendas de que desde el extranjero cuestionan con contundencia los métodos de un presidente que incluso ha llegado a autoproclamarse con ironía como “el dictador más ‘cool’ del mundo”.
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