Autoridades migratorias detuvieron ilegalmente a una persona colombiana en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) durante 15 días, denunció la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), por lo que emitió una recomendación al Instituto Nacional de Migración (INM).
De acuerdo con la CNDH, dos servidores del INM impidieron a la víctima abordar su avión con destino a Mexicali, Baja California.
La persona mostró al personal del INM su visa de turista que tenía una duración de seis meses. Sin embargo, fue trasladada a la Estación Migratoria en la Ciudad de México (CDMX), donde permaneció por 15 días.
Asimismo, le entregaron un aviso de deportación y la restricción de no poder regresar al país en dos años.
La CNDH determinó que las autoridades de migración violaron los derechos humanos a la seguridad jurídica, la libertad personal y libre tránsito, ya que la persona había acreditado que su estancia en México era legal.
Asimismo, detalló que no procede la restricción que impide su regreso durante dos años, “ya que no está fundado ni motivado”. Además, se deberá cancelar la alerta migratoria.
Igualmente, solicitó que se inscribiera a la persona al Registro Nacional de Víctimas para que reciba una reparación integral del daño.
Por último, se realizará una denuncia administrativa en contra de los servidores involucrados.
En junio, el periódico Reforma informó que la Secretaría de Marina estaba investigando a los agentes migratorios del AICM tras denuncias de abusos o extorsión a pasajeros extranjeros, así como irregularidades en el proceso de revisión o deportación.
Sobre esto, a través de un comunicado, el Instituto Nacional de Migración rechazó “todo acto indebido o de colusión con redes criminales”.
“El INM cumple con un mandato de ley, siempre en el marco irrestricto de la defensa y salvaguarda de los derechos de las personas en contexto de movilidad por el país”, manifestó.
El pasado miércoles, la CNDH emitió otra recomendación porque el INM había deportado en el AICM a un refugiado a pesar de que contaba con una tarjeta de residente permanente, bajo el argumento de que contaba con alerta migratoria.
La Comisión determinó que las autoridades migratorias procedieron incorrectamente, violaron sus derechos humanos y determinó que le devolvieran su residencia permanente.
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