Francisco Martínez, número dos del Ministerio del Interior entre enero de 2013 y noviembre de 2016, intentó sin éxito evitar su imputación en el caso Kitchen, la causa abierta en la Audiencia Nacional por el espionaje ilegal al extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas. Para ello pidió ayuda a distintas personas, entre ellos cargos del PP y policías, conversaciones que aparecen en un informe que el departamento de Asuntos Internos de la Policía Nacional ha remitido al juzgado que lleva el caso. El documento recoge y analiza todos los whatsapps encontrados en el teléfono móvil incautado a Martínez en marzo pasado.
Kitchen fue una operación secreta, nunca comunicada al juez que instruía la causa ni a la unidad policial encargada de la investigación, que se pagó con fondos reservados según la documentación y los testimonios incorporados al sumario. Martínez está imputado en esta causa desde enero de 2020 y declaró el pasado jueves, diez meses después, ante el juez Manuel García Castellón.
El resumen de su declaración es que siempre pensó que la actuación de los policías que espiaron a Bárcenas era legal y que su jefe, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, conocía la operación. Pero los mensajes del teléfono móvil que aparecen en el informe de Asuntos Internos enviado al juzgado cuentan una historia algo distinta.
Quince meses antes de que conociera su imputación, cuando Martínez supo que había una pieza separada en el caso Villarejo sobre el operativo policial contra Bárcenas fue cuando mantuvo contactos con dirigentes del Partido Popular y con colaboradores próximos de su etapa en el ministerio, donde expresaba su preocupación por la investigación que se acababa de iniciar.
Martínez dice, según los mensajes que ha transcrito Asuntos Internos, que todos los trabajos policiales de espionaje a Bárcenas no son una idea suya, que no es ni siquiera afiliado del PP y que los papeles del ex-tesorero le importaban “una higa”.
Además, el antiguo número dos de Interior habla con un cargo policial, exjefe de gabinete del director general de la Policía Ignacio Cosidó y le pide que le diga al juez instructor que archive el procedimiento porque es “una mierda”.
Lo que sigue es una reconstrucción del caso Kitchen desde la posición del exsecretario de Estado Francisco Martínez a través de los mensajes que recoge este informe policial y que él fue enviando a dirigentes del PP y excompañeros del Ministerio del Interior a medida que evolucionaba la investigación hasta llegar a su imputación, decidida por el juez Manuel García Castellón en enero de 2020.
Octubre de 2018. Apertura de la pieza número 7: caso Kitchen. El comisario Villarejo fue detenido y encarcelado en noviembre de 2017. En la operación se hicieron numerosos registros de sus viviendas y las sedes de sus empresas. Casi un año después, los policías de Asuntos Internos remitieron un informe a la Audiencia Nacional sobre el caso Kitchen, dado que habían encontrado grabaciones y documentos que daban cuenta del espionaje a Luis Bárcenas y su familia.
Ese informe llegó a manos del magistrado Diego de Egea, que ayudaba entonces en el juzgado número 6 a Manuel García Castellón, incorporado unos meses antes al mismo tras pasar más de 10 años como juez de enlace en Francia y en Italia. Tras abrir una pieza separada, la número 7 —en estos momentos hay 28 causas distintas dentro del caso Tándem o caso Villarejo—, algunos medios de comunicación detallaron el operativo policial sospechoso sobre el que investigaba el juez. Fue entonces cuando Francisco Martínez empezó a inquietarse por su futuro.
Septiembre de 2018. “A Cospedal le da igual todo lo que habló con Villarejo”. Las grabaciones de Villarejo rodean al Partido Popular. Diez meses después del ingreso en prisión del comisario, algunos medios de comunicación empiezan a hacer públicas algunas grabaciones comprometedoras para la formación realizadas por Villarejo. Entre ellas, varias donde el policía comenta temas de corrupción con Ignacio López del Hierro, un empresario casado con María Dolores de Cospedal, secretaria general del PP hasta julio de 2018.
Francisco Martínez es entonces diputado nacional del PP. Lleva casi dos años fuera del Ministerio del Interior pero conoce el peligro que supone Villarejo y toda la información que ha acumulado durante sus años de trabajo en tareas de inteligencia en el Ministerio del Interior.
Martínez habla con un familiar por whatsapp y, según el informe de Asuntos Internos, escribe: “A Cospedal le da igual, todo lo que habló con él era por el bien del Estado”. Por aquellas fechas, Cospedal emite un comunicado: “Lo que está claro es que los temas de los que se habla están judicializados desde hace nueve años y esas conversaciones no cambiaron nada de lo que sucedió, ni por parte de Ignacio López del Hierro ni por mi parte, secretaria general del PP, partido que estaba en la oposición”.
