El sueño de una Norteamérica fuerte y unida es tan viejo como los obstáculos reales que hay en el camino para que un día se haga realidad. Joseph Biden ha citado este jueves en Washington al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, para tratar asuntos como la salida del largo túnel de la pandemia, el cambio climático, la situación en Cuba y la crisis del desabastecimiento. Será la primera vez que se vean las caras. Aunque el tema más importante del orden del día, el que determinará el resto de las discusiones, será el más viejo y el más real de esos obstáculos: la inmigración.
La cita entre los mandatarios, la primera en cinco años de esa trilateral conocida como los Three Amigos, relación especial que Donald Trump ninguneó, llega una semana después de que se abrieran las fronteras terrestres entre los países, tras 20 meses de estar cerradas para los viajes no esenciales y en medio de las críticas al presidente de Estados Unidos por la inacción de su Administración en materia de inmigración. Su llegada a la Casa Blanca hizo despertar la esperanza en la región de que revertiría la agresiva política de Trump. Diez meses después, esa esperanza se ha tornado en abierto escepticismo e impaciencia.
Pese a que la Casa Blanca ha hecho suyo el discurso de México de que los problemas migratorios van más allá del vecino del Sur y que la mejor opción es atajarlos en los países de origen, López Obrador llega a Washington (con una comitiva en la que se cuenta el titular del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño) dispuesto a poner encima de la mesa de los encuentros bilaterales y trilaterales del jueves la promesa que hizo el presidente de Estados Unidos de proponer una ley que regularice a 11 millones de mexicanos indocumentados, muchos considerados trabajadores esenciales durante la pandemia. En su conferencia diaria matutina del martes, el mandatario mexicano, que emprende su segunda visita a Estados Unidos en menos de dos semanas, comparó la comunidad de cubano americanos (unos cuatro millones), con la de mexicanos (38) y la capacidad de una y de otra de influir en las decisiones legislativas de Washington. “Hay millones de ciudadanos estadounidenses-mexicanos que deben estar atentos y tener dos objetivos, solo dos: defender a los mexicanos y defender a México”, añadió López Obrador, en lo que se ha interpretado como una advertencia velada a los congresistas y senadores que voten en contra de esa ley cuando llegue al Capitolio.
Las positivas señales que dio Biden en sus primeros compases como presidente se han topado, sobre todo, con el Título 42, que sigue en vigor. La normativa, que Trump desempolvó durante la pandemia, permite devoluciones en caliente alegando razones sanitarias para evitar la expansión del coronavirus. Esa herramienta ha permitido la expulsión de unos 800.000 migrantes en nueve meses, según denuncia Kenneth Roth en una carta abierta enviada este miércoles a los tres líderes norteamericanos. “Eso prácticamente duplica la cantidad de los últimos 11 meses del mandato de Trump”, escribe. “Muchos solicitantes de asilo son transferidos a la custodia de autoridades migratorias mexicanas, quienes los expulsan a América Central, en algunos casos abandonándolos cerca de cruces fronterizos en zonas remotas”.
Biden no ha derogado el Título 42 pese a que, durante una comisión de investigación del Congreso sobre la gestión de la crisis sanitaria de la anterior Administración, varios expertos reconocieron el viernes pasado que la decisión de aplicarlo “no obedeció a razones científicas”. Entre las imágenes que de momento han definido la era Biden destacan las de los agentes hostigando a caballo en septiembre a migrantes haitianos. Entonces, el secretario de Seguridad Nacional estadounidense, Alejandro Mayorkas, defendió ese Título 42 basándose en esos supuestos motivos sanitarios.
El presidente de Estados Unidos también se ha demostrado incapaz de levantar la orden Remain in Mexico (Quédense en México), otra de las polémicas medidas de Trump para parar en la frontera sur, una de las más transitadas del planeta, el flujo migratorio, llegado fundamentalmente de la región centroamericana. Según esa orden, los migrantes que solicitan asilo deben permanecer del lado mexicano hasta el día en que el juez examine su caso. Promulgada en 2019, fue revocada por Biden según llegó a la Casa Blanca por “su alto e injustificable coste humano”, pero un tribunal federal de Texas resolvió en agosto que entrara de nuevo en vigor. Mayorkas anunció el pasado viernes que intentarían de nuevo revocar esa decisión judicial. Desde que echó a andar, unos 70.000 inmigrantes han sido expulsados invocando la doctrina Remain in Mexico.
El primer encuentro en persona entre Biden y López Obrador se produce después de que en agosto y septiembre bajara el número de migrantes aprehendidos en la frontera sur de Estados Unidos por primera vez en casi año y medio. Esa cifra pasó de poco más de 17.000 aprehensiones en junio de 2020, un mínimo de los últimos años en plena crisis del coronavirus, a más de 213.500 en julio de este año. En agosto, ese número descendió a 209.840 mientras que en septiembre 192.001 migrantes sin documentos acabaron en las estadísticas de la Patrulla Fronteriza estadounidense.
Las presiones de la Administración de Biden a su vecino del sur se han topado, sin embargo, con un rechazo que no se había producido durante el Gobierno de Donald Trump. Como contraprestación a las cesiones en materia migratoria, México quiere que Estados Unidos colabore en neutralizar el tráfico de armas de su país al sur y que terminan en manos del narcotráfico. Hasta ahora, la Casa Blanca se ha mostrado inflexible al respecto.
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