Menos de la mitad de la población con graves carencias materiales percibe ayudas de emergencia social

En 2020, el año en que estalló la pandemia y una nueva crisis sacudió al país, 1,4 millones de personas recibieron una ayuda de emergencia social. Son cálculos de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, que ha utilizado los últimos datos oficiales y recabado información propia. El propósito de estas prestaciones que en su mayoría otorgan los ayuntamientos o corporaciones locales es atender situaciones de urgencia, necesidades tan elementales como comida, ropa o suministros básicos. Según el análisis de esta organización, no suponen ni la mitad (43%) de los 3,3 millones de personas que sufrían ese mismo año carencias materiales graves, un indicador que recoge a quienes tienen dificultades en al menos cuatro puntos de una lista de nueve (entre ellos, por ejemplo, no poder comer carne o pescado cada dos días o no poder mantener la vivienda a una temperatura adecuada). La asociación denuncia que hay municipios en que estas ayudas, pese a su urgencia, pueden tardar hasta dos meses en llegar, y pide un cambio normativo para agilizar el procedimiento.

En España hay diversas prestaciones de carácter público para quienes se han quedado sin recursos. La fundamental, la formada por el ingreso mínimo vital y las rentas mínimas de inserción. Son el último colchón de quienes no tienen otra alternativa y, hasta la aprobación del primero en 2020 (de gestión estatal) solo existían las segundas, competencia de las comunidades autónomas. Son prestaciones que se dan con carácter periódico. Pero, además, existen las ayudas de emergencia social, que otorgan los ayuntamientos y corporaciones locales (aunque en Castilla-La Mancha, por ejemplo, la concesión es autonómica) para atender situaciones de urgencia. “A quienes se quedan sin trabajo y no tienen derecho a subsidio, por lo que no pueden alimentar a sus hijos. O quienes, al llegar septiembre, no pueden afrontar los gastos de la vuelta al cole”, explica José Manuel Ramírez, presidente de la asociación.

“Son ayudas puntuales, aunque se pueden fraccionar en varios meses, se supone que hasta que llegue una situación más duradera, como el ingreso mínimo vital, y puedan mantenerse”, apunta Ramírez. Ambas prestaciones son compatibles. Juntas son el escudo con el que cuentan las administraciones para combatir la pobreza. El problema, según la asociación, es que son insuficientes. “Ya hemos denunciado muchas veces el entramado burocrático que dificulta a miles de familias que lo necesitan percibir el ingreso mínimo”, dice el presidente de esta organización, “no llega ni a la mitad de los 850.000 hogares que el Gobierno consideraba como potenciales perceptores”.

Pero, además, Ramírez resalta las carencias de las ayudas de emergencia social. “Hay grandes diferencias por territorios. En La Rioja, el número de perceptores es superior al de personas con dificultades materiales graves, y en Cataluña la cobertura es del 91%. En Galicia solo alcanzan al 2% de la población con privación material”, explica. Y añade: “Hay dos problemas graves: el primero, las cuantías, que son muy bajas. La media en España en 2020 fue de 235,1 euros por persona”. Aunque, según las cifras publicadas por el Ministerio de Derechos Sociales y recabados por la asociación en las seis autonomías para las que no había datos, hay mucha variación entre comunidades: de los 1.210,7 euros que recibe de media un perceptor en Castilla-La Mancha o los 1.132,1 de Galicia, a los 91,1 de Andalucía o 176,9 de Canarias. El segundo problema del que habla Ramírez es “la lentitud a la hora de adjudicar estas ayudas”. “Se debe al procedimiento que utilizan muchos ayuntamientos, donde son tramitadas como subvenciones”, sostiene.

No hay una normativa única para todo el país. El marco lo fijan las comunidades autónomas, que ostentan las competencias en servicios sociales, y las propias ordenanzas municipales. “Hay regiones como Aragón o Cataluña que han especificado que estas ayudas no pueden ser tratadas como subvenciones. Pero en otras no ocurre lo mismo”, expone Ramírez. Dentro de estas últimas, también hay margen para actuar: hay municipios que emplean fórmulas para agilizar los pasos y otros que se ciñen al procedimiento más estricto, esto implica que pueden ser necesarias “más de cuatro firmas para autorizar el pago, entran en juego el interventor y el tesorero”, es decir, que estas prestaciones “son tratadas como cualquier subvención, incluso millonaria, a una entidad”. Algo que ralentiza el proceso. Hay localidades donde en una semana puede estar lista la ayuda y en otras, la espera se alarga hasta dos meses.

“Debería depender exclusivamente de la prescripción del trabajador social. ¿Nos imaginamos que ocurriera igual con un médico que manda una prueba a un paciente?”, critica el presidente de la asociación. “No puede quedar en manos de la interpretación que se haga de la normativa”, apunta. Además de que las “trabas” a la hora de justificar estas ayudas son “dificultosas y humillantes”: hay “ayuntamientos que exigen una justificación tan rigurosa que limitan poder adquirir determinados productos porque consideran que no suplen necesidades básicas primarias. Por ejemplo, que una familia no pueda comprarle un refresco a su hijo en su cumpleaños con la ayuda de emergencia”. Por ello, pide un cambio en la ley de subvenciones. “Es urgente modificar el artículo dos, añadir un apartado para que estas ayudas queden exceptuadas de esa norma”, afirma.

Una de las medidas que el Gobierno ha incluido en su plan estatal de la garantía infantil, un programa europeo para luchar contra la exclusión social de los menores, atañe precisamente a las ayudas de emergencia. En el texto que el Ministerio de Derechos Sociales ha remitido ya a Bruselas antes de su aprobación definitiva, donde se recogen objetivos y planes de aquí a 2030, figura “la mejora de las ayudas de emergencia en calidad, cantidad, agilidad y gestión no estigmatizante”.

El Defensor del Pueblo también ha hablado de retrasos en intervenciones que son urgentes. En su informe de 2020, donde habla de la emergencia social que atravesó el país, afirma que “ha crecido el número de personas y familias en grave situación de vulnerabilidad económica que requieren el apoyo de los servicios sociales municipales y que, por diversos motivos, no reciben a tiempo la ayuda reclamada, siendo en muchos casos suplida su asistencia primaria por la actividad que desarrollan las asociaciones vecinales y colectivos sociales”. Y añade: “Una parte importante de las quejas tramitadas en esta materia han tenido como objetivo comprobar que los servicios sociales conocían y estaban atendiendo, dentro de sus competencias, la situación de gran necesidad expresada por los ciudadanos. Igualmente, han sido dirigidas a esclarecer las razones de los retrasos en la resolución de los expedientes de ayudas de emergencia”.

Ramírez afirma que los usuarios de servicios sociales han pasado de “más de seis millones y medio a más de ocho millones, fundamentalmente por problemas económicos”. En 2020, según datos del Instituto Nacional de Estadística, el 7% de la población sufría carencias materiales severas. Esos 3,3 millones de personas suponen un millón más que en 2019. Ramírez apunta que tanto ayuntamientos y corporaciones locales como el Ministerio de Derechos Sociales han incrementado sus presupuestos en la materia. Las entidades locales destinaron 335,7 millones de euros en 2020 a ayudas a personas que carecían de recursos básicos, según la asociación, y el departamento que dirige Ione Belarra repartió 100 millones de euros del plan concertado de servicios sociales en 2021. Pero, según la asociación, los procedimientos burocráticos restan eficacia a las ayudas.