El rechazo a las formas en las que el Congreso de Perú destituyó al mandatario Martín Vizcarra por un supuesto caso de sobornos que se remonta a su etapa de gobernador regional, en 2014, no solo se siente en las calles del país. Mientras varias plataformas, gremios y organizaciones se preparan para una nueva movilización convocada para este jueves, organismos internacionales y países vecinos han advertido de los riesgos que esta transición supone para la arquitectura del Estado de derecho. La Organización de los Estados Americanos (OEA) y los Gobiernos de la región que se han pronunciado sobre la crisis política de Perú no han reconocido al gobernante interino, Manuel Merino, como autoridad, con la excepción de Paraguay.
Frente a la crisis política del país. la OEA ha destacado el papel de los jueces constitucionales que tenían pendiente, desde septiembre, fijar parámetros para definir la interpretación legislativa de la figura de “vacancia presidencial” por “incapacidad moral permanente”, el motivo por el cual Vizcarra fue depuesto. “En este nuevo caso, la Secretaría General de la OEA reitera que compete al Tribunal Constitucional del Perú pronunciarse respecto a la legalidad y legitimidad de las decisiones institucionales adoptadas, así como sobre las diferencias que pudieran existir en la interpretación de la Constitución”, sostuvo en un comunicado.
El organismo interamericano planteó que “en esta compleja coyuntura, los actores políticos son responsables de asegurar el funcionamiento democrático por el bien del país, así como de garantizar la realización de las elecciones nacionales convocadas para el 11 de abril [de 2021]”. Así como el pronunciamiento de la OEA no reconoce a Merino como nuevo presidente, tampoco lo han hecho los Gobiernos de Colombia y Argentina, que se han pronunciado sobre la crisis en Perú. A raíz de la violencia policial que ha caracterizado el inicio del Gobierno transitorio contra los manifestantes, la representante de derechos humanos de Naciones Unidas en Sudamérica, Jan Jarab, pidió a las autoridades peruanas “poner fin a este tipo de procedimientos”. “Nuestra Oficina ha podido constatar casos de detenciones realizadas por policías vestidos de civil sin identificarse como tales”, agregó.
Human Rights Watch (HRW) también ha considerado que “la forma en que el Congreso de Perú apartó del cargo al presidente Martín Vizcarra el 9 de noviembre de 2020 y las consecuencias inmediatas que ello podría tener para la independencia del Tribunal Constitucional representan una grave amenaza al Estado de derecho en el país”.
En su primera entrevista tras asumir como gobernante interino, Merino declaró en una radio colombiana que “las protestas y la zozobra” se deben a “manejos de comunicación tendenciosos”. Cuando los periodistas le consultaron por los cuestionamientos a las decisiones del Congreso cortó la llamada. Tras la juramentación del Gabinete de ministros, el político dijo que no habrá ningún cambio traumático y que reafirmaba su “compromiso democrático”. “Los peruanos queremos recuperar la tranquilidad y recuperar miles de puestos de trabajo”, indicó. El nuevo Gabinete está formado por profesionales que se han desempeñado como lobistas de empresas privadas, un par pertenecen al Partido Aprista y otros representan a los sectores más conservadores del país sudamericano.
Indignación del sector educativo
El principal centro de estudios del país, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos repudió “todo acto que atente contra la gobernabilidad y el orden constitucional” y recomendó “a los poderes del Estado reforzar la evaluación de calidad educativa ya avanzada”. El planteamiento se debe a que en los últimos cinco años la Superintendencia Nacional de Educación Superior (Sunedu) Universitaria clausuró 47 universidades por no cumplir con los estándares mínimos y varios de los líderes de los grupos políticos que promovieron la destitución de Vizcarra eran dueños, autoridades o profesores en dichos establecimientos y han usado el Parlamento para quitar atribuciones a la superintendencia.
El dueño de una de las universidades privadas que perdió la licencia para operar, Telesup, es el líder de Podemos Perú, José Luna Gálvez, quien está en prisión preventiva hace cuatro días e investigado por varios delitos: por lavado de activos en el caso Odebrecht y por haber financiado las campañas de funcionarios públicos que elegían al presidente del Organismo Nacional de Procesos Electorales, con el fin de facilitar la inscripción de su agrupación política.
El miércoles, uno de los hijos de Luna Gálvez, Luis Luna Morales, envió una carta notarial al director de la superintendencia de educación superior amenazándolo de sanciones cuando sea destituido, ahora que el partido de su padre es parte de la coalición que tiene el poder en el Ejecutivo. Luego del escándalo que generó la divulgación de la carta, uno de los abogados de Telesup dijo que “fue un error, dado el momento”, y que retirarán la carta. El bufete de abogados de Antero Flores Aráoz, el nuevo presidente del Consejo de Ministros del Gobierno interino, tiene a su cargo la defensa legal de Telesup hace varios años. Incluso dicha universidad le otorgó un honoris causa.
Luego de muchos años de baja calidad en las universidades públicas y privadas, los peruanos valoran como un logro la supervisión profesional de la oferta educativa, por ello las manifestaciones ciudadanas alertan sobre la vulnerabilidad de la Superintendencia con el nuevo Gobierno interino. La Facultad de Letras de la Universidad de San Marcos es más explícita en su comunicado sobre la crisis política: “¡No al golpe de Estado! ¡Defensa de la ley universitaria y de Sunedu!”, indica el encabezado. Además, doce universidades católicas califican de “cuestionable y apresurado” el proceso de destitución del presidente “que acentúa la inestabilidad e incertidumbre” que vive el país.
También uno de los sindicatos más importantes, la Federación Nacional de Trabajadores Textiles del Perú, ha rechazado al Gobierno de transición. “Merino no nos representa, pero Vizcarra y la institucionalidad neoliberal tampoco”, señalan en una convocatoria a la movilización ciudadana. En las protestas de la noche del miércoles, la mayoría de los carteles y banderas repetían el mensaje “Merino no es mi presidente”. Este jueves, la protesta ha sido convocada desde las cinco de la tarde en casi todas las regiones del país.
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