Familiares de José Jacob Rodríguez González, víctima de ejecución extrajudicial ocurrida el pasado miércoles 10 de marzo en el centro de Nuevo Laredo, Tamaulipas, fueron objeto de un grave asedio por parte de militares, reportó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
De acuerdo con un comunicado de la CNDH, el órgano autónomo solicitó a directivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) la adopción de medidas cautelares en beneficio de los familiares de José Jacob Rodríguez: Paulina González Torres (Madre), María Elena González Ruiz (esposa) y dos menores de edad.
Asimismo, llama a la Sedena a que se giren instrucciones a quien corresponda, a efecto de que cese cualquier acto de hostigamiento que pudiera existir y se implementen en lo inmediato las medidas preventivas de protección urgentes que resulten necesarias para que se salvaguarde la vida y la integridad física, a fin de evitar la consumación de hechos violentos de difícil o imposible reparación de las personas mencionadas.
También se pide que, “sin prejuzgar sobre la posible existencia de actos de represalia, se instruya a los elementos militares adscritos en Nuevo Laredo, Tamaulipas, para que se les prohíba cualquier acto de hostigamiento o de molestia, como pudieran ser llamadas telefónicas, cateos y operativos de vigilancia, sin que exista orden de autoridad competente, entre otros”, detalla el documento.
En seguida el comunicado íntegro de la CNDH:
Asedian militares a familiares de víctima de ejecución extrajudicial en Nuevo Laredo
- Desestiman acuerdo de Medidas Cautelares de la CNDH
- Ponen en riesgo embarazo de mujer sobreviviente de atentado
Nuevo Laredo, Tam. (10 de Junio del 2021). – Personal del Ejército Mexicano mantiene un grave asedio a familiares de José Jacob Rodríguez González, víctima de ejecución extrajudicial ocurrida el pasado miércoles 10 de marzo en pleno centro de Nuevo Laredo, soslayando además un acuerdo de Medidas Cautelares solicitadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
La tarde del miércoles 9 de junio, aproximadamente a las 17:00 horas, un grupo de cincuenta militares a bordo de seis unidades del Ejército Mexicano se presentaron en el domicilio de María Elena González Ruiz ubicado en el crucero de Río Grande y Los Ángeles, de la colonia Santiago N. Belden, e impidieron que la mujer con ocho meses de embarazo pudiera salir de su domicilio.
La víctima llamó a su suegra, Paulina González Torres, para informarle que su casa estaba rodeada de soldados y que pidiera ayuda; al llegar la mamá de José Jacob, tampoco le permitieron el paso, justificando que estaban en una “operativo” y que regresara en quince minutos.
La señora Paulina González Torres insistió con los militares que su nuera María Elena estaba afectada emocionalmente por la presencia de sus compañeros soldados y que además presentaba un embarazo de alto riesgo y solamente estaba acompañada de niñas menores de edad, pero los auxiliares de la autoridad mantuvieron el cerco militar y le ordenaron que se retirara del lugar.
Finalmente, la madre de la víctima de ejecución extrajudicial mostró a los militares un oficio de solicitud de Medidas Cautelares de la CNDH de fecha del 12 de mayo del 2020 y que fueron aceptadas por la Secretaría de la Defensa Nacional, pero los soldados ni siquiera intentaron leerlo.
“Les pedí de favor que me dejaran pasar a la casa de mi nuera porque estaba muy asustada y no quisieron, les dije que incluso los militares podían acompañarme hasta la vivienda y revisarla si era necesario, pero tampoco me hicieron caso”, expresó la señora Paulina González Torres.
Personal del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo acudió hasta el domicilio de las víctimas y constató que personal del Ejército Mexicano mantenían un fuerte operativo militar frente al domicilio de la mujer embarazada, María Elena González Ruiz, sin motivo alguno.
Diez minutos después del arribo de los defensores de derechos humanos, solicitados por la señora Paulina González Torres, el personal militar se retiró de manera apresurada a bordo de cuatro camionetas tipo pick up y dos unidades blindadas del Ejército Mexicano.
“A partir de este momento hacemos responsables al personal militar asignado a Nuevo Laredo de las afectaciones a la salud que pudiera tener la señora María Elena y al producto de su embarazo”, manifestó Raymundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos.
El pasado lunes 26 de abril, cerca del mediodía, las dos mujeres, María Elena y su suegra Paulina, también fueron retenidas y amenazadas por personal militar en el crucero de César López de Lara y Perú, luego de salir de una consulta médica en el Hospital de Especialidades.
Por tal motivo, funcionarios de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos solicitaron a directivos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la adopción de las siguientes medidas cautelares:
PRIMERO: se giren instrucciones a quien corresponda, a efecto de que cese cualquier acto de hostigamiento que pudiera existir y se implementen en lo inmediato las medidas preventivas de protección y urgentes que resulten necesarias para que se salvaguarde la vida y la integridad física, a fin de evitar la consumación de hechos violentos de difícil o imposible reparación de las siguientes personas y sus respectivas familias:
• Familiares de José Jacob Rodríguez González (+)
• Paulina González Torres (Madre)
• María Elena González Ruiz (esposa) y dos menores de edad
SEGUNDO: Sin prejuzgar sobre la posible existencia de actos represalia, se instruya a los elementos militares adscritos en Nuevo Laredo, Tamaulipas, para que se les prohíba, cualquier acto de hostigamiento o de molestia, como pudieran ser llamadas telefónicas, cateos y operativos de vigilancia, sin que exista orden de autoridad competente, entre otros.
Por la naturaleza propia de los hechos, las medidas (cautelares) no están sujetas a término.
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