A la Comunidad de Madrid solo le faltaba tener en contra a los centros de Educación Especial. Y ya lo ha conseguido. De los 26 centros de la región madrileña, 17 de ellos se han unido en una carta para pedir a la administración que tenga en cuenta que la situación sanitaria actual también les afecta a ellos y a sus alumnos y, por tanto, quieren acogerse a la misma facilidad que le han dado a los centros de infantil y primaria para modificar su horario y acogerse a la jornada continua. De esa manera, dicen, pueden mantener los grupos burbuja estable sin que se mezclen con otros en ningún momento del día y, por tanto, pueden garantizar la salud tanto del alumnado como de sus familias y de los trabajadores. Pero la administración regional, defensora a ultranza de la educación especial hasta el momento (y en contra de la inclusiva), se cierra en banda. Aduce que la normativa vigente no lo permite. Los centros replican: una situación extraordinaria como la actual merece una modificación extraordinaria.
Los directores de educación especial sienten que les marginan. “No pretendemos hacer de esto una norma general, solo mientras dure la situación actual”, explica una de las firmantes de la carta, Isabel Negueruela Cortés, al mando del colegio público Joan Miró, que pertenece tanto al distrito de Usera como al de Villaverde, dos de las zonas de la capital donde hay más incidencia del virus. La directora explica que en verano se pusieron a trabajar en función de los cuatro escenarios pautados por la administración para poder asegurar la seguridad de todos. Elaboraron un protocolo exhaustivo de limpieza en el que además establecieron que los trabajadores debían cambiarse de ropa cada vez que entraran al centro, establecieron aulas estancas y dividieron los grupos en diferentes aulas para la hora del comedor. “Hay que tener en cuenta que nuestros alumnos son especiales y la mayoría no puede llevar mascarilla o no entiende la situación que estamos viviendo. A otros hay que ayudarles a ir al baño o cambiarles pañales. Así que tenemos que tener un cuidado especial”, resume Negueruela.
El Joan Miró, uno de los más grandes de la capital, tiene matriculados 174 alumnos que están divididos en 30 clases, según su tipología. En un primer lugar, se encuentran los que tienen un trastorno espectro autista, cuya ratio oscila entre los tres y los cinco estudiantes por aula. Por otro, los alumnos con pluridiscapacidad (discapacidad intelectual más otra que puede ser motora o sensorial). Estos estudian en espacios de cuatro o seis alumnos. Y por último los que tienen una discapacidad intelectual pero no otras patologías asociadas. En este caso, la ratio oscila entre los seis y los ocho estudiantes por clase.
“Con el personal que tenemos y los horarios de comedor que tenemos que cumplir, hemos estudiado la situación y para garantizar la seguridad de todo el mundo necesitamos un horario continuo de 9.30 a 14.30, que es el que hemos estado siguiendo durante este septiembre”, explica la directora. Hasta ahora, el horario se extendía hasta las 16.00. Y el 1 de octubre la vida volverá a ser la misma que antes de la pandemia, pero en un momento en el corazón mismo de la pandemia. “Es una hora y media menos que para nosotros es vital para que todo marche bien. Si no, nos vemos completamente incapacitados para asegurar la seguridad de todo el mundo”.
Para poder mantener las medidas de seguridad, la directora explica que deben contar con todo el personal del centro. Es decir, tutores, técnicos educativos, especialistas en audición, fisioterapeutas o especialistas. La Consejería de Educación les ha concedido dos técnicos especialistas extra, aunque solo hasta diciembre. Por tanto con el personal y el espacio que cuentan, no pueden hacer dos turnos de comedor, como otros años. “Los alumnos no caben en los comedores a la vez, ni siquiera en esos turnos, respetando las distancias necesarias, ya que estaban bastante hacinados, de hecho, llevamos bastantes cursos exponiendo esta situación”. La solución que han encontrado: utilizar sus propias aulas.
Para superar este curso, el equipo directivo ha suprimido clases comunes y ha dejado un centro “minimalista” para que sea fácil de limpiar. “Queremos que a las tres de la tarde llegue el personal de limpieza y lo deje todo limpio hasta el día siguiente. Y no que tengamos que estar entrando y saliendo de las aulas mientras están allí, utilizando lejía y abriendo todas las ventanas. Para nosotros no es viable”.
La Consejería, sin embargo, no se plantea ceder ante la petición de estos centros. “No se contempla normativamente la posibilidad de solicitar dicho cambio de jornada partida a continua”, replica José Ignacio Martín Blasco, Director General Educación Infantil y Primaria, también a través de una carta. Les recuerda, además, que ha dotado de 600 euros por cada unidad escolar del centro “para mejorar y reforzar la higiene, limpieza y desinfección del comedor escolar y del centro en general”. También explica que ha habido adquisición de geles, guantes y mascarillas. “Además se han reforzado las plantillas de todos los centros con técnicos educativos para facilitar los apoyos en el aseo e higiene de los alumnos, atención en comedores, ayuda en rutas, vigilancia de patios. Y se han aplicado a todos los alumnos y profesionales destinados en el centro pruebas diagnósticas PCR para garantizar su salud, se han desdoblado las rutas de transporte escolar…”, termina la respuesta de Martín Blasco.
Todas esas cuestiones, Negueruela no las pone en duda. Es más, confirma que ha sido así. Pero no es suficiente para garantizar la seguridad de sus alumnos. Es más, los centros de educación especial no entienden el criterio por el que a los centros de infantil y primaria les permiten modificar sus horarios y a ellos no. Una queja a la que se ha sumado CC OO.
“La Consejería debe rectificar su dejadez con la Educación Especial. Debe incorporar a los centros el Plan de Vuelta segura porque inexplicablemente han quedado fuera”, denuncia Isabel Galvín, representante de Educación en Madrid de CC OO. “Necesitan bajada de ratio y crecimiento de plantilla de profesorado y los demás perfiles educativos que realizan su trabajo en estos centros”, explica.
“El compromiso con la Educación Especial se demuestra con hechos, no con declaraciones grandilocuentes y con discursos de oposición política a la Ministra Celaá”, ha rematado Galvín, en referencia al plan anunciado por el Gobierno el pasado enero que pretendía traspasar 35.000 alumnos con discapacidad a las aulas ordinarias. La Comunidad de Madrid se opuso de frente a la educación inclusiva que pretendía la ministra. Ahora, los centros de educación especial reclamen que tras esas palabras, el apoyo a sus centros sea de verdad.
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