Nada más llegar a la plaza del Ayuntamiento, Paco Guerrero menciona el paso de Filomena por Madrid. “Cuando veía a los ciudadanos ayudando a limpiar las calles, me venían los recuerdos de la solidaridad de la gente de otros pueblos que vinieron a ayudarnos durante nuestras inundaciones”, cuenta el alcalde de Campillos (Málaga). Su municipio y otros de la comarca fueron declarados zona catastrófica en 2018 tras sufrir las peores lluvias torrenciales de su historia. En apenas 12 horas cayeron 400 litros por metro cuadrado, casi lo mismo que en todo un año. Las calles del pueblo se convirtieron en riadas y algunos habitantes acabaron en lo alto de los tejados, esperando el auxilio de sus vecinos que acudían con tractores y vehículos pesados. “Fue el peor día de mi vida”, añade Guerrero, quien, junto al resto de campilleros, se movilizó para conseguir las ayudas del Gobierno. De 10 millones de euros que valoró el Consistorio en daños en infraestructura pública, se le reconocieron 516.000. Y las compensaciones a los particulares —que llegaron más de un año después— no superaron los 1.500 euros por familia, según la corporación local.
El Gobierno declaró este martes la zona catastrófica para Madrid y el resto de territorios afectados por el temporal Filomena. En Campillos, el procedimiento no fue precisamente coser y cantar. Un encierro, manifestaciones —una incluso delante del Congreso de los Diputados— y la lucha incasable de Guerrero y los funcionarios del Ayuntamiento hicieron que, dos semanas después del desastre, el Consejo de Ministros les otorgase el reconocimiento de “zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil”, comúnmente conocida como zona catastrófica, recogida en la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil.
Tras el anuncio, tanto el Ayuntamiento como los vecinos tuvieron que solicitar expresamente las ayudas en un plazo de 21 días, explicando los daños generados por el fenómeno atmosférico en sus bienes y enseres. Y el Consistorio habilitó una oficina para facilitar los trámites de los afectados, que aún estaban enfangados arreglando los desperfectos causados por las lluvias en sus casas. “Aquellos días fueron frenéticos, teníamos que tramitar todas las solicitudes y trabajábamos de siete de la mañana a doce de la noche de lunes a domingo. Pegábamos folios con las calles en las paredes para ir tachando las casas”, explica Ana Barrabino, funcionaria de Secretaría del Consistorio. “Cuando escucho que en Madrid quieren pedir la declaración de zona catastrófica, pienso que mejor cojan una fregona y se pongan a limpiar, porque menudo trabajo lleva para lo poco que compensa económicamente”, añade su compañera Isabel Aguilera.
De unos 8.500 habitantes que tiene Campillos, 500 solicitaron las ayudas del Gobierno, entre particulares y establecimientos comerciales. El Ayuntamiento no tiene los datos exactos de a cuántos se las otorgaron porque la comunicación de las resoluciones es personalizada. “Lo que sí sabemos es que fueron muy pocos. El problema es que las condiciones son muy restrictivas; por ejemplo, el agua tenía que haber entrado por el suelo, si entraba por el tejado lo achacaban a falta de mantenimiento”, explica el alcalde, de Adelante Campillos-IU. El reglamento reconoce hasta 15.000 euros por vivienda derruida, pero en Campillos la mayor parte fue por daños en enseres, cuya compensación es de hasta 2.500 euros. “Sí tenemos constancia de que aquí nadie ha recibido los 2.500 euros a pesar de que lo hubieran perdido todo, porque las cuantías recibidas han sido de entre 1.000 y 1.500 euros”, asevera.
A pocos metros de la plaza del Ayuntamiento vive uno de los compensados, José Peral, de 58 años. Él fue uno de los primeros en cobrar las indemnizaciones, poco más de un año después de la declaración de zona catastrófica. A este jardinero el agua y el barro le causaron daños en la nevera, en varios muebles y en el suelo de su casa. Cobró 1.200 euros. Sus intensos ojos azules se llenan de lágrimas al recordar aquella noche y sobre todo la muerte de un bombero, José Gil Gutiérrez, durante los trabajos. El 20 de octubre, fecha en la que cayeron las lluvias, es ahora el día de la Solidaridad en Campillos.
Para algunos vecinos, el dinero de sus propios seguros privados supone mucho más que lo que corresponde según las tablas de daños por zona catastrófica. “El problema es que hay muchos que no pueden pagar esos seguros. O casos como el del dueño de un bar que justo el día de antes de las lluvias se había dado de baja para cambiar las condiciones y les pilló la riada sin cobertura”, dice el alcalde.
El Ayuntamiento cifró en 20 millones de euros los daños municipales junto a los de los particulares, establecimientos comerciales, la industria y la ganadería. De esa cantidad total, 10 millones eran para infraestructuras públicas, de los que el Estado reconoció 516.000. Pero aún no lo han cobrado todo. Hoy el pueblo ha vuelto prácticamente a la normalidad, aunque la piscina municipal no se ha podido reabrir por falta de fondos para la reconstrucción. “La normativa que ampara la situación de zona catastrófica no cubre ni lo más mínimo lo que pueda generar un episodio como el que ocurrió aquí. Ni lo que ocurre en Madrid o en otras zonas de España. La normativa es tan estrecha que es totalmente insuficiente”, considera el alcalde, quien pide a los diputados que actúen para reformar la Ley 17/2015.
La normativa que ampara la zona catastrófica no cubre ni lo más mínimo lo que pueda generar un episodio como el que ocurrió aquí.
Paco Guerrero, alcalde de Campillos
La carretera de 11 kilómetros que une Campillos con Teba (otro de los municipios afectados por las lluvias de 2018) aún no ha sido reparada. A medio camino, la fuerza del agua dividió la calzada en dos dejando un tajo de unos diez metros de largo. El alcalde de Teba, Cristóbal Corral, de IU Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, llega a este punto desde una pedanía. Viene de festejar que los trabajos de reconstrucción han terminado en esa localidad. Corral y los tebeños también se movilizaron junto a los campilleros sin descanso. En su caso, la peor parte se la llevó la red de comunicaciones del pueblo: caminos públicos o carreteras. Pidieron nueve millones en concepto de daños, pero solo recibieron 75.000 por zona catastrófica.
“La declaración de zona catastrófica es papel mojado si no viene acompañada de recursos. Llegó muy justo y muy tarde para lo que sucedía. Las condiciones son muy restrictivas. Lo que sí ha hecho es situarnos en el mapa. Gracias a la declaración, otras administraciones, como la Junta o la Diputación de Málaga, sí han hecho actuaciones directas, con subvenciones o trabajos de reconstrucción”, sentencia Corral, junto al tramo de carretera aún por restaurar.
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