En aquel momento todavía no ha trascendido la reunión que mantiene Cospedal con Villarejo en su despacho de la sede central del PP en la calle de Génova. Esa cita tuvo lugar a comienzos del verano de 2009. Villarejo acude acompañado por Ignacio López del Hierro, marido de Cospedal, y entran de incógnito por el garaje de la sede, El comisario, según se escucha en la grabación, revela algunos secretos de la investigación abierta unos meses antes contra dirigentes del PP por el caso Gürtel e incluso sostiene que determinados policías han intentado, sin éxito, ocultar alguna de las pruebas clave de toda la instrucción.
Tras conocerse esta grabación, en noviembre de 2018, Cospedal dimite de la Ejecutiva del PP y deja su escaño en el Congreso de los Diputados.
Noviembre de 2018. “No tienen nada de nada, es una descripción de la realidad y con errores”. Los policías de Asuntos Internos detallan en su informe que a mediados de noviembre, Francisco Martínez sigue comentando con un excolaborador las noticias sobre la extraña operación que investiga la Audiencia Nacional y, de momento, intenta quitarle importancia: “No tienen nada, es una descripción de la realidad con errores”, escribe.
Diciembre de 2018. “Otras conjeturas no tienen comentarios”. Aunque hace más de dos años que dejó la Secretaría de Estado de Seguridad, Martínez sigue preocupado por todo lo relacionado con la operación policial de espionaje a la familia de Bárcenas. Y aprovecha que hay sentencia firme sobre el incidente del falso cura que asaltó el domicilio de Bárcenas y maniató a punta de pistola a la mujer y al hijo del extesorero del PP para escribir a sus excompañeros un borrador de nota de prensa que debería salir sobre ese particular. En ese borrador, de cinco puntos, señala que dado que hay sentencia firme sobre el incidente “cualquier conjetura no merece comentario”. Y en el punto 4 aclara: “Si alguien tenía, en aquel momento, hace cinco años, información diferente a la que se incorporó durante el juicio tuvo que ponerla en conocimiento de las autoridades judiciales, del ministerio fiscal o del juzgado. Especialmente en el caso de funcionarios policiales. Si no lo hicieron, cometieron un delito”. Martínez reaccionaba así a informaciones que señalaban, sin ningún tipo de prueba, que Interior había pagado 10.000 euros al falso cura para que intentara hacerse con la documentación que escondía Bárcenas en su casa. Martínez señala en otro whatsapp que intentaría que ese borrador de nota de prensa lo difundiera el PP, aunque se resignaba: “No creo que quieran”.
Febrero de 2019. “Habla con Manolo [García Castellón] y que cierre esta mierda”. Francisco Martínez mantiene relación con un inspector de Policía, Pedro Agudo, que fue durante un periodo muy corto jefe de gabinete del director general de la Policía, Ignacio Cosido, durante el mandato del PP.
El policía tuvo que dejar ese cargo tras verse envuelto en un escándalo —su mujer regentaba una academia que formaba a opositores a policía— y fue destinado como agregado de Interior a Roma, donde coincidió unos años con el juez de enlace, en ese momento Manuel García Castellón, el mismo que desde enero de 2019 asume personalmente la investigación del caso Kitchen.
El policía Pedro Agudo presume ante Martínez de ser “muy amigo” del juez porque han estado “cinco años juntos” y le recuerda al exsecretario de Estado que también se lleva muy bien con el presidente de la Audiencia Nacional, Ramón Navarro. Martínez le pide al inspector de policía que le diga “a Manolo” que les eche una mano, que “los fiscales son muy talibanes”.
Pedro Agudo le tranquiliza y le dice que el juez García Castellón no va a imputar a aforados –entonces Martínez era todavía diputado nacional y, por tanto, solo podía ser juzgado en el Tribunal Supremo— y que como mucho les pedirá que declaren por escrito como testigos.
Unos días después, el 19 de febrero de 2019, Martínez insiste con el policía que supuestamente es amigo del juez: “Intento ir en las listas por el asunto judicial… Habla con Manolo para que cierre esa mierda”.
Manolo es el magistrado García Castellón, quien hizo todo lo contrario de lo que vaticinó el policía Pedro Agudo. El juez imputó en enero de 2020 a Francisco Martínez y, nueve meses después, al exministro Jorge Fernández Díaz.
En sus autos de imputación, el juez ha ido detallando las pruebas que la investigación ha recabado sobre un aparato de espionaje ilegal a la familia de Bárcenas montado desde Interior con la supuesta autorización y supervisión del secretario de Estado, Francisco Martínez, y del ministro Jorge Fernández.
