CHICAGO, Illinois – Un médico de Wisconsin compró dos edificios clínicos en el norte de Illinois donde planea ofrecer píldoras abortivas tan pronto como esta semana en un lugar y abortos quirúrgicos dentro de los seis meses en otra ubicación.
La medida se produjo después de que la Corte Suprema de los Estados Unidos anulara el derecho federal al aborto el mes pasado. Eso llevó a los proveedores de servicios de aborto en Wisconsin a detener los procedimientos mientras los tribunales determinan si se mantiene la ley estatal de 1849 que prohíbe la mayoría de los abortos.
El aborto sigue siendo legal en Illinois.
El Dr. Dennis Christensen indicó que es parte de un grupo que intenta revivir los servicios de aborto en Rockford, Illinois, en parte para acomodar a las mujeres de Wisconsin. Christensen es un obstetra y ginecólogo que ha practicado abortos en Madison y Milwaukee y ahora está mayormente jubilado, informó el Wisconsin State Journal.
Christensen compró recientemente una antigua oficina de acupuntura por $75,000 y la antigua Clínica de Emergencia Animal de Rockford por $350,000, según los registros del condado Winnebago.
Christensen dijo que planea ofrecer abortos con medicamentos en la antigua oficina de acupuntura tan pronto como el viernes. La recién formada Fundación de Planificación Familiar de Rockford está recaudando fondos y está preparando el segundo sitio para abortos quirúrgicos, control de la natalidad y atención médica relacionada.
“Sentimos que es absolutamente esencial para nosotros abrir lo más rápido posible”, sostuvo Jeanne Bissell, presidenta de la fundación.
La única excepción a la prohibición del aborto de Wisconsin implica un riesgo para la vida de la madre. El gobernador demócrata Tony Evers y el fiscal general Josh Kaul presentaron una demanda el mes pasado desafiando la ley anterior, argumentando que los estatutos de la década de 1980 reemplazan la prohibición y que ha estado inactiva durante tanto tiempo que debería ser inaplicable.
El gobierno de Estados Unidos dijo el lunes a los hospitales que “deben” prestar servicios de aborto si la vida de la madre está en peligro, afirmando que la ley federal sobre directrices de tratamiento de emergencia tiene preeminencia sobre las leyes estatales en las jurisdicciones que ahora prohíben la interrupción del embarazo sin ninguna excepción tras la decisión de la Corte Suprema de poner fin al derecho constitucional al aborto.
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