El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, el pasado lunes en los Cursos de Verano en San Lorenzo de El Escorial (Madrid).Marta Fernández – Europa Press / Europa PressEl número de delitos de odio en España vuelve a crecer un año más. Según el balance del Ministerio del Interior, hecho público este martes, en 2019 las Fuerzas de Seguridad tuvieron conocimiento de 1.706 casos, lo que supone un incremento del 6,8% respecto a los 12 meses anteriores, cuando se registraron 1.598. El informe también detalla que, por tercera vez en los últimos cuatro años, Cataluña es la comunidad autónoma donde se registra la mayor tasa de este delito —6,7 por cada 100.000 habitantes—, por delante de Melilla (5,78), Navarra (4,74) y País Vasco (4,64). Por provincias, Girona, con una tasa de 11,15 casos por 100.000 habitantes; Tarragona (8,08) y Lleida (8,05) también encabezan la estadística, seguidas de Ávila (6,98) y Cuenca (6,62). Barcelona ocupa el sexto lugar, con 5,79.Este estudio, con el que Interior pretender hace “una radiografía fiel de este fenómeno delictivo como punto de partida para una mejor respuesta”, incluye por primera vez desglosados los episodios de “antigitanismo”. El año pasado se registraron 14 incidentes recogidos bajo ese epígrafe. El ministro Fernando Grande-Marlaska presentará este miércoles una nueva instrucción policial para hacer frente a esta modalidad delictiva, así como una campaña de concienciación ciudadana ante el convencimiento de que se denuncian muchos menos de los que realmente se producen.La motivación más común entre los delitos de odio fue la “ideología”, con 596 casos (el 35% del total). Sin embargo, los que más crecieron respecto a 2018, cerca de un 21%, fueron los vinculados al racismo y la xenofobia, de los que se tuvo conocimiento de 515 episodios, frente a los 426 del periodo anterior, cuando aún se incluían en este apartado los incidentes contra los gitanos. Otros dos ámbitos en los que ha habido un significativo aumento han sido los cometidos por “orientación sexual e identidad de género” (278 casos, un 8,6% más) y contra las “personas con discapacidad” (26 denuncias, un 4% más). El balance también detalla casos de “discriminación por razón de sexo y género” (69), por cuestión de “creencias o prácticas religiosas” (66), contra los pobres o aporofobia (12), por cuestiones de edad (9), por “razón de enfermedad” (8) y de antisemitismo (5).El estudio de Interior también detalla el perfil tanto de las víctimas como de los autores de estos delitos. Así, la mayoría de los que sufrieron delitos de odio el año pasado era hombres (un 64%), y con una edad comprendida entre los 26 a 40 años (30,1%). Los menores de edad representaron el 6,7%, un porcentaje similar al registrado del año 2018. Por nacionalidad, el 72,3% eran españoles. Sobre quién comete el delito, el perfil indica que son principalmente hombres (83%) y situados dentro del rango de edad de los 18 a 40 años (54,7%). Por nacionalidad, la mayoría de los detenidos o investigados por estos incidentes son también españoles (84,7%). El balance destaca que los meses de mayo y octubre son los que registran una mayor incidencia de este tipo de delitos.El año pasado fue el primero de implantación del Plan de Acción de lucha contra los delitos de odio aprobado por Interior en enero de 2019 para prevenir este tipo de delitos, mejorar la atención a las víctimas e impartir formación específica a las Fuerzas de Seguridad del Estado para hacer frente a esta tipología delictiva. Según recalca el ministerio en la nota hecha pública este martes, “uno de los principales propósitos de este plan es reducir la infradenuncia de delitos de odio”.En octubre de 2018 Interior también puso en marcha en las cárceles el llamado Programa Diversidad, un tratamiento psico educativo pionero en Europa con el que reinsertar a los condenados por delitos de odio. El tratamiento dura más de 13 meses y tiene como último paso encuentros restaurativos entre el delincuente y colectivos y personas que han sufrido delitos de odio, a semejanza de los celebrados durante la llamada vía Nanclares con presos etarras. El objetivo final es minimizar la tasa de reincidencia de estos penados.
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