Luego de que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, informó que ha presentado una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra del expresidente Enrique Peña Nieto por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita, los mexicanos tienen el derecho y la expectativa de “exigir un juicio impecable”.
Así lo señaló el doctor Diego García Ricci, coordinador de la Especialidad en Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de la Universidad Iberoamericana, en entrevista para Aristegui en Vivo, y precisó que, además de que la Fiscalía tiene que integrar una carpeta de investigación sólida, en caso de judicializarse, el Poder Judicial debe conceder al expresidente la facultad de defenderse adecuadamente.
Sin embargo, todo este proceso debe desahogarse con total transparencia, y no quedarse solamente en el ámbito mediático.
“Ojalá este caso realmente logré construir, no un juicio mediático sino un juicio público, que se vaya construyendo con total transparencia en el que se permitan deslindar responsabilidades de cada uno de sus integrantes”, sostuvo.
Daniel Lizárraga, periodista de investigación y editor de El Faro, consideró que una vez interpuesta la denuncia por la UIF contra Peña Nieto, “la democracia mexicana tiene que dar una prueba de su solidez” para generar un proceso judicial sólido.
Advirtió que una vez que la administración de Andrés Manuel López Obrador decidió “poner en la picota a un expresidente” será imposible detener las consecuencias políticas que puedan derivarse.
También sostuvo que, al interponer la denuncia judicial, México se mete en la ruta de otros países latinoamericanos como El Salvador, Panamá y Guatemala, de emprender acciones legales contra un expresidente.
Por su parte, el periodista y escritor, Francisco Cruz, advirtió que, tras las revelaciones hechas el jueves durante la conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, lanzó “un misil que apunta hacia dos lados”.
Explicó que, si la investigación de la Fiscalía General de la República no encuentra elementos para presentar una denuncia y solicitar una orden de aprehensión en contra del expresidente, afectará a Morena y al presidente Andrés Manuel López Obrador.
En contraste, si la FGR logra judicializar el caso, afectará al PRI en el Estado de México en las elecciones de 2023.
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