La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri Riancho, señaló que este jueves se discutirá en el el dictamen de la Ley de la Fiscalía General de la República, toda vez que ayer fuese enviado por la Comisión de Justicia para que se publicara en la Gaceta Parlamentaria.
También dijo que la Comisión sesionará durante el día para presentar el dictamen del paquete de reformas al Poder Judicial de la Federación y que pueda ser discutido en el pleno. Mencionó que si la sesión se prolonga, se turnará la presidencia con sus tres vicepresidentes con el objeto de garantizar la conducción adecuada de la asamblea.
Durante una entrevista con Aristegui en Vivo, la legisladora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), señaló que este miércoles se produjo una discusión sobre el respeto a los procedimientos parlamentarios, ya que los dictámenes deben pasar por las comisiones antes de ser discutidos y votados por el pleno.
En torno a la ley de la FGR, dijo que el dictamen que la Comisión de Justicia entregó a la Mesa Directiva el martes pasado no había sido aprobado por mayoría absoluta de sus integrantes, por lo que fue devuelto. En el caso de la minuta de las reformas al Poder Judicial Federal, fue turnada el martes a las comisiones de Justicia y Presupuesto; en el caso de esta última, para que definiera el costo de instrumentación de las reformas ya que es una obligación legal.
“Pero el día de ayer por la mañana se pretendió y la mayoría de Morena logró que se integraran en el orden del día estos dos asuntos de los cuales todavía no se disponía de dictamen para poderlo poner a consideración del pleno; por eso fue una larga discusión de procedimiento. En todos los años que tengo de actividad parlamentaria nunca me había tocado presenciar que se discutiera un orden del día que se presentara a la asamblea y esto no es más que un indicador de la relevancia que tienen estos asuntos”, puntualizó.
Advirtió que “la certeza del procedimiento legislativo es fundamental para dar certeza al resultado”.
Puso como ejemplo la Ley de Seguridad Interior que fue declarada inconstitucional en su totalidad por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ya que por un lado el Congreso no tenía facultad para legislar en materia de seguridad interior y por el otro, porque se violentaron los procedimientos parlamentarios, al tratarse de una iniciativa que llegó directamente al pleno. La Corte consideró que no había existido un ejercicio de deliberación y discusión necesario para que las distintas fuerzas políticas pudieran dar su voto a favor o en contra, precisó.
En torno al artículo transitorio de las reformas al Poder Judicial, que pretende ampliar dos años el mandato del presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, la legisladora adelantó que votara en contra si llega al pleno en los términos que fue aprobado por el Senado.
“Cuando se someta a votación, si subsiste el 13 transitorio en estos términos yo voy a votar en contra, y lo haré porque de acuerdo a lo que he visto a lo largo de mi vida política y a lo que conozco de la historia de mi tierra (Yucatán) sé que las prórrogas son inadmisibles”, enfatizó.
Comentó que en un artículo publicado en el Diario de Yucatán titulado ‘El veneno de las prórrogas’ puso dos ejemplos locales sobre dos intentos de prorrogas que no prosperaron. El primero en 1924 cuando se intentó ampliar la duración de la legislatura tras el asesinato del gobernador Felipe Carrillo Puerto y el segundo en 1986, con la iniciativa de un grupo de diputados para que el gobernador interino, Víctor Cervera Pacheco, prolongara su mandato por 18 meses más.
También se refirió a la decisión de la Suprema Corte de no prorrogar el mandato del gobernador de Baja California Jaime Bonilla, por lo que comentó que no entiende la razón de que se someta a Zaldívar y al Poder Judicial de la Federación a la presión de tener que decidir sobre la ampliación de su periodo como presidente.
Dijo que le parece innecesaria dicha ampliación, ya que al ministro Zaldívar le quedan todavía dos años en la presidencia y después de que concluya su periodo estará aún dos años más dentro de la SCJN. Reitero que le parece “veneno puro” el transitorio votado en el Senado que prorroga su mandato.
Recordó que el ministro Zaldívar, aún cuando fue postulado para el cargo por el presidente Felipe Calderón, resolvió en contra de sus intereses en el caso de la guardería ABC, lo que tradujo como un “deber de ingratitud”: “Arturo Zaldívar ahí demostró que sobre todas las cosas él estaba al servicio de la Constitución y de la ley; ese es el hombre al que yo veo que están sometiendo a una tensión que no merece”.
Consideró que, de acuerdo con la ortodoxia, el presidente Zaldívar no puede pronunciarse sobre la ampliación de su mandato, ya que llegado el caso tendría que revisar la acción de inconstitucionalidad presentada al respecto.
Sin embargo, dijo que le gustaría ver al ministro presidente expresar públicamente su inconformidad sobre esto, aunque ello significara que se excuse de resolver sobre la acción de inconstitucionalidad. La legisladora dijo que sería un “poderosísimo mensaje que restablecería en buena medida la confianza en el equilibrio de poderes qué es tan necesaria en estos momentos que vive el país”.
“Yo sé que el presidente de la Suprema Corte de Justicia tiene una gran simpatía, él así lo ha expresado, por el proyecto del presidente de la República y sé que ejerciendo su deber de ingratitud va a hacer una aportación valiosísima al proyecto del presidente, mucho más allá de prolongar su mandato por casi dos años cuestionados, con una corte lastimada y con un sentimiento general de supeditación del Poder Judicial al Ejecutivo federal que no es sano para la nación”, apuntó.
Dijo que el dilema al que se enfrenta el país es “fortalecer las instituciones o continuar con un proceso de erosión que no sé a dónde nos lleve”.
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