La Superliga conocerá mañana el dictamen no vinculante del abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que no será vinculante para la cámara, que debe resolver definitivamente el caso, previsiblemente en la primavera de 2023.
Después de la vista de dos jornadas de audiencia celebrada en julio en la sede del tribunal en Luxemburgo, mañana se hará público el fallo del griego Athanasios Rantos, designado abogado general de un procedimiento que llegó al tribunal en abril de 2021. Este debe pronunciarse sobre si hay abuso de posición dominante de la UEFA y la FIFA al bloquear, con amenaza de sanciones, una competición alternativa que impulsan Real Madrid, Barcelona y Juventus.
La opinión de Rantos (Atenas, 1953), abogado general del TJUE desde septiembre de 2020, no será vinculante para el fallo final, pero sobre ella deliberarán después los quince jueces elegidos para formar la “Gran Cámara” que tiene la última palabra.
Cada juez podrá proponer cambios hasta adoptar una resolución definitiva, por mayoría, que se remitirá al tribunal que planteó la cuestión prejudicial, en este caso el Juzgado de lo Mercantil 17 de Madrid, que sí está obligado a resolver en la línea que marque el TJUE y al que acudió tras recibir una denuncia de los promotores del proyecto contra la UEFA y la FIFA.
Al margen de coincidir en la vista del pasado verano, las partes enfrentadas se sentaron en la misma mesa, a petición de la empresa A22 Sports que impulsa el proyecto, el 8 de noviembre en la sede de la UEFA, en un encuentro en el que participaron representantes de esta, de las ligas europeas, los clubes, los jugadores, los aficionados y la empresa que impulsa la competición, pero la distancia en las posturas sigue siendo grande.
La UEFA mantiene que el rechazo a la Superliga sigue siendo hoy abrumador y que “todo el fútbol europeo se opone a su codicioso plan”. LaLiga ha advertido del perjuicio económico que supondría la competición para la mayoría de los clubes españoles -a excepción de Real Madrid y Barcelona-, que perderían hasta el 55% de su ingresos.
En un informe elaborado en colaboración con KPMG, aclara que el valor de los clubes que no participasen sería de hasta un 64% menos, cifras que contrastarían con los 400 millones€ que generarían tanto blancos como azulgrana.
A22 mantiene que seguirá esforzándose para reformar el fútbol y en una reciente presentación en Madrid se esforzó por aclarar que será una competición “meritocrática, en la que no habrá plazas fijas y cada equipo tendrá el derecho a soñar y clasificarse”. Su director general, Bernd Reichart, dijo estar en contacto con clubes para explicar el modelo, porque “los clubes deben ser los que gestionen su propio destino”.
El proyecto de competición de la Superliga europea está en el TJUE desde abril de 2021, cuando el juzgado de lo Mercantil número 17 de Madrid recibió la denuncia de A22 Sports y European Super League Company contra la UEFA y la FIFA.
El juzgado pidió sin éxito a la corte europea que tramitara el caso por el procedimiento de urgencia y le planteó seis preguntas sobre una posible posición de abuso de la UEFA y la FIFA de acuerdo a los artículos 101 y 102 del Tratado de Funcionamiento de la UE (TFUE), al impedir otras competiciones fuera de su ámbito.
La reclamación incluyó la petición de medidas cautelares, que fueron estimadas inicialmente por el juzgado madrileño y la UEFA tuvo que paralizar los expedientes abiertos a los clubes implicados.
Estos fueron doce al principio, pero al poco renunciaron Arsenal, Milan, Chelsea, Atlético de Madrid, Inter de Milán, Liverpool, Manchester City, Manchester United y Tottenham Hotspur, en mitad de protestas de aficionados, sobre todo ingleses. Real Madrid, Barcelona y Juventus siguen adelante.
El juzgado, con una titular al frente distinta del juez que inició el procedimiento y que fue el que se dirigió al TJUE, levantó en abril de este año las medidas cautelares que impedían sanciones para estos tres clubes, pero la UEFA no ha adoptado ninguna medida.
Mañana, además del caso de la Superliga, el mismo abogado general del TJUE debe pronunciarse sobre un conflicto que se ha considerado como posible precedente a este y que partió de la denuncia de dos patinadores neerlandeses contra la Unión Internacional de Patinaje (UIP) por impedirles participar en una competición no organizada por ésta.