México tiene un problema generalizado de detención arbitraria, tanto en su marco normativo, como en su implementación, advirtió el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detención Arbitraria, por lo que pidieron eliminar situaciones jurídicas como la prisión preventiva oficiosa.
Los resultados preliminares de la visita del mecanismo de las Naciones Unidas a México concluyeron que la prisión preventiva oficiosa viola los derechos humanos y tiene impactos negativos en quienes son sometidos a ella.
Además, encontró que ha habido represalias en contra de defensores de derechos humanos y personas indígenas por realizar sus labores y defender sus territorios.
El grupo también señaló que el Ejecutivo Federal ha presionado a los jueces, particularmente cuando estos últimos han declarado inconstitucionales las iniciativas presentadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Prisión preventiva oficiosa y arraigo
Según los expertos, muchas personas se encuentran actualmente en prisión preventiva por largos periodos de tiempo, incluso a más de 5 años después de su detención.
Además, señalaron que esta medida es frecuente en el país y se ha ampliado constitucionalmente, a pesar de que ha sido reconocida como una violación a los derechos humanos por expertos y organizaciones internacionales.
Respecto a esto, recordaron que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) ha ordenado a México adecuar sus leyes para cumplir con los estándares internacionales respecto a esta materia.
Sobre el arraigo advirtieron que permite la detención por hasta 80 días sin ser acusadas por un delito. También encontraron que ha usado con el propósito de “obtener confesiones”, utilizando malos tratos, tratos humillantes e incluso tortura.
Los expertos registraron violencia excesiva al momento de arrestos y corrupción en algunos centros de detención. Además, muchas de las detenciones por delitos flagrantes se realizan sin una orden de arresto preexistente, utilizando dicha figura como justificación.
Esto a pesar de que desde 2016 las normas del proceso penal acusatorio exigen que quienes sean aprehendidos al momento de cometer el delito, sean llevados ante un juez para establecer un control.
Expresaron su preocupación porqué dicha figura se haya ampliado para que las personas puedan ser detenidas en momentos posteriores a cuando se cometió el crimen, a pesar de no haber sido sorprendida en el acto por un elemento de seguridad. Ante esto, recordaron que sin una orden judicial, se cae en detención arbitraria.
A esto se suman condiciones inadecuadas de las instalaciones de las cárceles, así como hacinamiento en ellas. Esto último lo vincularon con la duración “excesiva” de la prisión preventiva.
También encontraron que migrantes son detenidos durante más tiempo de lo que establece la Constitución y menores se encuentran en centros migratorios, a pesar de que es contrario a las reformas legales. A esto se suma que son sometidos a extorsión por las autoridades.
Igualmente, registraron que ha aumentado el encarcelamiento de usuarios de drogas, debido al enfoque punitivo que se ha adoptado en el país. Asimismo, existen casos donde las autoridades han sembrado sustancias ilícitas.
Finalmente, sobre el procedimiento de juicio abreviado, incluido en la legislación mexicana desde 2016, resaltaron que debe garantizar que no se utilicen como medio para disuadir a los imputados de ejercer sus derechos a un juicio imparcial y a la presunción de inocencia, entre otros.
Los expertos encontraron que los juicios de amparo rara vez resultan en liberación inmediata y que se niega a la mayoría de las personas que los interponen, sin mayor investigación. Por ejemplo, solo en 16.5% de los casos de detención arbitraria se obtuvo su absolución.
Finalmente, señalaron que el Poder Judicial se enfrenta a recortes presupuestarios de un 20%. A esto se suma que defensores públicos se enfrentan a una sobrecarga de casos.
¿En qué consistió la visita?
Durante la visita, el Grupo de Trabajo de la ONU acudió a lugares de privación de la libertad, incluidas cárceles, comisarías de policía e instituciones para menores, migrantes y personas con discapacidad psicosocial, que se encuentran en la Ciudad de México, Nuevo León, Morelos y Chiapas.
Asimismo, el mecanismo de las Naciones Unidas se reunió con representantes de instituciones gubernamentales, comisiones de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil y con otros actores interesados.
La visita del Grupo, compuesto por los expertos Matthew Gillett, Ganna Yudkivska y Miriam Estrada-Castillo, se llevó a cabo del 18 al 29 de septiembre. A raíz de los datos que recogieron, presentarán un informe final al Consejo de Derechos Humanos en septiembre de 2024.
¿Qué es el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detención Arbitraria?
De acuerdo con el mecanismo, la detención es arbitraria cuando no tiene fundamento jurídico o se violenta el derecho internacional, por la inobservancia, total o parcial, de las normas internacionales o cuando los solicitantes de asilo, inmigrantes o refugiados son objeto de detención administrativa prolongada sin posibilidad de examen o recurso.
Este Grupo fue creado por la Comisión de Derechos Humanos en 1991 con el fin de examinar las violaciones al derecho a la libertad personal por detenciones arbitrarias, así como los derechos que debieran gozar todas aquellas personas privadas de su libertad.
El mecanismo visitó México por primera vez en el año 2002, tras la cual concluyó que la figura del arraigo en México constituye una forma de detención arbitraria. Además, encontró que los lugares donde se mantenía a las personas bajo esta figura legal se manejaban de manera discrecional.
De esta forma, fue la primera instancia internacional en pronunciarse en contra del uso de esta medida en México, incluso antes de que fuera elevado a rango constitucional.
Source link