La Comunidad de Madrid lanza un proyecto pionero en España: introducir el primer ciclo de Infantil en algunos colegios públicos de la región, donde se podrán matricular también a niños de 0 a 3 años. Por tanto, habrá centros públicos donde los padres podrán inscribir a sus hijos desde que son bebés hasta los 12 años, un modelo que hasta ahora solo existía en la red pública de la Comunidad Valenciana y de Cantabria, aunque con alumnos a partir de los dos años, nunca antes. El objetivo es crear más plazas gratuitas en esa franja de edad, acuciada como está la región madrileña por cumplir con los plazos impuestos por el Gobierno de España, que financiará esa ampliación con los fondos destinados por la Unión Europea exclusivamente para esa función. Hasta ahora ese servicio existía en la red concertada y privada y la comunidad educativa (padres y sindicatos) llevaba tiempo pidiendo más aulas gratuitas para el primer ciclo de infantil.
Los técnicos de la Administración han seleccionado 46 centros en la región, en 23 localidades y 12 distritos de la capital. 18 de esos centros estarán en la capital. Se trata de colegios que han cumplido los requisitos básicos por tamaño, espacio y por posibilidad de ser reformados de cara al próximo curso para acoger a los más pequeños. También habrá otros 16 en municipios del sur como Leganés (dos centros) o Getafe (otros dos).
El Gobierno madrileño recibirá dinero europeo en tres tandas. Este año ha ingresado 16.151.365 millones de euros y con eso deberá crear, hasta final de 2022, 1.753 nuevas plazas gratuitas. El año que viene percibirá otra inyección de dinero europeo de 26.627.502 millones, y tendrá que ampliar su oferta pública en otras 1.753 plazas. Un año más tarde, más dinero: 10.841.122 millones y el compromiso de otras 1.753 plazas. En total, 5.259 nuevas plazas públicas que se sumarán a las casi 41.000 ocupadas ahora por alumnos de 0 a 3 años en las escuelas infantiles de la red pública madrileña. Para alcanzar el objetivo, el Gobierno ha decidido utilizar dos fórmulas: primero, separar el segundo ciclo (3-6 años) de las escuelas infantiles, una decisión que se conoció hace tres de meses y que no ha gustado a los padres que habían decidido ese modelo para la educación de sus hijos ni a algunos expertos de la propia Administración; y, segundo, elegir colegios públicos que por sus características pudieran acoger en sus centros a los más pequeños.
La Consejería de Educación llevaba semanas planificando este proyecto, intentando cerrar los últimos flecos para que todo estuviera listo de cara a las fechas de escolarización, a partir del 21 de abril. Coral Báez, la directora del Área Territorial de Madrid, ha estado visitando colegios públicos de la capital junto a varios técnicos para determinar cuál de ellos podría llevar a cabo una reforma que habilitara los accesos para niños que llegarán con carritos. Necesitarán rampas y, además, los patios de los niños de 0-3 deberán estar separados y diferenciados y tendrán que contar con un aulario especial.
Cuando los directores recibieron la noticia, hubo opiniones para todos los gustos. No todos estaban dispuestos a embarcarse en un proyecto así, pues las escuelas infantiles y los colegios se rigen por normativas diferentes, un problema jurídico que la Comunidad de Madrid deberá afinar. Por ejemplo, no era lo mismo habilitar un espacio para los niños de 0-3 que se mantuviera a su propio personal y equipo directivo diferenciado que unificarlo todo en el mismo centro. Tras darles muchas vueltas, finalmente la dirección del nuevo colegio estará a cargo de una sola persona, aunque habrá una maestra que ejercerá de coordinadora para las aulas de los más pequeños, y habrá cinco educadoras para tres unidades nuevas (una para los bebés de 0 a 1 año, que contarán con una ratio de ocho; otra para los de 1 a 2 años, con 14 alumnos; y otra para los de 2 a 3 años, con 20 niños por aula). Las obras para ponerlo en marcha son ya inminentes, de hecho hay directores que este lunes recibieron la noticia de que empezaran a despejar las zonas que servirán para el primer ciclo de infantil. También, ha dicho Ossorio este martes, se van a crear cinco nuevas escuelas infantiles, aunque no ha especificado todavía dónde.
El objetivo de este programa del Ministerio de Educación consiste en la extensión del derecho de los niños a disponer de una plaza accesible, asequible, inclusiva y de alta calidad en el primer ciclo de Educación Infantil con la creación de nuevas plazas del Primer Ciclo de Educación Infantil de titularidad pública (prioritariamente de 1 y 2 años). “En su progresiva implantación, se deberá priorizar el acceso del alumnado en zonas con mayor incidencia de riesgo de pobreza o exclusión social y la extensión a áreas rurales”, explica un portavoz del ministerio.
