En un año de severas restricciones a la movilidad impuestas por la pandemia de covid-19, los flujos migratorios también se redujeron en el conjunto de Europa. Sobre todo porque la principal entrada de migrantes al continente se produce de forma regular y por avión. Pese a la llegada masiva de cayucos a Canarias en los últimos meses de 2020, y a falta de datos definitivos, en conjunto las entradas a Europa por los países del Mediterráneo (94.045) cayeron un 24% respecto a 2019, según cifras de Acnur, la agencia de la ONU para los refugiados, del 28 de diciembre. El descenso en las solicitudes de asilo en los países de la Unión Europea, Noruega y Suiza es aún mayor, un 31% hasta octubre, lastradas por los confinamientos parciales, las limitaciones en los desplazamientos y la puesta en marcha de otras medidas sanitarias. Frente a esta caída, diversos organismos alertan del deterioro de las condiciones de vida de los potenciales inmigrantes en los países de origen y tránsito.
Aunque los últimos datos publicados por la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO) solo recogen las solicitudes presentadas durante los diez primeros meses del año (381.015), cifras provisionales a las que ha tenido acceso EL PAÍS indican que hasta comienzos de diciembre, el número se elevaba a 403.595, acentuando la tendencia a la baja. En todo 2019 hubo cerca de 740.000 solitudes de asilo en Europa, ya entonces casi la mitad de las registradas en 2015 (1.393.920) y 2016 (1.292.740), años en los que la guerra civil en Siria o los conflictos en Oriente Próximo y el África subsahariana empujaron a sus ciudadanos a Europa.
En todo el mundo, unos 168 Estados cerraron total o parcialmente sus fronteras durante el primer pico de la pandemia en abril y unos 90 no hicieron ninguna excepción con los solicitantes de asilo, recuerda un portavoz de Acnur. “Muchos suspendieron el registro de solicitudes, lo que aumenta el riesgo de devolución y dificulta el acceso a la asistencia y los servicios esenciales, incluida la atención médica. Desde entonces, 111 países han encontrado soluciones para garantizar que su sistema de asilo esté total o parcialmente operativo”, añade la agencia a través de un correo electrónico. El organismo señala que más allá del impacto de la covid, el “creciente número de denuncias sobre presuntas devoluciones en caliente en algunos países europeos” —con los incidentes en Grecia y Croacia en el punto de mira— también puede “explicar el número reducido de solicitudes de asilo en Europa”.
“A medida que la pandemia ceda, los sistemas de asilo se restablecerán por completo, lo que aumentará el número de peticiones, especialmente si no se abordan las causas subyacentes de los desplazamientos”, señala Ilan Cohn, director de HIAS en Europa, una organización dedicada al apoyo de inmigrantes y refugiados en todo el mundo. “Es probable que los conflictos y el cambio climático en África y Oriente Próximo sigan desarraigando a las personas de sus hogares en cantidades sin precedentes”, vaticina.
Como en 2019, los conflictos en Siria y Afganistán, así como la crisis económica, política y social en Venezuela convirtieron a sus ciudadanos en los principales solicitantes de asilo en Europa. Según los datos provisionales de la EASO hasta la primera semana de diciembre, 47.284 sirios habían presentado una solicitud de asilo, seguidos de 42.222 afganos, 29.550 venezolanos y 28.360 colombianos.
Las solicitudes de ciudadanos procedentes de América Latina, que entran de manera regular a través de los aeropuertos y son mayoría en el caso de España, situaron en 2020 a este país como el primer receptor (84.264 peticiones hasta el 30 de noviembre). Con todo, en el dato final se espera una bajada en el número de peticiones con respecto a 2019 (117.463) debido a la severa limitación de las llegadas por esta vía al comienzo de la pandemia. En segundo lugar aparece Francia (78.783 solicitudes), seguido de Alemania (77.732) y en menor medida Grecia (36.695).
