México no debe afrontar el reto solo


México y Estados Unidos enfrentan un problema migratorio serio y creciente, proveniente principalmente de Centroamérica, que solo puede ser abordado de manera conjunta. No hay soluciones fáciles ni de corto plazo. Sin duda, México puede hacer un mayor esfuerzo para mejorar la pobre infraestructura de su frontera sur, invertir en instalaciones consulares para procesar visados y ofrecer una política de ingreso generosa pero ordenada a los migrantes de estos países. El objetivo debería ser lograr el tránsito ordenado de una persona a la vez para aquellos que busquen oportunidades de trabajo y evitar el abuso de las leyes de asilo. Este tránsito ordenado requeriría del otorgamiento de un gran número de visados (50.000 al año, por ejemplo) en origen para desincentivar que el migrante económico se haga acompañar de su familia como estrategia de entrada. EE UU y Canadá podrían también ofrecer un número de visados con posibilidades de empleo con criterios similares.

Por otro lado, se requiere de una gran inversión para promover el desarrollo económico de Guatemala, Honduras, El Salvador y el sur de México. Canadá, EE UU y México podrían trabajar juntos para invertir en infraestructura de transporte y energía para que esta región tenga la oportunidad de formar parte de la economía de Norteamérica y crezca de manera sostenible. La Unión Europea y otros quizá también podrían ser invitados a colaborar en este esfuerzo. Si el Gobierno de Trump opta por no comprometerse a este programa de desarrollo, debería perseguirse este objetivo de cualquier manera.

Sin embargo, invocar la International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) como ha hecho el presidente Trump con el objetivo de frenar los flujos migratorios, solo empeorará la situación. Esta ley le otorga amplios poderes para proteger la integridad de EE UU frente a amenazas extraordinarias e inusuales. Los flujos migratorios centroamericanos son un problema y un reto importante, pero no una amenaza para su seguridad nacional e integridad. Además, culpar y castigar a México por estos flujos es evidentemente injusto y contraproducente, e invocar la IEEPA parece más bien una estrategia político-electoral.

La aplicación de aranceles a las importaciones mexicanas destruye el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC) y el nuevo T-MEC. El impacto económico negativo será profundo y duradero para ambas economías: el arancel inicial del 5% sería mayor al que se aplicaba a bienes mexicanos antes del TLC (4%) y un arancel general de 25% colapsaría al comercio bilateral. La economía mexicana sufriría de manera significativa, pero también la de EE UU, ya que México está por convertirse en su principal socio comercial. Es precisamente el daño regional -en Texas, California, Arizona, los Estados del cinturón del maíz y del medio oeste- y el sectorial -agricultura, autos, autopartes, electrónicos, dispositivos médicos, bienes de consumo, propiedad intelectual, telecomunicaciones, tecnologías de la información, comercio electrónico- lo que detendrá la imposición de aranceles. Si bien hay un consenso en EE UU para enfrentar el reto de China, el presidente Trump se topará con una amplia oposición para hacerlo con México.

El impacto de estos aranceles sería tan generalizado que se puede concluir que no serían aplicados mucho tiempo. Esta es, sin embargo, la razón de Trump para imponerlos: la situación se volvería tan insostenible que México aceptaría sus condiciones, sin importar qué tan extremas. El problema es que el costo sería insostenible en ambos lados de la frontera. El comercio en Norteamérica responde a la producción conjunta por lo que aplicar aranceles a insumos, partes y componentes al cruzar la frontera volvería imposible la profunda integración económica existente.

Adicionalmente, visto desde EE UU es difícil pensar en una manera más perniciosa de alejar a México de una política de economía de mercado y apertura comercial estratégicos en América del Norte. El colapso del comercio bilateral sería interpretado en México como una confirmación del equívoco de haber abierto la economía y buscado una integración con EE UU.

Para confirmar la vocación a favor de la apertura de la economía mexicana en estos momentos se vuelve crucial anunciar la conclusión exitosa de la revisión del acuerdo de libre comercio con la UE y enfatizar la relevancia del recientemente terminado acuerdo transpacífico (TPP). La mejor ocasión para hacerlo se daría en la reunión de G20 a la que el presidente López Obrador, hasta ahora, ha declinado asistir.

Luis de la Calle es director general y socio fundador de la consultora De la Calle, Madrazo, Mancera y fue subsecretario de Negociaciones Comerciales Internacionales de la Secretaría de Economía de México.


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