Juan Carlos Monedero, cofundador de Podemos, ha defendido su inocencia este lunes en los juzgados de Plaza Castilla de Madrid, donde ha declarado ante el juez del caso Neurona casi un mes después de su imputación. El exdirigente de la formación, a quien el magistrado Juan José Escalonilla mantiene bajo sospecha por recibir un pago de 26.200 euros de la consultora mexicana Neurona, ha insistido en que cobró ese importe por unos trabajos de consultoría que realizó durante 2018 y ha aportado nueva documentación al instructor para avalarlo. Además, ha negado que le abonasen ese dinero a cambio de que el partido contratase después a la compañía latinoamericana y se ha presentado como una víctima más de la “guerra jurídica” emprendida contra los miembros de su partido: “Es muy injusta esta persecución”.
“[Tras mi declaración], creo que desaparece totalmente una argumentación que me llevó a las portadas [de periódicos] de este país justo en la víspera de las elecciones catalanas”, ha afirmado Monedero a la puerta de los juzgados, tras casi una hora de interrogatorio ante el juez. “No tengo un cargo, no me presento a nada… Pero hay una voluntad de que la gente de Podemos esté acusada en la guerra jurídica. Si alguien piensa que nos van a meter el miedo, se equivocan radicalmente. Esta fuerza política nació de la calle, del 15-M y no le tiene miedo a fondos buitres, ni a poderosos ni a banqueros”, ha añadido.
El profesor universitario, que llevaba consigo un ejemplar del libro El gran error de la República, del historiador Ángel Viñas, ha aprovechado también la cita de este lunes para presentar un nuevo escrito al juez donde rechaza la tesis principal en que se sustenta su imputación. El magistrado, apoyándose en un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, expuso que el cofundador de Podemos fabricó supuestamente una factura ad hoc de 26.200,31 euros para cobrar de Neurona por ejercer, según su teoría, como una especie de comisionista para que el partido contratase posteriormente a la consultora en las elecciones de 2019. Entre los indicios, el instructor señaló que esa factura se confeccionó un domingo, es la primera del ejercicio 2018 —se fechó el 30 de diciembre— y es “habitual emitir facturas falsas bajo el amparo de la presunta realización de servicios de asesoría, al tratarse de un servicio de difícil comprobación”.
“Son solamente interpretaciones y opiniones erróneas. Es decir, es cierto que la factura tiene fecha de un domingo, pero eso no puede ser un indicio de nada delictivo. Los autónomos hacen facturas el día que pueden, lo que no presupone falsedad alguna”, defiende Monedero en el documento remitido al magistrado, al que tuvo acceso EL PAÍS. El cofundador de Podemos también ha aportado una batería de emails y una relación de billetes de avión para demostrar que trabajó efectivamente para Neurona y que viajó a América para realizar los trabajos que facturó. “Durante todo 2018, y especialmente en el último trimestre, realizó numerosos viajes en colaboración con la consultora Neurona que servían para ir trenzando un proyecto latinoamericano de formación y consultoría política especializada”, apostilla.
El exdirigente de Podemos también alega que, cuando cobró esa cantidad por sus trabajos, no “era posible prever la convocatoria de elecciones”. Nadie, ni en diciembre de 2018 ni en enero de 2019, podía saber que esas elecciones se iban a desarrollar”, apostilla el escrito, que incide en que el presidente Pedro Sánchez no convocó los comicios hasta febrero de 2019, después de que ERC rechazase apoyar los Presupuestos Generales del Estado. “Por tanto, además de haberse demostrado que Juan Carlos Monedero no emitió la factura ad hoc y que realizó los trabajos por los que facturó, no tiene ningún fundamento la suposición de que dichos emolumentos estuvieran vinculados a unas elecciones que nadie sabía que se iban a convocar”.
“Si me hubieran pedido los documentos hace ocho meses, [cuando se abrió una investigación secreta sobre el pago a Monedero], esta vista no habría tenido lugar”, ha incidido el cofundador de Podemos este lunes. Monedero ha recalcado también que esa factura bajo sospecha está declarada a Hacienda y cumple con la legalidad.
Los contratos con Neurona
El caso Neurona se abrió el verano de 2020 tras la denuncia de José Manuel Calvente, un antiguo abogado del partido enfrentado con la cúpula. La línea principal de las pesquisas se centra en la contratación de Neurona para las elecciones de abril de 2019 por unas labores de consultoría que, según el juez, nunca llegaron supuestamente a realizarse. El magistrado mantiene en este punto, el único que la Fiscalía respalda investigar, que existen indicios de que se fabricaron unos contratos para pagar 363.000 euros a la compañía y desviar así ese dinero. Podemos repite, en cambio, que los trabajos abonados se hicieron y ha aportado vídeos e imágenes elaborados por los empleados de la sociedad mexicana.
Además de esta línea de investigación, la causa también tiene otras cinco ramificaciones secundarias. Tres de ellas ya se han cerrado por falta de indicios: las que versaban sobre el presunto acceso sin permiso al disco duro de una trabajadora; los contratos firmados con la consultora ABD Europa para las elecciones generales del 28 de abril de 2019; y los supuestos sobrecostes en la reforma de la sede del partido. Otras dos siguen abiertas: sobre un supuesto desvío de dinero de la caja de solidaridad, un fondo al que los cargos públicos donan parte de su sueldo para fines sociales; y sobre el supuesto pago de “sobresueldos” a través de complementos a Rocío Esther Val, gerente de la formación, y a Daniel de Frutos, su tesorero.
Paralelamente, el juez aprobó investigar por separado, en “procedimientos independientes”, otros tres hechos denunciados por la abogada Mónica Carmona, exresponsable de Cumplimiento Normativo de Podemos y también enfrentada con la cúpula de la formación. Estas tres nuevas ramificaciones, que correrán a cargo de otros instructores, versan sobre el presunto cobro por Pablo Iglesias, vicepresidente del Gobierno, de las costas de procedimientos judiciales donde fue defendido por letrados del partido; por el supuesto uso como niñera de una asesora por parte de Irene Montero, ministra de Igualdad; y por las supuestas donaciones irregulares de la fuerza política a una entidad social y a la fundación Instituto 25-M, vinculada a la formación y que dirige Monedero.
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