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En lo que respecta a su financiación, el programa nacional dispone de un crédito de 200.790.000 millones y está prevista una cuantía de 331.026.898 millones para 2022 y de 134.774.300 millones para el ejercicio 2023. Para su distribución, se establecieron unos criterios objetivos que Madrid no compartía, y por lo que votó en contra. Se trataba de repartir el dinero en función del nivel de estudios de la población de entre 25 y 64 años de en cada comunidad autónoma (según los datos consolidados del año 2020); de las tasas netas de escolaridad en 0, 1 y 2 años complementarias hasta el 60%; de la dispersión de la población (según las cifras oficiales de población de los municipios españoles); y de la población de menores de 0 a 2 años.
Pese a que votó en contra, Madrid aceptó finalmente el dinero que le correspondía y con él, el reto de crear más plazas públicas para los más pequeños. Existe un amplio consenso nacional e internacional en la importancia de la participación en la educación infantil, siendo uno de predictores más importantes de la mejora de los resultados y el desempeño educativo futuro. En España, en los últimos 10 años ha habido un crecimiento de la tasa de escolarización de Educación Infantil (0-1-2 años), si bien ese crecimiento se ha producido de forma muy desigual, con diferencias sociales y territoriales.
Según datos del curso 2016-17, la proporción de centros exclusivos de Educación Infantil es similar entre centros públicos (4.456) y privados (4.495), pero en las zonas rurales el sistema público tiene un mayor peso que el privado, debido al retraimiento de la oferta privada. Esta situación lleva a que el servicio de Educación Infantil en las áreas rurales recaiga de manera importante sobre el sistema público.
Los colegios elegidos en una veintena de localidades
Los CEIP elegidos en este primer curso de implantación de la medida están ubicados en más de una veintena de localidades y distritos de la capital que coinciden alto crecimiento demográfico y demanda de plazas escolares. En concreto, se trata de Alcalá de Henares, Alcobendas, Alcorcón, Aranjuez, Brunete, Collado Villalba, Coslada, Fuenlabrada, Getafe, Humanes de Madrid, Leganés, Majadahonda, Móstoles, Parla, San Fernando de Henares, San Martín de la Vega, Pozuelo de Alarcón, Las Rozas de Madrid, Torrejón de Ardoz, Tres Cantos, Valdemoro y Villaviciosa de Odón. En el caso de Madrid capital, los centros elegidos se sitúan en los distritos de Carabanchel, Chamartín, Ciudad Lineal, Fuencarral-El Pardo, Hortaleza, Latina, Moncloa-Aravaca, Moratalaz, Puente de Vallecas, San Blas-Canillejas, Vicálvaro y Villa de Vallecas.
En el caso de Madrid capital, los centros elegidos se sitúan en los distritos de Carabanchel, Chamartín, Ciudad Lineal, Fuencarral-El Pardo, Hortaleza, Latina, Moncloa-Aravaca, Moratalaz, Puente de Vallecas, San Blas-Canillejas, Vicálvaro y Villa de Valleca.
Sin críticas aparentes, pero con matices
Nadie se pone en contra de que se creen más plazas en la red pública, pero todos se ponen en alerta. Carmen Morillas, presidenta de la FAPA Francisco Giner de los Rios, que aglutina a 900 asociaciones de padres, ve que es “una propuesta interesante, pero que requiere de una organización, inversión y compromiso muy importante”. Y precisamente eso, el compromiso en la Consejería de Educación, es lo que en su opinión “suele brillar por su ausencia”. Morillas se queja de que es “inaceptable” que decisiones tan importantes “no hayan sido participadas por la Comunidad Educativa”. “El Consejero de Educación [Enrique Ossorio] lleva desde verano de 2020 sin reunirse con la FAPA, representantes de las familias en la Comunidad de Madrid”, ha recordado. “No tenemos información sobre el supuesto proyecto, entendemos que se habrán realizado informes que avalen su puesta en marcha, pero todo lo que ahora mismo podemos decir son conjeturas”, ha dicho la presidenta de las familias, que teme que, muy a su pesar, y a falta de información y participación, el proyecto impulsado por Europa acabe siendo en Madrid utilizado como “una herramienta propagandística en precampaña”.
En la misma línea se mueve Isabel Galvín, de CC OO, que ve positivo que se creen plazas públicas de gestión directa, “algo que es lo que venimos, desde hace muchos años, proponiendo que se haga”. Ahora bien, Galvín afea a la Comunidad “la falta de trasparencia”, que en su opinión “se agudiza porque las obras en los centros seleccionados están, al parecer, adjudicadas al margen de los presupuestos. Van a ser financiadas directamente con los fondos europeos que ha transferido el gobierno de España a Madrid”. Lo que espera, añade, es que este proyecto trate de añadir un tipo de centro más a la oferta de centros públicos, pero nunca “en detrimento de la oferta existente en las escuelas infantiles públicas”. “La reconversión pasa por juntar en centros de primaria los dos ciclos de infantil. Esta opción hasta ahora no existía en la oferta pública, pero en los centros privados concertados sí”, ha recordado.
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