Nicolás Maduro ha enumerado este miércoles en cadena nacional cuáles son sus condiciones para iniciar un proceso de diálogo político con la oposición. “Levantamiento inmediato de todas sanciones y medidas coercitivas unilaterales; reconocimiento pleno de la Asamblea Nacional y los poderes del país y la devolución de cuentas bancarias a Petróleos de Venezuela y el Banco Central de Venezuela”, dijo Maduro.
El presidente venezolano se mostró de acuerdo con la mediación que ejercerá el Reino de Noruega en estos encuentros de trabajo con sus detractores, todavía en gestiones. “¿Quieren negociar?”, preguntó Maduro. “Pongo estos tres puntos. De ahí en adelante, estoy dispuesto a ir a donde quieran. Nos medimos el 21 de noviembre y que el pueblo decida”, agregó, en referencia a las elecciones para gobernadores y alcaldes previstas para ese día.
De manera muy poco usual, Maduro –como alguna vez, también, Hugo Chávez—dijo que ante una eventual derrota en las elecciones presidenciales de 2024 el chavismo entregaría el poder “y se iría a la calle.”
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Las afirmaciones de Maduro no han sido respondidas por la oposición, en cuyo seno se impone la cautela para evitar que un intercambio declarativo escale y arruine el ambiente previo a las jornadas de trabajo. Aunque los dirigentes están renuentes a declarar, nadie ha querido tomar estas afirmaciones como una circunstancia que plantee un obstáculo para el inicio de una negociación.
Juan Guaidó, que había ofrecido una rueda de prensa esa misma mañana, declaró que las negociaciones entre dirigentes chavistas y opositores debían comenzar “cuanto antes”. Guaidó dijo también que tenía alternativas pensadas en caso de que las conversaciones con el chavismo fracasaran. Muy poco después de lo afirmado por Maduro, Henrique Capriles había comentado en una entrevista en las redes sociales que “estos temas no se pueden ventilar por un micrófono”, y que el interés que debe primar es el avance de los esfuerzos por dialogar.
Hace dos días, la corriente opositora que acompaña a Henrique Capriles, la primera en iniciar una aproximación con Maduro, había publicado un comunicado en el cual declaraba su respaldo a las conversaciones políticas entre Maduro y la oposición representada por Juan Guaidó, -expresada en el gobierno interino y apoyada por los partidos democráticos más grandes. El pronunciamiento expresaba su reconocimiento al esfuerzo hecho “por nuestros compañeros”. El gesto unitario, muy inusual en este tiempo, fue recibido con entusiasmo por el activismo opositor.
El mensaje de Capriles atiende, en parte, una insistente demanda de algunos países que intermedian en el conflicto venezolano para que los mandos opositores se reconozcan entre sí. El replanteamiento de estrategias y la flexibilización de las posturas de Juan Guaidó respecto a lo sostenido en el pasado parece generar una pequeña tregua en un contexto donde han abundado las recriminaciones y el “te lo dije”.
Los países de la comunidad internacional que participan en estos acercamientos –muy especialmente Estados Unidos, y España, a nombre de Europa—pretenden que la compleja red de sanciones impuestas al estado chavista sirvan para promocionar acuerdos, susceptibles de ser modificadas o suprimidas en la misma medida en que Maduro se avenga al juego limpio y ofrezca garantías para la celebración de elecciones justas.
En el “Acuerdo para Salvar a Venezuela” presentado hace tres semanas, Juan Guaidó le propuso a Maduro la celebración adelantada de elecciones presidenciales y parlamentarias que relegitimen los poderes públicos y restauren la soberanía popular, y ofreció garantías políticas al chavismo en caso de su salida del poder.
La plana dirigente bolivariana sostiene que tal cosa es imposible, y propone a cambio la celebración de los comicios de gobernadores y alcaldes previstos constitucionalmente para este año. Las elecciones presidenciales, aún sin garantías para un acuerdo satisfactorio, quedarían para 2024, terminado el sexenio de Maduro. Tras estos argumentos se alinean los políticos para iniciar el diálogo.
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