Memorándum es “políticamente magistral, pero jurídicamente reprobable”: Reyes Orona

El exconsejero electoral, Alfredo Figueroa, dijo que “es indefendible la idea de que una práctica como ésta (la emisión de memorandos) pueda ser considerada parte de la división de poderes o del Estado de Derecho en el país”.

El memorándum que emitió el presidente Andrés Manuel López Obrador para dejar sin efecto la Reforma Educativa, “políticamente es magistral, pero jurídicamente reprobable”, afirmó el exprocurador Fiscal de la Federación, Gabriel Reyes Orona. 

“Yo creo que lo que está haciendo es restituyendo al Congreso, porque él después de que concluye el periodo legislativo, él se queda con la pelota de aplicar una reforma que políticamente le pondría en las calles a la Coordinadora (Nacional de Trabajadores de la Educación), le pondría a los maestros en contra de su gobierno y se quedaría en el limbo en cuanto se convocara periodo extraordinario o hubiera un periodo ordinario”, expuso en #MesaDeAnálisis con la periodista Carmen Aristegui.

Por su parte, el ex consejero del Instituto Federal Electoral (IFE), Alfredo Figueroa, consideró que lo que está en juego no es devolver la pelota a la Cámara de Diputados, sino un ejercicio en donde independientemente de lo que resuelvan los demás poderes, el presidente manda una señal de “¿quién manda aquí?” y de “voy a hacer de todas maneras, independientemente de ese ejercicio legislativo, lo que considero pertinente”.

Reyes Orona comentó que el memorándum pone de manifiesto que hemos vivido una simulación, en la cual el PRI, el PAN y el PRD están atrapados en la red que ellos mismos tejieron.

“Me pregunto dónde estaban estos virulentos y preocupados c0nstitucionalistas cuando Felipe Calderón sacó el Ejército a las calles, cuando Enrique Peña Nieto violó el techo financiero de la deuda pública o cuando se hizo fracking este país en los últimos diez años, violando el artículo 27 constitucional, y dónde estaban cuando no se dieron cuenta que se nombraban ministros cuando las vacantes no se producían como señala la Constitución”, cuestionó.

Figueroa observó que los lineamientos que se le dan a tres secretarios de Estado (los de Gobernación, Educación y Hacienda) es una práctica que antes no se ponía por escrito.

Sin embargo, señaló que no se puede celebrar que se ponga por escrito una instrucción en donde expresamente un Presidente de la República o cualquier otro ente pida a sus subalternos no acatar la Constitución.

“Yo comparto varias cosas que pretende, el fin que persigue el memorándum, pero no se puede enmendar el presente aplastando al Congreso del país y estableciendo memorándums a la Constitución. La democracia no solamente son fines, son medios, son mecanismos que deben tutelarse para ir construyendo condiciones que le permitan a los distintos poderes intervenir en la toma de decisiones de un país”, anotó.

Consideró que “es indefendible la idea de que una práctica como ésta pueda ser considerada parte de la división de poderes o del Estado de Derecho en el país”.

En su opinión, es inadmisible lo que está haciendo López Obrador porque las prácticas autoritarias, como las que tienen que ver con ‘no se cumpla la Constitución porque el presidente lo instruye’, son parte de la historia de nuestro país.

“Eso tiene que ver exactamente con el núcleo autoritario contra el que muchas personas hemos peleado del lado de la historia”, dijo.

En ese contexto, Figueroa señaló que “independientemente de la provocación, la polémica, el presidente comete una equivocación“.

Por su parte, Wilbert Santiago Valdivieso, vocero de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), afirmó que el memorándum sólo da instrucciones pero no resuelve todas las demandas del magisterio.

Añadió que los integrantes de la CNTE están dispuestos a dialogar y trabajar el acuerdo, pero se necesita la voluntad política del gobierno federal para avanzar, porque la Secretaría de Educación Pública (SEP) “no acepta la condición de quitar los procesos de selección en el proyecto de decreto”.

Ante esto, solicitó el diálogo directo con el presidente López Obrador “para que conozca de manera certera lo que estamos proponiendo”.

No queremos control de plazas, no queremos control de nómina, lo que queremos es que atiendan todas las necesidades, porque lamentablemente un proceso de selección genera una discriminación hacia otros estudiantes u otros egresados por una disponibilidad económica que aparece desde la Secretaría de Hacienda”, apuntó.

Asimismo, pidió que se revisen y castiguen todos los actos de represión cometidos en la anterior administración, principalmente por el expresidente, Enrique Peña Nieto; el exsecretario de Educación, Aurelio Nuño; el exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y el exgobernador oaxaqueño, Gabino Cué.

Reyes Orona insistió en que el memorándum “constitucionalmente es impresentable, judicialmente improcesable, pero políticamente eficaz y eficiente”.

Como ciudadano es muy preocupante, porque esto no es bueno que pase, no debe de suceder, pero como ciudadano y como sociedad de lo que tenemos que darnos cuenta es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no va hacer absolutamente nada para que este memorándum quede sin eficacia, porque si aplican los criterios que han ido aplicándole a toda la sociedad civil en los últimos 5 o 10 años, no va a ser más que un sobreseimiento seguro”, anotó.

Reyes Orona y Figueroa coincidieron en que parte del origen del problema fue la vinculación entre la dimensión laboral y la educativa.

Sin embargo, el exconsejero electoral observó que independientemente de la reforma realizada en el sexenio de Peña Nieto, hay una desastrosa aplicación de la misma.

“Hay una desastrosa acción del gobierno, violando derechos a diestra y siniestra, pagando campañas millonarias, de miles de millones de pesos… El señor Nuño se encargó de criminalizar a maestras y maestros en el espacio público, de manera sistemática y violenta”, observó.

En su opinión, lo que necesita, la CNTE, los padres de familia, los niños y las niñas, es una respuesta del Estado mexicano.

“Necesitamos una discusión de Estado en relación a un tema que no se va a arreglar con memorándums”, subrayó.




Source link