Maixabel Lasa nos reveló su inteligencia y valentía hace un par de años en el magnífico documental de Jon Sistiaga, Zubiak, y ahora las realza la recién estrenada obra maestra de Icíar Bollaín.
Se entrevistó con los asesinos de su marido y, además de una entereza encomiable, demostró que se vence mejor convenciendo al adversario. Tras aquel programa de entrevistas entre víctimas y victimarios, promovido durante el mandato de Mercedes Gallizo al frente de Instituciones Penitenciarias, los etarras pasaron del simple arrepentimiento a la convicción de que la lucha armada había sido un horrendo y nefasto error.
Maixabel supo conllevar también la incomprensión inicial de amigos de su entorno y afrontar con inapelable dignidad los ataques de la derecha política, mediática y, tal vez los más hirientes, los de algunas personas de la Asociación de Víctimas del Terrorismo instigadas por dirigentes del PP. El mismo partido que nada más volver al Gobierno anegó el camino de la victoria democrática sobre el terrorismo para retomar el revanchismo vengativo —con la inquisitorial sentencia: ”¿Arrepentidos?… ¡Qué delaten!”—. Aunque para entonces ETA ya había anunciado el cese definitivo de la violencia.
Un final que se alcanzó, hace ahora 10 años, durante la última fase del gobierno Zapatero, quien a pesar de haber recibido de Rajoy la acusación más atronadora e injusta que se haya pronunciado jamás en el Congreso de los Diputados —la de haber “traicionado a los muertos”— no se permitió la más mínima veleidad para capitalizarlo con fines partidistas. Así puso en evidencia, una vez más, quién ha considerado siempre la lucha antiterrorista como una cuestión de Estado, y quienes, por el contrario, la han esgrimido como arma electoral desde al menos el asesinato de Tomás y Valiente; cuando Aznar desbarró contra Felipe González en plena manifestación de enero de 1996 de repulsa al terrorismo convocada por iniciativa de Comisiones Obreras.
No es una ucronía estéril imaginar lo que podría haberse avanzado en la normalización de las relaciones sociales en Euskadi, e incluso en el reequilibrio de su espectro electoral atenuando las opciones nacionalistas, si el PP, en la oposición o gobernando, hubiese sido leal a la unidad de los demócratas frente al terrorismo y consecuente con la aspiración de consolidar el proceso de paz, consensuando la gestión posterior de la convivencia. Paradójicamente, la contumacia del PP en seguir recurriendo al espantajo de ETA para deslegitimar al Gobierno de coalición lo que realmente difumina es la victoria del Estado de derecho español sobre la banda y alimenta el relato conmiserativo de su derrota que hacen las formaciones abertzales.
Aunque solo fuese por esta razón sigue siendo necesario emplazar al PP para que abandone la instrumentalización sin fundamento del terrorismo etarra; pero además porque aún sería posible lograr que, algún día, los homenajes y otros actos que siguen promoviéndose para glorificar a los presos terminen decayendo por falta de público, más que por las acciones gubernativas amparadas en la legalidad vigente; sin que estas deban descartarse llegado el caso. Este anhelo debería ser irrenunciable para cualquier demócrata.
Maixabel Lasa nos aportó también la forma más justa y decente de atender a las víctimas de todas las violencias. Durante el tiempo que dirigió la Oficina de Atención a las Víctimas, creada por el Gobierno vasco, trató por igual a cuantas personas y familias hubieren sufrido acciones terroristas, tanto si las habían perpetrado ETA o los GAL; porque no puede haber discriminación en el dolor en función de quienes lo hayan causado.
Su programa se basó en la atención personalizada, porque cada víctima es singular en sus circunstancias personales o familiares; y porque el dolor de cada cual no se puede delegar. En consecuencia, el respeto que se les debe ha de empezar por la comunicación directa con las instituciones para ser escuchadas y concretar las ayudas que procedan en cada caso, sin intermediaciones asociativas. Y es que otra lamentable paradoja a la que se han visto abocadas es la de su invisibilidad particular, mientras se potenciaba la proyección pública de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, y sobre todo la de las personas que se han ido sucediendo en sus cargos directivos a medida que iban pasando a ocupar distintos puestos en la Administración Pública o en diferentes instituciones parlamentarias, tras figurar en las candidaturas del PP principalmente.
Las legítimas preferencias políticas individuales no pueden valerse de la representatividad colectiva de las víctimas; puesto que la confusión con intereses partidistas ha podido inducir discriminaciones por razones ideológico-políticas, e incluso en relación con otras asociaciones como la de Víctimas del 11-M, precisamente la que alberga a quienes padecieron los atentados yihadistas de 2004 es la menos tenida en cuenta.
Tal vez haya que replantearse con toda franqueza este delicado plano de las relaciones institucionales con las víctimas del terrorismo. Reflexión en la que, por cierto, sería muy conveniente contar con la experiencia y el criterio de Maixabel Lasa.
Antonio Gutiérrez Vegara fue secretario general de Comisiones Obreras.
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