Una mujer pide la dimisión del presidente Ibrahim Boubacar Keita durante la manifestación de la oposición y colectivos de la sociedad civil celebrada el pasado día 11 en Bamako.STRINGER / ReutersLos principales partidos de oposición y colectivos de la sociedad civil malienses reunidos en el movimiento 5 de Junio-Agrupación de Fuerzas Patrióticas (5J-RFP) han rechazado el último intento de mediación de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (Cedeao) y han cerrado la puerta a todo diálogo con el presidente Ibrahim Boubacar Keita (IBK), lo que instala a este país africano en una explosiva situación de bloqueo político. El heterogéneo movimiento popular liderado por el imam Mahmud Dicko volvió a mostrar músculo este martes con una multitudinaria manifestación en la que pidió, de nuevo, la dimisión del jefe de Estado para salir de la crisis.“No sería lógico entrar en una lógica de conversaciones con Ibrahim Boubacar Keita mientras nuestros militantes sufren persecución y condenas expeditivas por parte de las fuerzas de represión del régimen”, aseguró este jueves mediante un comunicado el movimiento 5J-RFP. Los partidos de oposición y colectivos de la sociedad civil exigen que IBK pida disculpas por haber acusado a Dicko y sus aliados de intentar dar un golpe de Estado para imponer un Estado islámico en Malí, que todos los detenidos por las protestas sean liberados sin cargos, la identificación y procesamiento de los responsables de las muertes de manifestantes el 10, 11 y 12 de julio y la dimisión del presidente.La manifestación de este martes, que volvió a paralizar el centro de Bamako durante unas horas, concluyó con el intento por parte de un grupo de ciudadanos de instalarse con tiendas de campaña en la plaza de la Independencia hasta que IBK dejara el poder. Sin embargo, a primera hora del miércoles la Policía los desalojó usando gases lacrimógenos y un cañón de agua a presión. “Los militantes están a la expectativa, pero movilizados. Aguardan instrucciones y un nuevo calendario de protestas. Nada les va a disuadir”, asegura Cheick Soumano, un joven residente en Bamako.La parálisis política que sufre Malí desde las elecciones legislativas celebradas en marzo y abril amenaza con prolongarse y anuncia meses de movilizaciones callejeras. La atribución de escaños del Tribunal Constitucional, que modificaba los resultados proclamados por la comisión electoral independiente atribuyendo más diputados a la mayoría presidencial, fue la gota que colmó el vaso del hartazgo de miles de malienses que consideraron esta maniobra una nueva trapisonda política. Desde entonces, el país vive sacudido por un ciclo de protestas ciudadanas y violenta represión policial que hace un mes costaron la vida a 11 personas, según el Gobierno. La oposición eleva la cifra de fallecidos a 23 y la ONU habla de 14.Keita ha ido cediendo a las peticiones de los manifestantes a medida que el clima de convivencia se enrarecía: anunció la creación de un gobierno de unidad nacional, paralizó la actividad parlamentaria y disolvió el Tribunal Constitucional para nombrar nuevos miembros hace tan solo unos días. Sin embargo, las posturas de ambos bandos han chocado una y otra vez con la misma piedra. El movimiento 5J-RFP exige la dimisión del presidente IBK, a quien consideran el máximo responsable de un régimen corrupto que ha sido incapaz de lidiar con las dentelladas de la crisis económica y en materia de seguridad que sufre el país desde hace casi una década. El secuestro en marzo del líder de la oposición, Soumaila Cissé, por un grupo yihadista, aún no resuelto, es todo un símbolo.El último intento de mediación de los países vecinos, conducido por el expresidente nigeriano Goodluck Jonathan, no ha venido sino a mostrar la distancia que separa a ambos bandos. “Agradecemos a la Cedeao y a su interlocutor su interés, pero el pueblo maliense sabrá encontrar soluciones endógenas a la crisis creada y mantenida por Ibrahim Boubacar Keita”, asegura la oposición. IBK, presidente desde 2013, fue reelegido en 2018 para un nuevo mandato de cinco años lo que le otorga la legitimidad necesaria para mantenerse en el cargo, según la tesis del Gobierno, compartida por sus homólogos en la región.
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