El titular de la UIF indicó que en dos días tendrá los montos de las cuentas congeladas a mil 760 personas físicas, 567 personas morales y dos fideicomisos vinculados al CJNG
Los gobiernos de México y Estados Unidos trabajan en un acuerdo de compartición de los bienes decomisados a Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, que “inexplicablemente” fue frenado en el gobierno de Enrique Peña Nieto, señaló Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
“Creemos que puede ser importante recuperar para el estado mexicano bienes que son producto de las actividades delincuenciales”, dijo el funcionario con relación a Guzmán Loera, condenado a cadena perpetua en julio de 2019.
Entrevistado en Aristegui en vivo con ocasión del operativo Agave azul, que arrojó el congelamiento por parte de la UIF de dos millares de cuentas de personas y empresas vinculadas al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) dado a conocer el martes, Nieto señaló que, como en el caso de El Chapo y del exministro Eduardo Medina Mora el intercambio regular de información con las agencias de seguridad estadounidenses, en especial la DEA (Drug Enforcement Administration), tanto por vías formales como informales, fue lo que ayudó también a detectar las operaciones irregulares relacionadas con el CJNG.
Medina Mora renunció a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en octubre de 2019 en medio de investigaciones por presuntos movimientos financieros irregulares.
La UIF y la DEA han trabajado desde hace algunos meses en la información relativa al CJNG, surgida originalmente de la agencia estadounidense y complementada con los informes de la propia UIF, el Centro Nacional de Inteligencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Marina, indicó Nieto Castillo.
“¿Qué encontramos? Desde datos de sicarios, que seguramente no tienen cuentas, hasta de empresas, fideicomisos, personajes de la vida pública, funcionarios, servidores públicos municipales de varios estados, operadores financieros del grupo criminal”.
Añadió que los estados donde se registra el mayor número de operaciones son Jalisco, Estado de México, Ciudad de México, Baja California, y que el objetivo fue generar ese bloqueo global de cuentas, tal como hizo la UIF en marzo con las cuentas de personas vinculadas el cartel de Sinaloa.
“La diferencia es que en esa ocasión fueron 130 sujetos que logramos localizar, y en esta ocasión fueron mil 760 personas físicas, 567 personas morales y dos fideicomisos”, señaló el titular de la UIF, y agregó que están en espera de que los bancos hagan llegar a la Unidad, a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) la información asociada a esas cuentas para sistematizarla y presentar las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República.
Las cantidades son importantes, pues se trata de 2 mil 500 operaciones inusuales reportadas por el sistema financiero, 11 mil de ellos relevantes pues superan los 7 mil 500 dólares, además de transacciones internacionales y manejo de altas cantidades de efectivo muy alto en diferentes estados del país, dijo Nieto Castillo y añadió que los bancos tienen 48 horas para informar sobre las cuentas congeladas. “En un par de días conoceremos cuál es el monto total de lo bloqueado”, indicó.
El funcionario señaló que las empresas se ubican en Jalisco, Guanajuato, Baja California, Nayarit, Colima y que se detectaron 28 transferencias a Querétaro y a Quintana Roo. “En realidad, son redes de empresas, generalmente fachada, de pocos ingresos, que son utilizadas con depósitos en efectivo para blanquear el capital proveniente de narcóticos o de otras actividades delictivas, como extorsión, tráfico de armas…”.
El siguiente paso, comentó, es trabajar de forma coordinada con el SAT para que se levanten los sellos y las empresas queden anotadas en sus listas de simuladores, y en su momento presentar la denuncia correspondiente. “Es la parte central de la estrategia, combatir las estructuras financieras, como hay que combatir la corrupción política que protege a los grupos delincuenciales, particularmente a nivel local, así como la corrupción judicial y magisterial, que les genera un halo de defensa jurídica”.
Nieto Castillo añadió que el caso ilustra la directriz marcada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador de no solo desarticular las bandas delincuenciales, sino congelar sus estructuras financieras. “Por más que se saque de la calle a 10, 15 o 20 narcomenudistas, mientras haya dinero para pagarles seguiremos teniendo el problema del empoderamiento de los grupos criminales”.
Caso Medina Mora
También en el caso del exsecretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, Genaro García Luna, la UIF comenzó a investigar a partir de una información proporcionada por agencias de Estados Unidos cuando se indagaba el caso de Medina Mora. “Ustedes revisen la relación de Medina Mora y García Luna al principio del sexenio de Felipe Calderón, van a encontrar cosas”, narra Nieto Castillo en torno de lo expresado por funcionarios estadounidenses.
“A partir de ahí iniciamos una investigación y encontramos una empresa NUNVAV en Panamá, y que los pagos de esa empresa hacia Letonia, Israel, Miami eran para pagar el nivel de vida que llevaba García Luna, y sobre todo las contrataciones gubernamentales en el sexenio anterior, porque NUNVAV comenzó a operar a inicios de 2011”.
En la conferencia de prensa mañanera del pasado 27 de diciembre, Nieto Castillo dio a conocer el esquema de triangulación que usó García Luna para triangular más de 2 mil 678 millones de pesos y 74 millones de dólares con recursos provenientes de la Tesorería de la Federación y de la Secretaría de Gobernación.
La compartición de información con contrapartes de Estados Unidos permitió que, cuando ocurrió la detención de Gacía Luna, la UIF estaba lista para presentar la denuncia correspondiente y hacer el congelamiento de cuentas.
El titular de la UIF recordó que hay una colaboración estrecha con las agencias estadounidenses para efectos de cumplir con las obligaciones del Estado Mexicano y que el país es firmante de los tratados de las Convenciones de Palermo, Viena y Mérida, lo que obliga a las autoridades a mantener una política activa en materia de combate a la corrupción y al narcotráfico.
México es también miembro de pleno derecho del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), del que forma parte desde 2000, además de que es evaluado por la comunidad internacional periódicamente en cuanto a sus avances en el combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.