Entregar 176 millones de libros de texto en 45 días. Ese es el reto que enfrenta la Secretaría de Educación Pública (SEP) de México y que debe cumplir antes del inicio de cursos el próximo 26 de agosto. Los materiales didácticos beneficiarán a 25,7 millones de alumnos y a 1,4 millones de docentes en 186.000 escuelas. Las autoridades han descartado las dudas sobre la capacidad del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que ha iniciado su sexenio el pasado 1 de diciembre, de solventar esta apoteósica tarea y aseguran que 150 millones de libros llegarán a los 32 Estados del país durante el mes de julio y que el reparto se terminará en agosto. “Habrá libros en tiempo y forma”, afirma Antonio Meza, director de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito (Conaliteg).
La Conaliteg asegura que ha logrado sobreponerse a un atraso de tres meses en comparación con los tiempos habituales. Los libros se comisionan, normalmente, en enero, pero esta vez el proceso se recorrió hasta abril. La demora se debió en parte por el cambio de Gobierno y la necesidad de consolidar las compras de insumos y las licitaciones con los proveedores. “Ha habido muchas afirmaciones peregrinas”, señala Meza, un experimentado funcionario que ya ocupó el cargo entre 1994 y 1999, en el Gobierno de Ernesto Zedillo. “En esta Administración se han pisado muchos callos hablando en términos económicos, personas que se llevaban licitaciones previamente asignadas o directamente sin licitación, ellos son básicamente los que están molestos”, asegura.
La Conaliteg ha buscado el apoyo de las Fuerzas Armadas y de otras dependencias gubernamentales, que han colaborado para llevar los materiales a las zonas del país a las que es más difícil llegar. Y alrededor de 600 trabajadores trabajan a marchas forzadas para lograr el reparto desde los dos centros de distribución de Querétaro —que atiende a la zona norte del territorio— y de Tlalnepantla —que sirve al centro y sur del país—. Desde ahí, los libros se empaquetan, se envían a cada uno de los 367 centros regionales y llegan igual a las sinuosas carreteras de Sinaloa que a las montañas de Guerrero o a la populosa capital.
La SEP debe garantizar el abasto de libros de forma gratuita a todos los alumnos de preescolar, primaria, secundaria, telesecundaria y telebachillerato, así como a escuelas de tiempo completo y centros de convivencia escolar. Tiene además publicaciones en sistema braille y en tamaño aumentado para que personas con debilidad visual e invidentes puedan tener acceso a la educación.
Pero quizás el ejemplo más claro de la complejidad de cumplir con esta tarea es la obligación de garantizar materiales en cada una de las lenguas nacionales del país. Se publican materiales en más de 60 idiomas y 120 variantes. Los tirajes pueden ser tan variados como los 300.000 ejemplares que se imprimen en náhuatl, la lengua indígena más hablada a la fecha, o los poco más de 1.000 que se producen en idioma popoloca, asentados los Estados de Puebla y Oaxaca.
En un país de más de 120 millones de habitantes y casi dos millones de kilómetros cuadrados de superficie, montañas de libros se alistan para llegar en el curso 2019-2020. “Es una carrera contra el tiempo”, afirma Meza.Tan solo en julio, el Gobierno mexicano enviará hasta cuatro millones de ejemplares diarios y espera producir 32 millones de libros adicionales antes de que termine 2019 para preparar el suministro de los próximos dos años.
De las urnas a la escuela de sus hijos
Las autoridades estudian estrategias para ofrecer cada vez más contenidos sostenibles y ya han puesto en marcha una serie de convenios con empresas privadas y dependencias del sector público, para reducir el impacto ambiental de la impresión de los libros, que se producen con un 40% de papel reciclado. El acuerdo más llamativo es el que se ha firmado en abril con el Instituto Nacional Electoral, que trasformará 1.617 toneladas de papeletas y materiales utilizados en la elección presidencial del año pasado en 600.000 libros para 100.000 estudiantes de primaria.
“Nunca se había hecho algo así, antes todo ese papel se quemaba o se destruía”, apunta Meza. Las autoridades calculan un ahorro de un millón de dólares y que se impedirá la tala de unos 4.000 árboles. El pacto, adelanta la Conaliteg, se extenderá a los Estados que celebraron votaciones en 2019: Puebla, Aguascalientes, Baja California, Durango, Tamaulipas y Quintana Roo.
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