Los municipios volvieron a reducir su deuda en 2020 pese a la pandemia. A cierre del año pasado, acumulaban un pasivo de 21.945 millones, la cifra más baja desde 2002 y un 5,5% menos con respecto al ejercicio anterior, según los datos publicados el miércoles por el Ministerio de Hacienda. Es más: la mitad de las corporaciones locales, entre ayuntamientos, diputaciones, cabildos y entidades menores, tenía la deuda a cero a finales del año pasado, y cerca de un tercio redujo su pasivo con respecto a 2019 a pesar del gran golpe causado por la crisis en la actividad económica.
Aunque los grandes ayuntamientos acumulan la deuda más elevada en términos absolutos —con Madrid y Barcelona a la cabeza, por lógicas cuestiones de tamaño—, son los pequeños municipios los que destacan por tener los pasivos más abultados por habitante, un ratio que ofrece una imagen más verídica de la salud de las cuentas públicas. Según los datos de Hacienda, el podio de los municipios más endeudados de España lo ocupan las mismas localidades que lideraron la lista el año pasado, aunque cambia su orden: Vallada (Valencia), Navajas (Castellón) y Moraleja de Enmedio (Madrid).
Vallada es la localidad con el pasivo por habitante más abultado y también el municipio que más ha engordado su deuda per capita en 2020 con respecto a 2019. Cada uno de sus vecinos debe 9.128 euros, frente a los 6.759 que adeudaba el año anterior: un incremento del 35%. Este municipio del interior de Valencia, con algo más de 3.000 habitantes, quiso crear hace años un mar interior que incluyera la construcción de un astillero, una escuela de vela y un hotel. Para ello compró 1,3 millones de metros cuadrados de terreno. El proyecto fracasó, así como el intento de reemplazarlo por un parque logístico. Lo que queda ahora es la herencia de un sueño frustrado, cristalizada en un montón de deuda que año tras año sigue asfixiando las cuentas municipales.
Con este espectacular incremento de la deuda, Vallada ha saltado del tercer lugar al primero, desplazando a Navajas de lo más alto de la lista. Este municipio de la provincia de Castellón, con tan solo 720 habitantes, ha pasado a ocupar la segunda posición tras encabezar el año pasado la clasificación de los pueblos más endeudados de España, con una deuda de 7.200 euros por habitante. A cierre de 2020, su pasivo per capita subió hasta los 8.192 euros.
El podio lo cierra el municipio madrileño de Moraleja de Enmedio, que el año pasado ocupaba la segunda posición. Su pasivo por habitante superaba los 6.900 millones a finales de 2020, ligeramente por debajo del importe adeudado el año anterior. Este pueblo de unos 5.000 habitantes, al igual que muchos otros en distintos puntos de la geografía española, ha sido víctima del pinchazo de la burbuja inmobiliaria y de la mala gestión del alcalde que gobernó la ciudad entre 1999 y 2005: Carlos Estrada, del PP, imputado en la Operación Púnica, fue defraudando a la Seguridad Social mientras seguía aprobando grandes obras millonarias.
Jaén, la gran ciudad más endeudada
Entre las grandes ciudades, vuelve a liderar la lista Jaén: cada uno de sus ciudadanos debía a finales de 2020 4.266 euros. Le sigue otra ciudad andaluza, Jerez de la Frontera (3.753 euros). El podio lo cierra Parla, con 3.089 per capita. Jaén es también el Ayuntamiento de más de 100.000 habitantes que más ha aumentado su deuda en términos absolutos: 225 millones. En el otro extremo está Reus, que la ha logrado reducir en 613 millones. Pero si se considera la lista en su conjunto, una vez más destacan las localidades más pequeñas: Vallada, Viniegra de Arriba (La Rioja) y Buciegas (Castilla-La Mancha) son las que más elevaron su pasivo el año pasado. Madrid, por su parte, rebajó su deuda un 14%, y Barcelona la aumentó ligeramente, un 0,8%.
A Ángel de la Fuente, investigador del CSIC en excedencia y director ejecutivo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), no le sorprende que las corporaciones locales en su conjunto hayan reducido su deuda en promedio durante el año de la pandemia. Los ayuntamientos llevan años saneando sus cuentas y ya habían cerrado 2019 con la deuda más baja en más de tres lustros. Este desenlace es el resultado de los duros ajustes que se impusieron hace casi una década, después de que Europa interviniera para rescatar el sector bancario español a raíz de la crisis financiera. La Ley de Estabilidad Presupuestaria que entró en vigor en 2012 supuso un punto de inflexión: implicó una barrera para que el gasto de las Administraciones no se disparara en tiempo de bonanza, con la fijación de unos objetivos de deuda y déficit y un tope máximo de gasto para las administraciones públicas.
Desde entonces, los alcaldes fueron reduciendo las deudas de sus municipios y acumulando superávit, atrapados por este corsé presupuestario y ayudados por un esquema de gastos e ingresos menos volátil que el de otras administraciones. Los tributos municipales, como el IBI, así como los gastos para servicios, como la iluminación o los residuos, son menos sensibles a los ciclos económicos. Desde el máximo de 2012, cuando la deuda municipal batió su récord con la friolera de 41.939 millones, el pasivo de las corporaciones locales se ha reducido en casi un 48%.
“Los ayuntamientos llevan muchos años acumulando superávit, no tienen problemas de financiación. Además, cuentan con ingresos menos cíclicos que otras administraciones, y límites al gasto que funcionan mejor que en las comunidades”, explica De la Fuente. A ello se suman las entregas a cuenta que brinda el sistema de financiación autonómico, que el año pasado no se actualizaron: Hacienda mantuvo los mismos importes que se calcularon antes del estallido de la crisis. El ministerio también señala que en la reducción de la deuda ha podido influir la disminución del gasto de inversión durante la pandemia, que en muchas ocasiones se financiaba con deuda a largo plazo.
Tras una dura pugna con el ministerio, los municipios también lograron usar sus remanentes de tesorería acumulados durante los años de superávit, en virtud de la suspensión de las reglas fiscales que el Gobierno decretó para poder abrir el grifo del gasto para hacer frente a la pandemia. Sin embargo, no se aprobó el fondo extraordinario de 5.000 millones que exigía la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
Todos estos elementos se reflejan en las estadísticas: 4.421 municipios de los 8.131 que hay en España tenían la deuda a cero a cierre de 2020, una cifra equivalente al 54% del total, frente al 38% de 2012. En cambio, solo 572 Ayuntamientos fueron a contracorriente, y aumentaron su pasivo con respecto a entonces.
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