El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, tachó de inadmisible la resolución de la jueza de Morelos, Martha Eugenia Magaña López, la cual ordenó a la sede legislativa no iniciar la discusión del dictamen de reformas al Poder Judicial programada para este lunes.
La titular del Juzgado Quinto de Distrito en Morelos otorgó un amparo a trabajadores que impugnaron el dictamen de la reforma judicial que aprobó el lunes pasado la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados y que el pleno prevé votar la próxima semana.
Monreal añadió que también un juzgado de distrito de Chiapas ordenó no discutir el proyecto de reforma, enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Señaló que esta decisión por parte de ambos impartidores de justicia “es violatorio del principio de integridad e invasión del Poder Legislativo y una violación flagrante a la Constitución”.
“No hay duda de que la desesperación de algunos sectores que intentan conservar sus privilegios, pretendan también frenar esta histórica reforma en beneficio de la población”.
Asimismo el legislador morenista señaló que se ha intentado, de manera permanente, obstaculizar esta reforma electoral como una conducta cotidiana de sectores vinculados con el Poder Judicial.
Cámara de Diputados desacatará resolución de jueces
En esa misma línea, Monreal Ávila calificó de inaudito que los quejosos, es decir, quienes promovieron el amparo para impedir discutir la reforma judicial en el Poder Legislativo, fueron los mismos titulares de los juzgados de distrito.
“Esta mayoría legislativa categórica y enérgicamente determina que no se somete, ni se someterá a la jurisdicción de los juzgados que lo ordenen, porque no tienen competencia para ella, porque no se puede suspender el análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen” de al reforma judicial, apuntó.
Señaló que la representación popular es la que les ordena revisar la Constitución y atenderá la petición de la población en revisar la Constitución en materia judicial.
Apuntó que “es inadmisible” la intervención de “una persona ajena” al Poder Legislativo, porque implicaría “subordinar la voluntad del pueblo” reflejada en la victoria de las elecciones del pasado 2 de junio.
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