El Gobierno de Chihuahua respondió al citatorio emitido por la Fiscalía General de la República (FGR) contra la gobernadora María Eugenia Campos Galván y aseguró que la actuación de la autoridad federal constituye una violación a la Constitución y a la soberanía estatal.
En un comunicado, la administración estatal informó que la mandataria fue requerida para comparecer el próximo 27 de mayo en el marco de una carpeta de investigación relacionada con el operativo para desmantelar un presunto narcolaboratorio en Chihuahua y por la presencia de agentes estadounidenses durante dichas acciones.
“El Gobierno del Estado considera que la actuación de la Fiscalía General de la República es absolutamente violatoria de la Constitución y de la soberanía del Estado de Chihuahua”, señaló el posicionamiento oficial.
La administración estatal afirmó que la Constitución establece que los gobernadores cuentan con protección sobre el ejercicio de su cargo y “no pueden ser llamados a ningún procedimiento de naturaleza penal”.
La reacción ocurre luego de que agentes federales entregaran personalmente el citatorio a Maru Campos en el Palacio de Gobierno de Chihuahua. La mandataria recibió el documento acompañada por integrantes de su gabinete y asesores jurídicos, entre ellos el consejero jurídico José Carlos Rivera, el secretario general de Gobierno Santiago De la Peña y el abogado Roberto Gil Zuarth.
“Otra vez, aquí está el doble rasero de Morena. Lamento que Morena use las instituciones para molestar, para hacer esta persecución política contra una persona que está haciendo bien las cosas”, expresó la gobernadora tras recibir el requerimiento.
El gobierno estatal también vinculó la actuación de la FGR con un presunto trato diferenciado hacia otros funcionarios y gobernadores investigados por autoridades estadounidenses.
“Se trata de un evidente caso de persecución política, ordenado desde Palacio Nacional”, sostuvo el comunicado, al mencionar el caso del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y de otros funcionarios señalados en Estados Unidos por presuntos vínculos con el crimen organizado.