El Gobierno de México ofrecerá asilo político al cofundador de Wikileaks Julian Assange, según ha dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador este lunes. “Voy a pedirle al secretario de Relaciones Exteriores que haga los trámites correspondientes para que se solicite al Gobierno del Reino Unido la posibilidad de que el señor Assange quede en libertad y que México le ofrece asilo político”, ha informado durante la rueda de prensa matutina horas después de que la justicia británica rechazara la extradición del hacker a Estados Unidos, donde se enfrentaría a penas de hasta 175 años de cárcel.
López Obrador ha celebrado la decisión de la magistrada británica del Tribunal Penal Central de Londres Vanessa Baraitser, que este lunes ha concluido que el cofundador de Wikileaks no debe ser extraditado a Estados Unidos y que el riesgo de que Assange se suicidara, si se permitiera la extradición, “era elevado”. El presidente ha asegurado que su Administración se comprometerá a dar a Assange “protección” y asumirá la responsabilidad de que “no intervenga en asuntos políticos de ningún país”. “Creo que es un triunfo de la justicia. Celebro que Inglaterra actúe de esa forma porque Assange es un periodista y merece una oportunidad. Estoy a favor de que se indulte”, ha señalado.
El presidente mexicano ya había dejado clara su posición los días anteriores: “Deseo que se le perdone y se le deje en libertad”. “No sé si él ha reconocido que actuó en contra de normas y de un sistema político, pero en su momento estos cables mostraron cómo funciona el sistema mundial en su naturaleza autoritaria”, añadió el viernes.
López Obrador se mantiene firme en su defensa a Assange en gran parte porque el Gobierno de Estados Unidos estuvo investigando al mandatario desde el año 2006, según reveló Wikileaks. El presidente mexicano considera que la mayoría de esos cables, fechados en el momento en que él estaba en la oposición, “eran violatorios de la soberanía, las libertades y de la democracia”.
Uno de los primeros comunicados que la agencia de seguridad estadounidense manda sobre López Obrador es un repaso exhaustivo de los nombres que el político manejaba entonces para formar su Gabinete: Rogelio Ramírez de la O, Juan Ramón de la Fuente y José María Pérez Gay. “Ninguno de los tres es radical”, termina el comentario.
Más adelante, el Gobierno de EE UU presta mucha atención a la protesta masiva que convocó López Obrador a mediados de julio de 2006 en la capital mexicana tras perder las elecciones frente a Felipe Calderón, para denunciar un presunto fraude electoral. “De acuerdo con una fuente, López Obrador planea continuar las protestas hasta que el Tribunal Electoral del Poder Judicial realice un recuento completo a nivel nacional. Ella agrega que si el TEPJF no ordena tal recuento, el país corre el riesgo de volverse ingobernable”, se puede leer en el cable filtrado, con fecha del 18 de julio de 2006. “La verdadera pregunta es cuál es el siguiente movimiento de AMLO, porque parece claro que no estará contento con ningún resultado que deje a Calderón como vencedor”, firma el agente Alan Metlzer.
Estados Unidos manifiesta su preocupación de que las protestas de los seguidores de López Obrador se radicalicen y expandan, por lo que en ese verano prepara un perfil sobre el líder político, basándose en unas entrevistas con la historiadora Alejandra Lajous. “AMLO es extremadamente manipulador y dispuesto a traicionar a aliados y partidarios de mucho tiempo para promover su causa”, “no se puede subestimar su carisma para mantener vivo el movimiento”, “está convencido de que está en lo correcto y es reacio a exponerse a críticas potenciales”, son algunas de las descripciones que se pueden leer en el documento, titulado La creación del presidente en la sombra. Ahí el Gobierno de EE UU también reconoce que es poco probable que las protestas de López Obrador desemboquen en violencia, puesto que él siempre la ha evitado en el pasado.
Ya con el presidente Barack Obama y Hillary Clinton como secretaria de Estado continúa la investigación sobre López Obrador y su entorno. Entonces, la agencia estadounidense quiere saber cuál es la relación entre el mandatario, Marcelo Ebrard —actual canciller del Gobierno mexicano, quien era entonces jefe de Gobierno de Ciudad de México—, Jesús Ortega, Alejandro Encinas y, de nuevo, Juan Ramón de la Fuente, rector de la UNAM (”una de las instituciones izquierdistas más prominentes de México”). “¿Hasta qué grado estos individuos trabajan juntos o se están socavando mutuamente? ¿Cuánto apoyo tienen dentro del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y entre los partidos izquierdistas más pequeños?”, preguntaba el texto, redactado por la directora de operaciones de la Oficina de Inteligencia del Departamento de Estado, Elissa G. Pitterle.
Además, las informaciones sobre López Obrador se enmarcan dentro de la inquietud estadounidense sobre el fortalecimiento que estaba teniendo la izquierda en América Latina con Fidel Castro, en Cuba; Hugo Chávez, en Venezuela; Evo Morales, en Bolivia; Néstor Kirchner, en Argentina; Michelle Bachelet, en Chile, y con López Obrador, en México.
Larga tradición de asilo en México
La oferta de asilo a Assange por parte de López Obrador forma parte de una larga tradición de asilo en México. A finales de noviembre de 2019, el país acogió al expresidente boliviano Evo Morales, pero la lista incluye desde el exilio republicano español, al ideólogo soviético León Trotsky, el director de cine español Luis Buñuel, el expresidente argentino Héctor Cámpora o la Nobel guatemalteca Rigoberta Menchú. El Gobierno mexicano, condicionado por la vecindad con Estados Unidos y un poderío militar limitado, se ha caracterizado por una diplomacia legalista, es decir, apegada al derecho internacional, a los principios de no intervención y a solidarizarse con las víctimas de regímenes autoritarios y la guerra.
Assange se encuentra preso en una cárcel de Londres y está acusado por la justicia estadounidense de 18 delitos de espionaje e intrusión informática. Washington lo acusa de varios delitos contra la Seguridad Nacional por la publicación de documentos confidenciales sobre la intervención militar de Estados Unidos y sus aliados en Irak y Afganistán. Las autoridades suecas habían exigido la entrega del prófugo, acusado de varios delitos de violación y abusos sexuales contra dos mujeres que colaboraron en un acto de Wikileaks en Estocolmo dos años antes. El hacker había obtenido la protección diplomática del Gobierno de Ecuador, presidido entonces por Rafael Correa, y se mantuvo encerrado durante siete años en las dependencias de la Embajada ecuatoriana en Londres.
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