La Política Agrícola Común, uno de los ejes centrales pero más áridos de la Unión Europea, también puede resultar apasionante. Han sido necesarios dos años y medio de negociaciones constantes, además de un final agónico de 42 horas non-stop de discusiones de alto nivel en Luxemburgo, para que los ministros de Agricultura de los Veintisiete hayan sellado finalmente en torno a las cinco de la mañana de este miércoles el acuerdo sobre la PAC que habrá de regir en la UE a partir de 2023.
España, según ha declarado el ministro Luis Planas tras las maratonianas jornadas, sale airosa: “Para este Consejo veníamos con ocho puntos finales de distinto nivel y distinta importancia y los hemos conseguido todos. Realmente la propuesta de la presidencia alemana respondía perfectamente a lo que planteaba España”. Madrid arranca un compromiso de 47.724 millones de euros para repartir hasta 2027 en el sector del campo. “Más que suficiente para responder a todos los grandes retos”, zanjó el ministro Planas.
Al compás de los vientos verdes que soplan en el continente, los Veintisiete han tratado de tejer un complejo equilibrio entre las reclamaciones ciudadanas de mayor respeto medioambiental y las exigencias de rentabilidad y competitividad de los agricultores; entre las grandes explotaciones intensivas de Europa y las pequeños terruños; entre un horizonte de reducción presupuestaria y el reto de no dejar a los trabajadores y empresarios del campo desprotegidos.
Julia Klöckner, la ministra alemana de agricultura, que ha llevado el compás de las conversaciones al ejercer la presidencia semestral de la UE, ha hablado de “un cambio sistémico” en la rueda de prensa convocada esta madrugada, tras alcanzar el acuerdo. “Los asuntos del clima y el medio ambiente, el bienestar general y el incremento de rentas para los agricultores… Todos estos compromisos han de cumplirse”, ha expresado Klöckner. También ha enfatizado la importancia de “la arquitectura verde en la reforma” de la política agraria europea: “No podemos diluirla”.
La nueva PAC estará dotada con 387.000 millones (la principal partida presupuestaria de la UE) y uno de los principales escollos en las conversaciones han sido precisamente la cuantía y la obligatoriedad de los llamados ecoesquemas, un sistema de primas destinadas a financiar intervenciones que incidan en la transformación verde y respetuosa con el clima. Algunos países se resistían a que fueran obligatorios. Otros querían poder ir más allá. España reclamaba que solo se obligara a los Estados miembro a dedicar un porcentaje a estos ecoesquemas, pero fueran voluntarias para los agricultores.
La tensión entre lo que la ministra alemana ha llamado “la agricultura sostenible y la seguridad alimentaria que implica dar de comer a 450 millones de europeos” se ha solventado con el compromiso de dedicar el 20% de los pagos directos a estos ecoesquemas, junto a mecanismos que felixibilizan su aplicación, como dedicar parte de los fondos a otras intervenciones durante los dos primeros años de aplicación del nuevo programa. El ministro Planas ha destacado que, en cualquier caso, el 60% de los pagos directos serán destinados a la sostenibilidad de los productores.
“Hace apenas unas horas, teníamos opiniones muy divergentes”, ha comentado el comisario europeo de agricultura Janusz Wojciechowski. “El acuerdo es una buena noticia para nuestros agricultores”, los cuales necesitan seguridad y capacidad de planificar los próximos años, ha celebrado el polaco.
La reforma de la PAC, que ha contado con el apoyo en el Consejo de todos los países, salvo Lituania (voto en contra) y Rumanía, Bulgaria y Letonia (abstención), ha cruzado un pico duro y encrespado, pero aún no ha atravesado la cordillera. Ahora se adentra en un nuevo proceso en el Parlamento Europeo. Esta semana, la eurocámara tendrá que fijar su posición sobre la propuesta. Y a partir de ahí, arrancarán las conversaciones entre los diputados y los Gobiernos de los Veintisiete para tratar de llegar a un acuerdo definitivo.
El paso por el Parlamento no será un mero trámite. Estos días se debaten en el pleno 1.350 enmiendas. Y los partidos ya están haciendo oír su voz y marcando territorio. En una intervención durante el debate de este martes, el exministro español de Interior y eurodiputado popular Juan Ignacio Zoido pronunció su particular no pasarán del campo. “No vamos a tolerar un cambio radical como el que algunos proponen para un modelo tan exitoso como ha sido la PAC hasta ahora”. Los resultados de la votación, que se lleva a cabo desde ayer martes y a cuya complejidad de partida (por el contenido) se añade el engorro de unos debates y un recuento lentos en tiempos pandemia, se conocerán al final de esta semana.
En las negociaciones concluidas de madrugada en Luxemburgo también se ha logrado acordar la simplificación de los controles de las pequeñas explotaciones, de modo que quede reducida su carga administrativa. Y han quedado resueltos los problemas que generaban algunas de las condiciones obligatorias para acceder a las ayudas directas, como la relativa a la rotación de cultivos. Además se consagra un nuevo modelo de gestión: los países deberán elaborar planes nacionales con las medidas que prevean tomar para cumplir con los objetivos europeos y se irán evaluando los progresos con criterios armonizados para toda la UE.
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