Yasmín Esquivel Mossa concedió una suspensión a la Fiscalía General de la República para no entregar el expediente de la investigación que realizó sobre el dinero que recibió Pío López Obrador.
La fiscalía inició una controversia constitucional para reclamar la sentencia del Tribunal Electoral que le ordenó entregar los expedientes al Instituto Nacional Electoral, que realiza una investigación en el ámbito de sus atribuciones, pues se podrían registrar violaciones electorales.
La ministra consideró que la suspensión constituye un instrumento provisional cuyo propósito es impedir que se ejecuten actos que cambien de manera crucial la materia del juicio.
En el sentido de que la parte actora no proporcione las copias certificadas de la carpeta de investigación solicitadas; ello, con el fin de preservar la materia del juicio.
En agosto de 2020 salió a la luz un video en el que se observa al hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador recibiendo dinero en efectivo de manos de David León Romero, quien entonces fungía como consultor y operador político del gobierno de Chiapas, en la administración de Manuel Velasco, para un presunto financiamiento ilícito hacia Morena.
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Como parte de sus investigaciones, el titular de la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) del INE había solicitado a la FEDE una copia simple de una carpeta de investigación, al considerar que la información es necesaria para la sustanciación de diversos procedimientos en materia de fiscalización, pero su acceso le fue denegado, ya que la Fiscalía argumentaba que dicha indagatoria se encuentra regida bajo el secreto ministerial.
Ante la negativa de la Directora General de Asuntos Jurídicos y el Agente del Ministerio Público de la Federación de la FEDE de entregar el material solicitado, el Secretario Ejecutivo del Consejo General del INE promovió dos juicios electorales.
La Sala Superior del Tribunal determinó que “el secreto ministerial no es oponible a las facultades fiscalizadoras del INE”, por lo que la FGR actuó indebidamente.
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