México: 2022, el año más letal para defensores ambientales

México: 2022, el año más letal para defensores ambientales

El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) publicó su informe  anual sobre la situación de las personas y comunidades defensoras de los derechos humanos ambientales en México y afirman que durante 2022, se registraron al menos, 197 eventos de agresión en los que se atentó contra la vida, la integridad personal, las formas de vida, los bienes, así como la tierra y territorio de personas y comunidades defensoras en el país. 

Gustavo Alanís, Director Ejecutivo de CEMDA explicó en Aristegui en Vivo que 2022 fue el año más violento para la defensa del patrimonio natural en México desde el 2014.

En 2022 se registraron 82.4% más agresiones en 2022 que en 2021, de las cuáles las más comúnes son: intimidación en 25% de los casos, hostigamiento en un 20%,  amenazas en 11%, explica Alanís. Respecto las agresiones físicas se encuentran presentes en 10.5% de los casos, mientras que los homicidios llegan al 4%.

Foto: Cuartoscuro

Así mismo, se registro que el 56% de los de las agresiones son en contra de pueblos indígenas y personas que que pertenecen a estas comunidades.

El CEMDA ha registrado 82 asesinatos de defensores ambientales desde el inicio de este sexenio, de los cuáles 24 sucedieron en 2022.

Respecto de las entidades federativas dónde se cometieron las agresiones Guerrero registra el mayor número de agresiones letales con, al menos, 7 personas defensoras víctimas. Eventos de agresión dentro de los cuales, en 3 casos se contó con elementos para presumir la comisión de probables ejecuciones extrajudiciales.

Chihuahua, Oaxaca y Puebla se ubican en segundo lugar con 3 casos de agresiones letales registrados en cada entidad. Es importante señalar que, en Puebla, la totalidad de registros se identificaron como probables ejecuciones extrajudiciales, mientras que en Oaxaca se registró 1 evento de dicha categoría.

Foto: Cuartoscuro

Alanís explica que la minería es el sector más peligroso para los defensores ambientales con 39 eventos de agresión. En segundo lugar se encuentra la lucha por Biodiversidad con 38 eventos de agresión registrados. En este sector se encuentran identificadas 6 de las 7 probables ejecuciones extrajudiciales documentadas, sumadas a 4 homicidios. Esto lo ubica como el sector más letal del 2022.

El CEMDA denuncia que el 45% de las agresiones provienen de agentes del Estado, provienen de autoridades en los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal), fiscalías estatales y federal, cuerpos militares con tareas de seguridad pública como Guardia Nacional (GN), Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), así como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Mientras que la delincuencia organizada se encuentra en tercer lugar y solo representa el 13% del total de los eventos de agresión perpetrados.

Foto: Cuartoscuro

Así mismo, Gustavo Alanís afirma que la impunidad en casos de agresiones y homicidios a los defensores ambientales es casi del cien por ciento.

No se investiga, no se castiga, nadie está en la cárcel, nadie está respondiendo ante la justicia.

El CEMDA considera que se debe seguir exigiendo a quienes tienen la responsabilidad de generar un entorno seguro para quienes ejercen la labor de defensa de la naturaleza. Por ello reiteran las siguientes recomendaciones a todos los ámbitos de gobierno.

1. Iniciar a la brevedad los trabajos en torno a la implementación efectiva del Acuerdo de Escazú, para garantizar un entorno seguro para las personas y comunidades defensoras del medio ambiente, la tierra y el territorio.

2. Cesar de manera inmediata la estigmatización hacia personas y comunidades defensoras del medio ambiente, tierra y territorio.

3. Reconocer públicamente y desde el más alto nivel la labor realizada por las personas y comunidades defensoras del medio ambiente, tierra y territorio, y pronunciarse públicamente en contra de los ataques que ellas reciben.

4. Desarrollar, implementar y supervisar una adecuada y efectiva política pública integral para la protección de las personas y comunidades defensoras ambientales, de la tierra y el territorio.


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