Llegadas irregulares
El número de cruces ilegales en las fronteras exteriores de Europa cayó un 8% durante los primeros 11 meses del año (116.840), según datos preliminares de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex), principalmente por el descenso en las llegadas por el Mediterráneo. La ruta de África Occidental, sin embargo, contabilizó un número récord de migrantes irregulares desde 2006. España, a tenor de los datos provisionales de Acnur, registró 41.094 entradas, un 28% más que un año antes, la mayoría por mar (39.563, un 53% más que en 2019), y hasta ocho veces más en el caso de Canarias (22.249). Gran parte de los inmigrantes llegados al archipiélago lo hicieron desde agosto, principalmente procedentes de Marruecos, Malí y Senegal.
También en Italia las llegadas experimentaron un aumento del 197%, con 32.919 entradas entre enero y la primera semana de diciembre, según las cifras de su Ministerio del Interior. De estas, más de 14.000 eran inmigrantes procedentes de Túnez, donde el impacto de la pandemia sobre el turismo ha provocado la pérdida de puestos de trabajo, empujando a muchos de sus ciudadanos a emigrar.
“Dado que muchas de las personas desplazadas más vulnerables dependen de la economía informal, fueron de las primeras en sufrir los impactos económicos del cierre”, afirma Ilan Cohn. “Muchos en busca de asilo se han quedado atrapados en los países de origen sin acceso a protección. Otros están varados en los de tránsito, sin comida, refugio, acceso a servicios esenciales o la posibilidad de regresar a casa”, añade. Sin ir más lejos, el pasado miércoles la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Acnur, Save the Children, Unicef, Médicos del Mundo y el Consejo Danés para los Refugiados reclamaban en un comunicado conjunto “soluciones inmediatas” para unos 900 migrantes, refugiados y solicitantes de asilo que se encontraban durmiendo al raso en Bosnia, expuestos a temperaturas bajo cero tras el cierre y posterior incendio del campo de Lipa, en el noroeste del país, una instalación que no ofrecía las condiciones adecuadas para el hospedaje durante el duro invierno bosnio. Según Frontex, hasta noviembre se detectaron casi 23.300 migrantes en la frontera de la UE con los países de los Balcanes Occidentales, más del doble del total de los primeros 11 meses de 2019. “La actual ausencia de consenso entre las autoridades y la retórica negativa amenaza con alimentar aún más la xenofobia y la estigmatización de los migrantes en Bosnia”, añade el escrito.
Este riesgo se ha visto exacerbado, de nuevo, con la pandemia. “Los solicitantes de asilo, y los migrantes en general, a veces han sido acusados de contribuir a la propagación de la enfermedad”, añade Cohn. Más allá de la covid, el sentimiento contrario a los inmigrantes también se genera entre la población local en los espacios en frontera. “En las islas griegas o las Canarias, donde se contienen a aquellos que han llegado con la idea de ser retornados lo antes posible”, explica Blanca Garcés, investigadora sénior del área de Migraciones del Cidob. “Aunque este es uno de los pilares de la política europea [también en la propuesta del Pacto de Migración y Asilo que se negocia en Bruselas], de momento es una ficción. La propia Comisión dice que solo un tercio de los que tienen orden de expulsión son finalmente retornados. Y entonces, en tanto que no son devueltos, se crean estos espacios de excepción, campos en los que se van hacinando y que se convierten en un polvorín. En términos de derechos humanos se vuelven agujeros negros y también acaban teniendo un impacto en la población local, lo que es susceptible de provocar derivas antimigración o de extrema derecha como hemos visto en Lesbos”, explica la experta.
Pese a la caída en casi todos los registros, la OIM volvía a alertar hace unos días sobre el número de muertos en ruta migratoria. El organismo contabiliza 3.000 personas fallecidas en 2020, de las cuales 1.774 habrían perdido la vida camino a Europa o dentro del continente. La crisis en Canarias se refleja también en los decesos. En todo el año hubo 593 muertos en ruta hacia las islas, frente a los 210 de los 12 meses anteriores o los 45 de 2018.
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