“La CBP no deja de gritarnos por el trabajo que hacen, así que tiene que parar”, dijo un agente del INM a activistas en marzo pasado, según el reporte.
Autoridades mexicanas y estadounidenses han colaborado en acciones de hostigamiento e intimidación contra defensores de derechos humanos de migrantes y asesores jurídicos, como represalia por su trabajo en favor de migrantes y solicitantes de asilo en la frontera, afirmó este martes Amnistía Internacional.
La organización no gubernamental publicó un informe llamado “Salvar vidas no es delito”, con base en 23 entrevistas realizadas con activistas, voluntarios, abogados, periodistas y una religiosa, quienes denunciaron haber sido víctimas de restricciones para desplazarse entre México y Estados Unidos debido a sus opiniones y a su trabajo en defensa de los derechos humanos de los migrantes.
Uno de los casos mencionados es el de las codirectoras de la organización Al Otro Lado, Erika Pinheiro y Nora Phillips. Ambas fueron impedidas de entrar a México por agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) el 29 de enero y el 1 de febrero, respectivamente.
Phillips fue retenida por el INM durante al menos nueve horas en el Aeropuerto de Guadalajara la madrugada del 1 de febrero pasado. “Tengo mucho miedo. Son nueve horas ya, recluida con mi hijo de siete años en una fría sala sin comida ni agua. Aunque nos han prometido comida a partir de las dos de la mañana, tengo una enfermedad muy grave que precisa de medicación, y he tenido que implorar un vaso de agua para tomar la medicación, y entonces un funcionario me ha gritado. Me han hecho montones de preguntas sobre armas, y dónde vivía y cuánto dinero llevaba, dónde iba a alojarme, si he vivido alguna vez en el extranjero, si tengo algún proceso penal en curso en Estados Unidos”, relató a través de un mensaje enviado a Amnistía Internacional aquel día.
En ambos casos el INM informó a las defensoras de derechos humanos que la prohibición de entrar a México se debía a dos alertas migratorias emitidas por el gobierno de Estados Unidos y un “gobierno extranjero no revelado”.
“El secreto en torno a las alertas migratorias del sistema del INM y su aplicación aparentemente arbitraria y abusiva constituyen graves motivos de preocupación desde el punto de vista del Estado de derecho, que hacen necesaria una mayor supervisión y transparencia”, afirmó Amnistía Internacional.
La organización añadió en su informe que la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos ha identificado al menos un caso en que autoridades mexicanas impusieron una alerta migratoria restrictiva contra una persona basándose únicamente en un correo electrónico del Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos y no en algún procedimiento o expediente judicial.
Amenazas de proceso penal
Agentes del INM no solo han bloqueado el paso a México de activistas sino que los han amenazado en la frontera, de acuerdo con Amnistía Internacional.
“Al menos en dos ocasiones, en noviembre de 2018 y marzo de 2019, los funcionarios del INM y sus unidades humanitarias, llamadas Grupos Beta, amenazaron directamente con procesar penalmente, deportar o ambas cosas a observadores jurídicos de Al Otro Lado. Al hostigar, amenazar y retener a defensores y defensoras de los derechos humanos, las autoridades mexicanas de inmigración han indicado en algunos casos que lo hacían a instancias de sus contrapartes estadounidenses”, señaló la organización.
El 21 de noviembre de 2018 funcionarios del INM interceptaron a un grupo de abogados de Al Otro Lado cerca de la garita de San Ysidro mientras éstos caminaban junto con un grupo de ocho niños migrantes. Los agentes les dijeron que si no se iban presentarían en su contra cargos por trata de menores, seis de los niños corrieron hacia territorio estadounidense buscando protección y dos fueron capturados por los funcionarios mexicanos, quienes posteriormente los pusieron bajo custodia del DIF.
El 6 de marzo de este año ocurrió un evento similar en el mismo punto fronterizo, cuando agentes del INM amenazaron con detener a activistas de Al Otro Lado. Luis Guerra, un abogado de la organización, relató a Amnistía Internacional que uno de los agentes les dijo “la CBP no deja de gritarnos por el trabajo que hacen, así que tiene que parar”, refiriéndose a la Oficina de Protección Fronteriza y de Aduanas (CBP, por sus siglas en inglés).
“Agentes del Grupo Beta han advertido amenazadoramente a personas defensoras de los derechos humanos de Al Otro Lado de que no se les permite aconsejar a solicitantes de asilo que se pongan la ropa que más les abrigue para prepararse para las ‘hieleras’ donde los tendrán recluidos días enteros. Según los agentes del Grupo Beta, la CBP les ha ordenado tomar esta medida contra nosotros”, dijo Nicole Ramos, codirectora de Al Otro Lado a Amnistía Internacional.
El hostigamiento contra activistas por parte de autoridades estadounidenses y mexicanas había sido denunciado ya debido a la filtración de fichas realizadas por el Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos, con los rostros y datos personales de abogados y periodistas que realizan su trabajo en la frontera.
El pasado 6 de marzo la unidad de investigación de la cadena local de NBC en San Diego, NBC7, recibió documentos clasificados de parte de una fuente anónima dentro del Departamento de Seguridad Interior, los cuales consisten en fotografías tomadas a la pantalla de una computadora que muestran las fotografías y datos personales de 59 personas.