El atleta italiano Marcell Jacobs, campeón olímpico en los 100 metros de Tokio 2020, fue víctima en 2021 de una trama de ciberespionaje que intentó robar sus datos privados y que ha saltado a luz en los últimos días en Italia.
Apenas 11 días después de que consiguiera el oro olímpico, una organización criminal intentó entrar en el teléfono de Marcell Jacobs con un virus troyano para hacerse con sus datos más personales, informaron este miércoles los medios locales.
No fue la única persona objeto de esta trama relacionada con el campeón olímpico, pues todo su equipo, incluyendo entrenador, representante y nutricionista, estaban en el punto de mira de los criminales.
Por ahora, pese a que existiera la intención de hacerse con sus datos, se desconoce si los implicados consiguieron el objetivo.
La trama, que explotó en los últimos días en Italia, consistía en el robo por parte de la mencionada organización delictiva de información confidencial de bancos de datos “estratégicos” de ciudadanos, políticos, periodistas o celebridades para después venderlos. Ya hay seis acusados.
“Se trata de una verdadera red de personas que, por una compensación económica, adquiría y vendía información sensible”, explicó el sábado en una rueda de prensa el fiscal jefe de Milán (norte), Marcello Viola, que ha dirigido las investigaciones.
El caso gira en torno a la agencia de investigación privada Equalize, propiedad de Enrico Pazzali, presidente de la fundación de la Feria de Milán y gestionada por el inspector de policía jubilado Carmine Gallo, ambos entre los acusados.
El dosier con toda la información privada sobre Jacobs habría sido encargado por un abogado de Padua (norte) aún no identificado a través de Gallo, que habría reclutado a dos ‘hackers’ expertos para obtener los datos privados del atleta y su entorno.
Se han tomado medidas cautelares con seis personas, que deberán responder de los delitos de asociación criminal, acceso ilegal a sistemas informáticos, corrupción y revelación de secretos.
Entre los implicados hay agentes de policía, algunos todavía en servicio, técnicos informáticos “altamente especializados” y ‘hackers’, según apuntó el fiscal Viola.
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