Mariana Sánchez, de 24 años, había hecho lo que solo una de cada 10 mujeres hacen en México: poner una denuncia, alertar a las autoridades. Llevaba cinco meses trabajando como médica en prácticas en un centro de salud público de una comunidad marginal en el Estado de Chiapas, Nueva Palestina (en la zona zapatista de Ocosingo). Y desde que la trasladaron a esta localidad en agosto del año pasado, Sánchez le había contado a su madre el infierno que vivía. Después de que una noche de noviembre un compañero borracho forzara su cuarto para abusar de ella, acudió a la policía y puso una demanda por acoso y abuso sexual. Este viernes apareció su cadáver ahorcado en una de las puertas de aquel dormitorio.
El caso de Mariana retrata el terror machista mil veces contado en este país. El primer golpe de las autoridades del Estado ante la evidencia del cadáver fue el recurrente: suicidio. “Muerte por asfixia secundaria por ahorcamiento. Sin signos de violencia ni agresión sexual”, señaló el primer informe del forense, que revisan estos días las autoridades. Pero detrás del cadáver de esta joven médica que había exigido un traslado meses anteriores, estaba no solo su historia contada a amigos y familiares, sino una carpeta de investigación por abuso sexual que nunca se tuvo en cuenta. Hasta ahora.
La Fiscalía de Chiapas no era la única institución que conocía de primera mano el terror que soportó Sánchez en Nueva Palestina. La joven también interpuso una queja en noviembre ante la Universidad Autónoma de Chiapas, responsable de su educación en los últimos meses prácticos de su carrera. Sus amigos y compañeros han denunciado en los medios locales la indiferencia de ambas instituciones y en una marcha con más de 300 personas en la localidad de San Cristóbal de las Casas, el núcleo urbano principal de la zona, denunciaban a gritos la indiferencia de las autoridades este fin de semana.
Este lunes, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, ha denunciado lo sucedido y ha pedido que se investigue el caso de Mariana con perspectiva de género, como exige el protocolo ante la muerte violenta de una mujer. La carpeta ha pasado a plantear la hipótesis de feminicidio una vez que las protestas han escalado al debate público nacional. “Creo que esta situación nos indica que todavía falta un camino largo en combatir y erradicar esta violencia”, ha remarcado Sánchez Cordero durante la conferencia de prensa matutina en la que sustituye al presidente, Andrés Manuel López Obrador, enfermo y en cuarentena por la covid-19 estos días.
En Chiapas fueron asesinadas el año pasado 70 mujeres: 29 reconocidas como feminicidios y 41 como homicidios, según las cifras estatales. Para ponerlo en perspectiva, en España —casi 10 veces su población— en ese mismo año fueron asesinadas en total 45 mujeres. Y ni siquiera el Estado de Chiapas es el más letal de México, a la cabeza están Morelos, Colima y Nuevo León (hasta agosto de 2020), según la tasa por habitante. Los altos índices de impunidad, con menos de un 10% de sentencias condenatorias en estos delitos, han colocado desde hace años a los crímenes machistas en el país a un asunto de seguridad nacional, aunque la tragedia no hace más que empeorar.
En México se estima que son asesinadas 10 mujeres al día, pero el baile de cifras locales y federales, además de la falta de un compromiso político real en la materia, hace que el diagnóstico de la violencia machista sea imposible de determinar. Mientras la semana pasada el Gobierno federal celebraba el descenso, mínimo, de homicidios totales en el país —en mitad de una pandemia sin precedentes y con tasas de violencia que superan a El Salvador o Colombia— la violencia machista se ensañaba sin tregua con la mitad de la población. En los primeros seis meses de 2020, México registró 1.844 homicidios dolosos de mujeres, 10 más que durante el mismo periodo del año anterior. Los feminicidios han aumentado cada año desde que el Instituto Nacional de Estadística empezó a contar hace más de tres décadas.
El crimen de Mariana recuerda de nuevo que los crímenes machistas sacuden al país con impunidad, independientemente de las guerras o treguas que dé la violencia del narcotráfico. Y también señalan la incapacidad de las instituciones para prevenir que sucedan, aunque en Estados como Chiapas se declare una Alerta de Género, con el presupuesto correspondiente, para decretar medidas en este asunto.
Mientras estos días la Fiscalía estatal revisa los puntos clave que omitió en el caso, voces como la de su amiga Paloma Camargo, ponen el dedo en la tragedia de miles de mujeres en el país: “No sé que es lo que realmente pasó, no sé si alguien le hizo daño o si fue ella quien decidió terminar con su vida cansada de tantas injusticias. Lo cierto es que nunca nadie atendió a su voz pidiendo ayuda”, escribió en su perfil de Facebook. Mariana Sánchez se atrevió a denunciar en un país donde casi nadie lo hace y dos meses después apareció muerta.
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