Febrero de 2019. “Grande-Marlaska no tiene papeles”. El exsecretario de Estado de Seguridad habla con un coronel de la Guardia Civil y le pregunta sobre si cree que el ministro Fernando Grande-Marlaska hablará del caso Kitchen en su comparecencia en el Congreso de los Diputados. Martínez expresa su preocupación porque el Gobierno socialista utilice ese asunto ante la proximidad de las elecciones y aclara en su mensaje al coronel: “Aunque no tienen papeles”. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, tuvo que tramitar la desclasificación de información reservada de su departamento para poder continuar la investigación en la Audiencia Nacional.
Marzo de 2019. “Los papeles de Bárcenas me importaban una higa”. Francisco Martínez se mensajea con otra excolaboradora en el Ministerio del Interior y se muestra indignado, según el informe de Asuntos Internos, con el exministro Jorge Fernández Díaz, y con el exdirector general de la Policía Ignacio Cosidó por el caso Kitchen. Recuerda Martínez que quienes tenían interés en los papeles de Bárcenas y en su repercusión eran Cosidó y Fernández: “Yo no soy afiliado del PP y los papeles me importaban una higa”. Martínez se queja de que le dejen fuera de las listas electorales y mantengan al exministro y a Cosidó, que eran los que tenían interés en la Operación Kitchen y ahora, según recoge el informe de Asuntos Internos, “se ponen los dos de perfil”. El informe recoge distintos mensajes a Mariano Rajoy y al secretario general del PP, Teodoro García Egea, pidiéndoles que le hicieran hueco en las listas electorales, le daba igual las del Congreso, Senado o incluso en la Asamblea de Madrid.
“Todo es un montaje de Villarejo, que utiliza a los periodistas de siempre”
La investigación sobre una operación ilegal en el Ministerio del Interior perpetrada entre junio de 2013 y mediados de 2015 comienza más de tres años después. La Fiscalía Anticorrupción analiza unos documentos hallados en las distintas viviendas del comisario José Manuel Villarejo. En el departamento de Asuntos Internos de la Policía, esos documentos encajan en numerosas grabaciones como la última pieza de un puzle sorprendente. Si se cruzan los documentos hallados con las grabaciones que guardaba Villarejo sale una historia sorprendente: Interior pagó con fondos reservados a un confidente, que resultó ser el chófer de Bárcenas, a cambio de información sobre los movimientos de la familia y de dónde podría esconder el extesorero del PP información relevante para la causa judicial abierta por financiación ilegal del partido conservador.
Con todas las piezas ajustadas, los policías de Asuntos Internos remiten un primer informe de lo que más tarde se conocerá como caso Kitchen, la operación policial pagada con fondos reservados y que se hizo sin conocimiento del juez Pablo Ruz, que entonces instruía el llamado caso de los papeles de Bárcenas.
Un mes después de que Asuntos Internos remitiese su informe a la Audiencia Nacional, distintos medios comenzaron a publicar noticias de la apertura de una investigación dentro del caso Villarejo sobre la supuesta operación policial de espionaje ilegal a Bárcenas y a su familia.
Es noviembre de 2018 y es entonces cuando Francisco Martínez, secretario de Estado de Seguridad cuando se produjeron los hechos que ahora se investigan, empieza a comentar las noticias con sus amigos y excompañeros.
“Todo es un montaje de Villarejo, que usa a los de siempre Cerdán + Inda + Esteban + Montero”, escribe en uno de los mensajes transcritos en el informe elaborado ahora por Asuntos Internos y remitido a la Audiencia Nacional.
El comisario Villarejo, al que Martínez atribuye esas informaciones sobre la operación Kitchen, es un viejo conocido del exsecretario de Estado. De hecho, cuando el ministro Fernández Díaz le nombró secretario de Estado, una de sus primeras misiones, según contó Martínez a EL PAÍS, fue hablar con Villarejo.
Recién abierta la investigación del caso Kitchen, en noviembre de 2018, Francisco Martínez atribuye las publicaciones que hablan de la operación a un “montaje de Villarejo”, que para entonces lleva casi un año en la cárcel.
El comisario es una pieza clave en la Operación Kitchen porque, según ha destapado la investigación y él mismo ha confesado, se encarga de captar al confidente, el chófer de Bárcenas; de pagarle mensualmente 2.000 euros de los fondos reservados y de gestionar que se le adjudicase una plaza en la policía, cosa que finalmente ocurrió, aunque los dirigentes de Interior aseguran que obtuvo esa plaza sin trato de favor.
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