Desde el combate al huachicoleo hasta la detención de Genaro García Luna, la lucha contra la corrupción que había penetrado las distintas esferas sociales marcó la pauta de la agenda pública durante 2019.
La lucha en contra de la corrupción, que había penetrado en las distintas esferas de la sociedad, fue el tema que marcó la pauta de la agenda pública durante 2019, coincidieron los periodistas Ana Lilia Pérez y Fabrizio Mejía durante su participación en la Mesa de Análisis de Aristegui en Vivo.
Uno de los primeros sucesos que sacudieron al país este año fue la estrategia en contra del huachicoleo implementada por el Gobierno Federal, para reducir la distribución de combustible a través de los ductos, y reducir así la extracción ilegal.
Este ilícito alcanzó un punto crítico, generando pérdidas multimillonarias al patrimonio de la nación, al mismo tiempo que generaba ganancias para grupos criminales, empresarios gasolineros y empleados de gobierno.
Ana Lilia Pérez destacó que, para crear una operatividad tan compleja como la que prevalece en estados como Puebla y Guanajuato, era indispensable que el crimen organizado operara desde las estructuras de Pemex.
“Son estructuras bien organizadas que eran parte de una economía formal que encubría al crimen organizado”, dijo la periodista, y destacó que, a pesar de la estrategia de combate a este ilícito implementada por el gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador, aún persiste una “resistencia” por parte de gobiernos estatales y municipales que se beneficiaron por años de encubrir el robo de combustible.
Para Mejía la lucha anticorrupción marca un rompimiento con una década en la que el uso del poder público se utilizaba para servir a intereses privados.
“Vimos que el neoliberalismo no podía funcionar sin corrupción”, declaró, y destacó la reacción solidaria de la población ante el desabasto de combustible como una manifestación de patriotismo, pero también de rechazo a la corrupción.
“Hay que pedir (al gobierno) transparencia, más profundidad en la lucha contra la corrupción, pero esto nos toca a los ciudadanos”.
Violencia de los cárteles
Otro de los temas fundamentales de la agenda del primer año de la nueva administración federal fue la violencia que desataron los cárteles del narcotráfico en contra de la población, que quedó en manifiesto durante el fallido operativo de captura de Ovidio Guzmán, en Culiacán, Sinaloa.
“Lo que hace evidente es el poder que alcanzaron las organizaciones criminales en México, producto de muchos años de encubrimiento oficial”, declaró Pérez, quien también reconoció como este hecho evidenció que gobierno no contaba con una operación suficientemente coordinada, y mostró descoordinación entre áreas de seguridad.
Para Mejía, el ‘Culiacanazo’ también hizo evidente un cambio en la narrativa gubernamental acerca del combate al crimen organizado, dando un vuelco al discurso de Felipe Calderón, que exaltaba la necesidad de una “lucha”, en la que estaba justificada la pérdida de vidas humanas inocentes, y las catalogaba como un “daño colateral”.
“Luego, con las declaraciones de (Joaquín) Guzmán Loera, y la detención de (Genaro) García Luna, la narrativa era totalmente distinta, es decir, había un Estado que, como siempre, desde Carlos Salinas, el Cártel del Golfo y García Abrego, era un Estado que protegía a uno de los cárteles, de tal manera que tenías sólo un 2 por ciento de detenidos del Cártel de Sinaloa”.
Detención de García Luna
Otro de los sucesos más relevantes de este año, y que posiblemente marcarán agenda durante 2020, fue la detención del exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, Genaro García Luna.
Pérez destacó los señalamientos recientes del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, sobre la posible implicación de funcionarios de la Ciudad de México, durante la administración de Miguel Ángel Mancera, en la triangulación de recursos hacia una empresa de García Luna.
La periodista sostuvo que este caso puede brindar una oportunidad para “desmontar muchos de los entramados de corrupción” que han penetrado al Estado mexicano, y consideró que las investigaciones deben llegar hasta el expresidente Calderón.
Mejía destacó cómo durante una década se dijo a la población que el Estado era el problema, y que la iniciativa privada era limpia y eficaz.
“Ahora, con las investigaciones sobre la corrupción descubrimos que el entramado de la mafiocracia abarca a bancos, a empresas fantasmas, a transferencias offshore, y que en realidad se trata de todo un sistema económico y político que se benefició con dinero público para sus intereses privados”.