Algunos de los acusados de participar de los disturbios del 6 de enero, que enfrentan una pena de prisión y terribles consecuencias personales por asaltar el Capitolio de Estados Unidos, están tratando de sacar provecho de su participación, usándola como una plataforma para reunir dinero, promover iniciativas comerciales y mejorar los perfiles de las redes sociales.
Ronald Sandlin, un hombre de Nevada acusado de agredir a los oficiales cerca de las puertas de la galería del Senado, publicó en Facebook que estaba para vender imágenes de video de disturbios. Más tarde, en una llamada desde la cárcel, Sandlin le dijo a su madre que se había reunido con el autor y cineasta de derecha Dinesh D’Souza y que estaba en contacto con el locutor de podcast, Joe Rogan. También le pidió a su madre que contactara a los editores del libro que estaba escribiendo sobre el “incidente del Capitolio”, informaron los fiscales.
“Espero convertirlo en una película”, escribió Sandlin en un mensaje de texto de marzo de 2021. “Planeo que Leonardo DiCaprio me interprete”, escribió, agregando un emoji de cara sonriente.
Por otro lado, un manifestante del estado de Washington ayudó a su padre a vender ropa y otras mercancías con lemas como “Our House” e imágenes del edificio del Capitolio, mientras un hombre de Virginia lanzó un álbum de rap con canciones con temas de disturbios y una fotografía de portada de él sentado en un vehículo policial frente al Capitolio el 6 de enero de 2021.
Hombre se suicida luego de estrellar su auto contra el Capitolio
Esas acciones a veces complican las cosas para los acusados cuando se enfrentan a los jueces en la sentencia, ya que los fiscales señalan las actividades lucrativas en busca de castigos más severos. El Departamento de Justicia, en algunos casos, está tratando de recuperar el dinero que los manifestantes han ganado con la insurrección.
En un caso, las autoridades federales incautaron decenas de miles de dólares de un acusado que vendió sus imágenes del 6 de enero. En otro caso, el acuerdo de culpabilidad de un hombre de Florida le permite al gobierno de EEUU cobrar ganancias de cualquier libro que publique en los próximos cinco años. Además, los fiscales quieren que un hombre de Maine que recaudó más de $20,000 de sus simpatizantes entregue parte del dinero porque lo representa un defensor público financiado por los contribuyentes.
Muchos de los manifestantes han pagado un alto precio personal por sus acciones el 6 de enero. Al momento de la sentencia, los acusados a menudo piden indulgencia con el argumento de que ya han experimentado graves consecuencias por sus crímenes.
Perdieron trabajos o carreras enteras. Los matrimonios se desmoronaron. Amigos y parientes los evitaron o incluso los denunciaron al FBI. Los extraños les han enviado mensajes de odio y amenazas en línea. Y han acumulado costosas facturas legales para defenderse de cargos federales que van desde delitos menores hasta delitos graves.
Los sitios web y las plataformas de financiación colectiva creadas para recaudar donaciones para los acusados de disturbios en el Capitolio intentan presentarlos como patriotas maltratados o incluso como presos políticos.
Una médica antivacunas que se declaró culpable de ingresar ilegalmente al Capitolio fundó una organización sin fines de lucro que recaudó más de $430,000 para sus gastos legales. La apelación de recaudación de fondos del grupo de la doctora Simone Gold, America’s Frontline Doctors, no mencionó su declaración de culpabilidad, según los fiscales.
Antes de sentenciar a Gold a dos meses tras las rejas, el juez federal de distrito, Christopher Cooper, calificó de “indecoroso” que su organización sin fines de lucro invocara los disturbios del Capitolio para recaudar dinero que también pagara su salario. Los fiscales dijeron en documentos judiciales que “es increíble” que ella haya incurrido en cerca de $430,000 en costos legales por su caso de delito menor.
Otro de los participantes de la insurrección, dueño de un gimnasio de Nueva Jersey que golpeó a un oficial de policía durante el asedio, recaudó más de $30,000 en donaciones en línea para un “Fondo de ayuda para patriotas” para cubrir los pagos de su hipoteca y otras facturas mensuales. Los fiscales citaron al fondo al recomendar una multa para Scott Fairlamb, quien cumple una sentencia de prisión de más de tres años.
“Fairlamb no debería poder ‘capitalizar’ su participación en la violación del Capitolio de esta manera”, escribieron los abogados del Departamento de Justicia.
Robert Palmer, un hombre de Florida que atacó a los policías en el Capitolio, le pidió a un amigo que creara una campaña de financiación colectiva en línea para él después de que se declarara culpable. Luego de ver la campaña “Ayuda a Patriot Rob”, un oficial de libertad condicional que calculó una recomendación de sentencia para Palmer no le dio crédito por aceptar la responsabilidad por su conducta. Palmer admitió que una publicación de la campaña retrató falsamente su conducta el 6 de enero. La aceptación de la responsabilidad puede ayudar a reducir meses o incluso años de una sentencia.
