La Comunidad de Madrid ha hecho un quiebro de última hora para no tener que aplicar la Ley Celaá en la selección de directores para el curso que viene. El derrape afecta a unos 400 docentes que aspiraban al puesto y que se quedan en el camino por una simple razón: deben tener terminado un curso que es condición necesaria para presentar su proyecto educativo ante un tribunal. Ese curso, sin embargo, no finaliza hasta finales de febrero o principios de marzo, es decir, cuando el plazo para presentarse a la convocatoria ya ha finalizado.
El Ejecutivo regional decidió sacar a concurso las plazas a finales de diciembre pasado, mucho antes que otros años, cuando tenían de margen hasta marzo o abril para presentarse. Este año, sin embargo, al adelantar el proceso el Gobierno regional se vio obligado a marcar en el calendario el 22 de enero como fecha límite para inscribirse y el 5 de febrero, para presentar el proyecto educativo. Un mes y medio de diferencia que lo ha trastocado todo. Con el curso obligatorio a medias y con la sensación de que prima la confrontación política con el Gobierno central, el 23% de los centros educativos públicos se han quedado por el momento sin saber quién los va a dirigir el próximo curso. O, peor aún, con la sensación de que los elegidos serán seleccionados a dedo.
El cambio en la ley, en realidad, tiene que ver con los números. Y esos números lo han cambiado todo. El tribunal del concurso de méritos de los aspirantes estaba compuesto hasta el momento -con la conocida Lomce- por tres miembros designados por la Administración y dos por el centro educativo. Una mayoría suficiente para que, en caso de desacuerdo en el jurado, la Consejería de Educación tuviera la última palabra. Con la nueva ley -conocida como la Lomloe-, el tribunal estará formado por dos miembros que pertenecen al claustro educativo del centro, dos al Consejo Escolar (al que pertenecen profesores, miembros de la asociación de padres, de la de alumnos o del Ayuntamiento del centro) y dos designados por la Administración. La pérdida de esa mayoría ha sido la clave, según denuncia CC OO, para que el Gobierno de Ayuso se diera prisa para no regirse por la ley Celaá, aprobada en el Senado el 23 de diciembre y que entró en vigor el pasado 19 de enero.
En el Boletín Oficial de Estado (BOE), de hecho, se especifica que el calendario de implantación de la ley para la selección de director en los centros públicos y para la admisión de alumnos se hará a partir de la fecha en que entra en vigor, es decir, desde ese 19 de enero. Además, también recoge que si esos procesos se han iniciado con anterioridad “se regirán por la normativa vigente en el momento de iniciarse”.
Justo eso es lo que ha pasado en Madrid, que argumenta el adelanto de las fechas de otra forma. “Los trámites del proceso de selección de directores no podían esperar a marzo, que es cuando termina el último curso de directores, porque no habría tiempo material para resolver la convocatoria”, ha explicado un portavoz de la Consejería de Educación. “Dadas las actuales circunstancias actuales de la pandemia y la carga de trabajo que supone para la Dirección General de Recursos Humanos, el haber realizado la convocatoria en el mes de marzo hubiera supuesto un tiempo escaso para su realización con todas las garantías, con el peligro de que, tal y como ocurrió el curso pasado tuviera que suspenderse”.
Precisamente, insisten en la Administración, “la suspensión del curso pasado ha provocado que este año haya el doble de centros que necesitan director, 295, con la evidente carga de trabajo que ello conlleva, puesto que la Dirección General de Recursos Humanos y las Direcciones de Área Territorial tienen que gestionar el doble de trabajo”. A esta tarea, añaden, hay que sumar la carga que ya tienen de por sí, por la contratación de docentes sustitutos y la oferta de empleo público histórica que ha sido publicado recientemente.
Los aspirantes a directores deben realizar ese curso necesario que se imparte en el Centro de Formación Las Acacias, que pertenece a la Comunidad de Madrid, para que puedan acreditar que están preparados para el puesto. También deberán aprobar un curso, llamado de actualización, aquellos directores que ya llevan dos años en el puesto.
Un director dirige un centro educativo durante cuatro años y, tras una evaluación positiva de la inspección, puede renovar su puesto hasta en dos ocasiones, es decir, puede ejercer hasta un máximo de 12 años. Este adelanto en la convocatoria ha afectado, por tanto, a docentes que aspiraban a dirigir un centro por primera vez y a los que debían realizar el curso de actualización. Según un cálculo de CC OO, hay cerca de 400 personas que estaban realizando los cursos que se han quedado a medias en el curso y ya no pueden presentarse. De los 1.286 centros públicos de Madrid, sin contar los de Formación Profesional y los de Educación Especial, están afectados 295. Es decir, el 23%.
“Es un verdadero despropósito y una desconsideración y desvalorización de la función directiva. Un nuevo ataque a la estabilidad de los centros públicos”, resume Isabel Galvín, representante de Educación de CC OO. “Se trataría de hacer compatibles los plazos para que los directivos que se están formando puedan acceder a los centros o puedan acceder a renovar las plazas que están ocupando actualmente. Y no atienden a razones. En vez de solucionar problemas, los crean. En vez de construir, destrozan”, añade Galvín. CC OO ha pedido a la Administración que permita a los docentes terminar el curso y acreditarlo con posterioridad. De hecho, les ha instado a los docentes y al centro de formación que mande una lista de todas las personas que se han inscrito este año.
Pero la Administración ya ha avisado de que no la va a aceptar. “Respecto a posibles cambios, la convocatoria del concurso de méritos para la selección de directores fue publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. En ellas se establecían tantos los requisitos de los aspirantes como los plazos, tanto de presentación de solicitudes que terminaba el 22 de enero como el de presentación de proyectos, el 5 de febrero. Se trata de una convocatoria oficial por lo que no cabe ninguna modificación de la misma”, ha explicado un portavoz de la Consejería de Educación.
Mientras, ya se han dado situaciones paradójicas de todo tipo, como la de un instituto de Tres Cantos. Su actual director se ha jubilado este curso y las personas que optaban al puesto se han quedado a medias en el curso y sin poder presentarse. La Comunidad de Madrid ha apuntado ya a un exdirector que deberá asumir el cargo, pese a que no estaba en sus planes.
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