El decreto de alarma cuasi federal aprobado por el Gobierno para combatir la segunda ola de la covid, muy diferente de la respuesta inicial a la pandemia en marzo, ha desencadenado en las comunidades autónomas reacciones muy variopintas. Incluso contradictorias. Asturias, con una incidencia de casos inferior a la media, decretó su cierre perimetral, como Aragón, Euskadi, Navarra y La Rioja. La aplicación del toque de queda, la única medida obligatoria en todo el país hasta el 9 de noviembre salvo en Canarias, generó más incertidumbre: la mitad de las autonomías moduló la propuesta del Gobierno de que sea de 23.00 a 6.00.
El estado de alarma a la carta por el que el Gobierno ha optado ante la incontenible evolución del coronavirus, con hasta 700 fallecidos semanales, ha llevado a la cogobernanza a su máxima expresión. Pero al mismo tiempo ha provocado respuestas muy diferentes para frenar la enfermedad. Casi tantas como las 17 comunidades que existen. “Es la España que nos hemos dado”, resumía ayer un líder territorial tirando de ironía.
A diferencia de marzo, las comunidades disponen de una autonomía casi completa. Pueden modular hasta los horarios del toque de queda, obligatorio hasta el 9 de noviembre en todas salvo en Canarias. A partir de ese día su continuidad dependerá de cada presidente regional. También pueden decidir el grado de confinamiento: de toda la comunidad, de todos o parte de sus municipios… Hasta de barrios concretos. En resumen: los presidentes autonómicos son la autoridad competente delegada y pueden decidirlo prácticamente todo dentro de los márgenes del estado de alarma.
Tras una conferencia de presidentes que por una vez no dio un mal titular, el desconcierto se terminó imponiendo ayer conforme barones de diferente signo aprobaban o estudiaban medidas a cual más distintas. Con más de 52.000 casos nuevos desde el viernes, un nuevo récord en un fin de semana —un 37% más que en el mismo periodo de la semana anterior—, las prisas se impusieron.
El primero en disparar fue el presidente de Aragón, Javier Lambán (PSOE), que decretó el confinamiento perimetral de la comunidad con la tercera mayor incidencia (820 casos por 100.000 habitantes; 410 de media estatal) tras Navarra (1.102) y Melilla (1.060), a partir de la pasada medianoche hasta el 9 de noviembre. Desde el miércoles ya lo estaban las ciudades de Huesca, Zaragoza y Teruel. La comunidad foral y La Rioja fueron las primeras en ordenar su cierre la semana pasada.
A Aragón le siguió Asturias. Su presidente, el socialista Adrián Barbón, resolvió que el cierre del Principado entre en vigor a partir de esta medianoche. Como en Aragón, sus principales ciudades, Oviedo, Gijón y Avilés, ya llevan días confinadas tras triplicarse el número de contagios en un mes (330). Ya entrada la tarde, el lehendakari Iñigo Urkullu fue más allá. No solo anunció el cierre perimetral de Euskadi (490) desde hoy a las 6.00: también impedirá las entradas y salidas de todas las localidades vascas salvo por causas tasadas. De esta forma, los 5,5 millones de residentes en estas cinco comunidades, todas con presidentes socialistas excepto País Vasco (PNV), no podrán entrar ni salir de ellas salvo por motivos laborales, sanitarios y otras excepciones. Atravesarlas será posible si se viaja de paso.
El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, en la reunión telemática de la conferencia de presidentes. En vídeo, Barbón ordena el cierre perimetral de la Comunidad.
“No se puede confinar lo que no tiene fronteras”, zanjaba ayer un líder territorial escéptico con la efectividad del cierre de una comunidad. “Puedes cerrar un país, no una comunidad. Es imposible, no lo veo práctico”, apostillaba. Otro barón partidario del perimetraje reconocía que su efecto se incrementa si los territorios vecinos tienen las mismas restricciones. Euskadi limita con Navarra y La Rioja. Y estas dos con Aragón. “Aparte, no desdeñemos el mensaje psicológico que supone: se transmite que la situación es grave”, reflexionaba.
Las miradas de buena parte de los presidentes autonómicos consultados estaban puestas sobre Madrid ante la inminencia del puente de Todos los Santos. El Gobierno decretó un estado de alarma específico para la capital y otras ciudades madrileñas que impidió la salida masiva de madrileños dos días antes del puente del 12 de Octubre. Una opción que ya no depende de La Moncloa, sino de los territorios.
Mientras unos actuaban, otros amagaban. Y el caos, en vez de menguar, aumentaba. El presidente andaluz, Juan Manuel Moreno (PP) se dio hasta este miércoles para decidir si cambia el horario del toque de queda y cierra Andalucía y restringe la movilidad entre las ciudades andaluzas antes del inicio del próximo puente. Moreno lo hablará con los presidentes de las comunidades limítrofes. A finales de agosto, cuando Pedro Sánchez ofreció la posibilidad de solicitar la aplicación del estado de alarma en un territorio, en lo más alto de la cúspide del PP reaccionaron con escepticismo. “Pedir el estado de alarma sería como lanzarse a las rocas”, pensaban en Génova.
Una de las letanías que el Gobierno soportó en el anterior estado de alarma, antes de precipitar unas semanas la desescalada por la falta de apoyos parlamentarios, fue que la toma de decisiones se concentrara en el mando único. Las comunidades nunca perdieron la gestión de la sanidad o de las residencias. Pero tenían poco margen de maniobra para tomar decisiones. Justo al revés que ahora. El toque de queda es uno de los ejemplos más claros: Castilla y León y Cataluña son los territorios más madrugadores, con un confinamiento nocturno desde las 22.00. En cambio, en Asturias, Baleares, Cantabria, Comunidad Valenciana, Extremadura y Madrid empieza a medianoche. “La realidad rural no es la misma que la urbana. Hay que tenerlo en cuenta para adaptar el toque de queda”, recalca un presidente. Otro, en cambio, cree que retrasarlo a medianoche no tiene sentido.
Aun así, el armazón legal de un estado de alarma tan descentralizado no satisface a Cataluña. Quería confinamientos de fin de semana, el momento en el que hay más interrelación social. Fuentes del Gobierno confirman que el estado de alarma no ampara los confinamientos domiciliarios. Una posibilidad sería aplicar la ley orgánica de salud pública de 1986. Su artículo 3 establece que, con el fin de controlar las enfermedades transmisibles, la autoridad sanitaria, además de realizar las acciones preventivas generales, “podrá adoptar las medidas oportunas para el control de los enfermos, de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato, así como las que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible”. Si el Govern tomase esta decisión dependería de que lo ratifique el tribunal superior de justicia. Es decir, más caos. Más incertidumbre.
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