Crear un espacio económico para impulsar el desarrollo de Centroamérica, atraer inversiones multimillonarias que traigan empleo y bienestar, atacar las causas que obligan a cientos de miles a emigrar. Estas son las claves del Plan de Desarrollo Integral, que ha presentado este lunes el Gobierno de México junto a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). La apuesta de México es concretar cuanto antes el llamado Plan Marshall para Centroamérica y no quedar atrapado entre las presiones de Donald Trump y la crisis migratoria que azota a sus vecinos y a su propia frontera sur. “Toca el momento de convencer a Estados Unidos para hacer realidad este proyecto”, ha dicho el presidente, Andrés Manuel López Obrador, tras la presentación.
México quiere ser la bisagra diplomática entre Estados Unidos y Centroamérica. En el flanco norte, el Gobierno de López Obrador busca poner sobre la mesa argumentos y planes concretos para que se materialicen 10.600 millones de dólares que Washington se comprometió a invertir en diciembre y que tendrían como destino el sur del país, Honduras, Guatemala y El Salvador. En el frente sur, el documento avalado por la CEPAL supone la hoja de ruta para definir cómo y para qué se va a utilizar el dinero mexicano y estadounidense en Centroamérica. El gran impedimento para pasar de los planes a la acción es el financiamiento y es donde el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, concentrará sus esfuerzos en las próximas semanas.
El Plan de Desarrollo Integral incluye 30 recomendaciones de política pública enmarcadas en cuatro ejes programáticos: migración, economía y comercio, programas sociales y desarrollo sostenible. Es el intento más ambicioso de México de retomar el liderazgo en la región desde que tomó la batuta en los procesos de pacificación en los noventa.
La CEPAL ha propuesto cinco proyectos prioritarios de infraestructura. La primera es una planta eléctrica en Puerto Cortés (Honduras), con una inversión de alrededor 1.200 millones de dólares. El segundo es ampliar la red eléctrica de Centroamérica y México, una obra valuada en 300 millones. El tercero es extender la red carretera en la frontera mexicoguatemalteca. Se plantea también construir un gasoducto de 940 kilómetros y costo estimado de 950 millones de dólares que conecte el golfo de México con San Pedro Sula, el polo industrial de Honduras. Otra posibilidad es extender hacia Centroamérica el Tren Maya, uno de los principales megaproyectos de la Administración de López Obrador, que implica de por sí entre 6.000 y 8.000 millones de dólares de inversión solo para el tramo mexicano. “Es una iniciativa innovadora porque pone el desarrollo humano en el centro”, ha señalado Alicia Bárcena, secretaria de la CEPAL.
México ha mandado dos mensajes a Washington en el anuncio del plan. Uno es que los recursos de EE UU son indispensables y el otro es que ese dinero no se va a ir al rubro habitual: la seguridad. “No es con la fuerza, no es con la violencia”, ha dicho López Obrador sobre la gestión de la crisis migratoria: “No se puede combatir el mal con el mal; tenemos que ir al fondo del problema”.
México levanta la mano, sin embargo, en un contexto internacional particularmente convulso. El presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, acusa el desgaste de cinco años al frente del país, buscando empujar una serie de reformas cuestionadas y atajando señalamientos de autoritarismo y corrupción. Guatemala está en la recta final del Gobierno de Jimmy Morales y celebrará la primera vuelta de las elecciones generales el próximo 16 de junio. El Salvador experimenta desde el pasado 15 de febrero la irrupción de Nayib Bukele, un publicista ajeno a la política tradicional que arrasó en las presidenciales. En la agenda bilateral hay dos temas urgentes: la ratificación del nuevo tratado de libre comercio de Norteamérica (T-MEC) y la cercanía de las votaciones de 2020 en Estados Unidos, en las que Trump intentará amarrar su reelección. Ese cóctel de intangibles explica la prisa por concretar el plan económico-político más ambicioso de México en la región en décadas.
La cara amable del Gobierno mexicano hacia la migración centroamericana ha contrastado con medidas que han mandado señales cruzadas en los últimos meses. El presidente mexicano ha iniciado 2019 con la entrega de 13.270 tarjetas humanitarias a refugiados y nueve de cada 10 han sido para miembros de las caravanas centroamericanas. A inicios de mayo, sin embargo, se dio a conocer que las deportaciones se han triplicado en los primeros cuatro meses del Gobierno de López Obrador, al pasar de 5.717 en diciembre de 2018 a 14.970 en abril pasado y sumar un total de 45.370 personas devueltas. Y este sábado, después de que se duplicara la afluencia de inmigrantes en las últimas semanas, el Gobierno ha mandado a soldados para custodiar una estación migratoria en Tapachula, un hecho poco habitual en la contención de los flujos irregulares en la frontera con Guatemala.
Ese doble papel, que llega al punto de la contradicción, apunta a consolidarse como la política migratoria del Gobierno mexicano. Es el garante del desarrollo centroamericano, pero también el actor preponderante de la contención y las deportaciones para Estados Unidos. Los planes específicos, las políticas concretas y las cifras que avalen esos esfuerzos duales tendrán que esperar a que la Casa Blanca y el Congreso estadounidense respondan a la apuesta de sus contrapartes mexicanas. Muchas de las cartas ya están en la mesa.
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