El estreno este lunes de Giorgia Meloni como primera ministra de Italia en la sala de prensa, días después de haberlo hecho en el Parlamento, dejó un aroma claro a ley y orden a través de varios decretos de seguridad y una posible modificación de la reforma de la justicia aprobada por su predecesor, Mario Draghi. Pero, sobre todo, un guiño claro a los antivacunas italianos a través de un decreto con el que rehabilita a 4.000 sanitarios que no se han vacunado y que podrán volver a trabajar dos meses antes de lo que preveía la norma que se lo impedía hasta ahora. Según la nueva presidenta del Consejo de Ministros, la cuestión de la pandemia de covid se ha enfocado en el pasado de manera ideológica y ahora, con un cuadro epidemiológico muy distinto al de hace unos meses y con una carencia clara de personal en los centros médicos, es necesario que esas 4.000 personas refuercen el sistema.
El Gobierno de Meloni aprobó anticipar el final de la obligación de vacunarse para todo el personal sanitario en el Consejo de Ministros, pero decidió mantener la imposición del uso de la mascarilla en centros sanitarios. Esa medida también estaba en discusión en los últimos días y parecía que iba a suprimirse también. Tras las críticas de médicos, científicos e incluso de parte de su entorno político, la jefa del Ejecutivo y su ministro de Sanidad, Orazio Schillaci, decidieron no tocar la fecha en la que expira dicha medida.
El titular de Sanidad, sin embargo, defendió el fin de la obligación de vacunarse para los sanitarios. “El cuadro epidemiológico ha cambiado. Y tenemos carencia de sanitarios, porque ha habido una programación equivocada en los últimos 10 años. Cada vez hay más médicos extracomunitarios y personal al que se paga por horas. La reincorporación de estos médicos sirve para luchar contra la carencia de personal”, señaló. “La importancia de las vacunas ha sido muy importante. Agradezco también a los médicos que se han prodigado contra la covid, pagándolo también con la vida”, quiso matizar ante las previsibles críticas que suscitará su decisión.
Meloni, además, escoltada también por su nuevo ministro del Interior, anunció la creación de un nuevo decreto para perseguir la celebración de las fiestas rave. La medida se ha tomado de forma urgente después de que este fin de semana unas 3.000 personas procedentes de toda Europa se dieran cita en una nave industrial abandonada de Módena. Una norma que, según Meloni, todos los países vecinos de Italia tienen ya y cuya ausencia hasta ahora en el país provoca que tantos aficionados a estas fiestas elijan el país transalpino como lugar para organizarlas. “El Estado no va a quedarse paralizado ante la violación reiterada de la legalidad. Queremos responder inmediatamente. Esta es una norma que prevé un nuevo delito: invasión de lugares para reuniones peligrosas para el orden o la salud pública”, apuntó Meloni antes de reconocer que primero se plantearon añadir un agravante a la ley actual, pero consideraron que era mejor crear una nueva.
El ministro del Interior, Matteo Piantedosi, insistió en que es un delito peligroso “para las personas que lo cometen, pero también para las fuerzas del orden”. Y explicó que la nueva ley prevé penas de cárcel de hasta seis años para los organizadores de este tipo de eventos (los participantes también afrontarán cuantiosas multas). La ley habla de concentraciones de más de 50 personas.
Lo curioso, que también resaltó un periodista durante la rueda de prensa, es que este fin de semana se produjo paralelamente una manifestación neofascista en Predappio, lugar donde está enterrado Benito Mussolini. Se cortaron calles y se proclamaron todo tipo de consignas anticonstitucionales, pero la policía no intervino ni el Gobierno se pronunció sobre ello. “Se hace desde hace mucho tiempo”, justificó incomprensiblemente el ministro del Interior. Meloni se limitó a decir que una cosa no tiene nada que ver con la otra. Además, volvió a tomar distancia de esa celebración: “Es algo lejano a mí”.
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