“Cuando arrojaste el extintor y la tabla a los policías, ¿actuabas en defensa propia?”, preguntó la jueza federal de distrito Tanya Chutkan.
“No, señora, no lo estaba”, afirmó Palmer antes de que el juez lo sentenciara a más de cinco años de prisión.
El comité que investiga el asalto al Capitolio publicó el video de uno de los manifestantes tomando fotografías dentro del edificio federal antes del violento ataque. Para ver más de Telemundo, visita https://www.nbc.com/networks/telemundo
Un grupo que se hace llamar Patriot Freedom Project dice que ha recaudado más de $1 millón en contribuciones y pagado más de $665,000 en subvenciones y honorarios legales para las familias de los acusados de disturbios en el Capitolio.
En abril, una fundación con sede en Nueva Jersey asociada con el grupo presentó una solicitud de exención de impuestos al IRS. A principios de agosto, una base de datos del IRS no incluye a la fundación como una organización exenta de impuestos. La solicitud del IRS de la Fundación Hughes dice que sus fondos “principalmente” beneficiarán a las familias de los acusados el 6 de enero, con alrededor del 60% del dinero donado destinado a actividades de la fundación. El resto cubrirá los gastos de administración y recaudación de fondos, incluidos los salarios, agregó.
MANIFESTANTES HAN ENCONTRADO OTRAS FORMAS DE ENRIQUECERSE O PROMOCIONARSE
Jeremy Grace, quien fue sentenciado a tres semanas de prisión por ingresar al Capitolio, trató de lucrar con su participación ayudando a su padre a vender camisetas, gorras de béisbol, botellas de agua, calcomanías y otros artículos con frases como “Nuestra casa” y “Back the Blue” e imágenes del Capitolio, dijeron los fiscales.
Los fiscales dijeron que la “audacia” de Grace de vender parafernalia de “Back the Blue” es “especialmente inquietante” porque vio a otros alborotadores confrontar a los agentes de policía el 6 de enero. Sin embargo, un abogado defensor indicó que Grace no violó ninguna ley ni obtuvo ganancias ayudando a su padre a vender la mercancía.
Las autoridades federales incautaron más de $62,000 de una cuenta bancaria perteneciente al acusado de disturbios John Earle Sullivan, un hombre de Utah que ganó más de $90,000 vendiendo su video del 6 de enero a al menos seis compañías. El abogado de Sullivan argumentó que las autoridades no tenían derecho a confiscar el dinero.
Richard “Bigo” Barnett, un hombre de Arkansas fotografiado apoyando los pies sobre un escritorio en la oficina de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, demócrata por California, ha cobrado a los donantes $100 por fotos de él con los pies sobre un escritorio mientras estaba bajo arresto domiciliario.
El abogado defensor Joseph McBride expresó que los fiscales tienen “cero motivos” para evitar que Barnett recaude dinero para su defensa antes de la fecha del juicio en diciembre.
El Departamento de Justicia está investigando las acciones del expresidente Donald Trump que condujeron a los disturbios del 6 de enero en el Capitolio como parte de su investigación criminal de los esfuerzos para anular los resultados de las elecciones de 2020, dijo un funcionario de la administración familiarizado con la investigación. Para ver más de Telemundo, visita https://www.nbc.com/networks/telemundo
“A diferencia del gobierno, el señor Barnett no tiene al contribuyente estadounidense pagando la factura de su caso legal”, escribió McBride en un expediente judicial.
La agente de bienes raíces de Texas, Jennifer Leigh Ryan, promocionó su negocio en las redes sociales durante y después de los disturbios, alardeando de que se estaba “volviendo famosa”. En mensajes enviados después del 6 de enero, Ryan “contempló el negocio para el que necesitaba prepararse como resultado de la publicidad que recibió al unirse a la mafia en el Capitolio”, indicaron los fiscales en documentos judiciales.
Los fiscales citaron la actividad en las redes sociales de Treniss Evans III al recomendar una pena de prisión de dos meses para el hombre de Texas, quien bebió un trago de whisky en una sala de conferencias del Congreso el 6 de enero. Evans ha “explotado agresivamente” su presencia en el Capitolio para expandir su seguimiento en las redes sociales en Gettr, un sitio de redes sociales fundado por un exasesor de Trump, escribieron los fiscales antes de la sentencia de Evans, programada para el próximo martes.
Una disposición única en el acuerdo de culpabilidad de Adam Johnson permite que el gobierno de los EEUU obtenga ganancias de cualquier libro que publique durante los próximos cinco años. Las imágenes de Johnson posando para fotografías con el podio de Pelosi se volvieron virales después de los disturbios. Los fiscales dijeron que insistieron en la disposición después de enterarse de que Johnson tiene la intención de escribir una memoria “de algún tipo”.
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