Morena y sus aliados aprobaron reformas a la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas en materia electoral, en lo que ya se conoce como el “Plan C’ de la reforma electoral.
Las reformas fueron aprobadas en lo general con 267 votos a favor, 221 en contra y cero abstenciones. En lo particular fueron aprobadas por 267 votos a favor, 215 en contra y cero abstenciones. Paso al Senado de la República para su discusión y, en su caso, aprobación.
Se aprobó una reserva para agregar el inciso K al artículo 5 de la Ley General de Comunicación Social, para que los entes públicos en la materia observen el principio de interculturalidad.
Posteriormente fue aprobado también el “Plan B”, que es el proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de las leyes General de Instituciones y Procedimientos Electorales, General de Partidos Políticos, Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como la expedición de la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral.
Fue aprobado en lo general por 267 votos a favor, 219 en contra y cero abstenciones. En lo particular se aprobó por 261 votos a favor, 216 en contra y cero abstenciones. Fue remitido al Senado para sus efectos constitucionales.
Esto, luego de que se desechara la reforma constitucional en la materia, al no alcanzar la mayoría calificada para ello, es decir, dos terceras partes de los legisladores. La reforma naufragó con 269 votos a favor, una abstención y 225 votos en contra.
La oposición decidió retirarse de la discusión de las reformas y advirtió que buscará llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para frenar los alcances del paquete.
El diputado Jorge Triana, del Partido Acción Nacional (PAN), señaló que las reformas no son más que un burdo intento de sabotaje al proceso electoral de 2024 y que buscan dejar inoperantes al INE y al Tribunal Electoral.
Por su parte, el morenista Leonel Godoy Rangel criticó que la oposición los acuse de tratar de desmantelar a las instituciones, cuando fueron ellos los que, cuando estuvieron en el poder, sí lastimaron a las instituciones del Estado.
Tras ello, se dispensó la discusión de la minuta y se procedió a su inmediata votación en lo general, por lo que regresó la oposición al recinto a votar electrónicamente.
El dictamen conocido como “Plan C” fue entregado por la diputada morenista Graciela Sánchez en propia mano al presidente de la Mesa Directiva, Santiago Creel.
Legisladores de oposición acusaron que los documentos no se publicaron en la Gaceta Parlamentaria.
El diputado de Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez, aseguro que “se trata de un nuevo precedente de ilegalidad y atropello a los procesos legislativos” que no se debe permitir.
INACEPTABLE. Morena acaba de entregar en físico un paquete de iniciativas, no publicadas en Gaceta Parlamentaria, en materia electoral.
Es un nuevo precedente de ilegalidad y atropello a los procesos legislativos que no debemos permitir. La oposición no tiene por qué prestarse.
— Jorge Álvarez Máynez (@AlvarezMaynez) December 7, 2022
Por su parte, la panista Margarita Zavala señaló: “Pidieron dispensa de trámite … claro que la ganaron. Son cínicos. No respetan las etapas procesales para aprobar leyes, les trajeron la iniciativa les dieron la orden de aprobar y ni siquiera irá a comisiones. Una vergüenza para el Poder Legislativo”.
Pidieron dispensa de trámite … claro que la ganaron. Son cínicos. No respetan las etapas procesales para aprobar leyes, les trajeron la iniciativa les dieron la orden de aprobar y ni siquiera irá a comisiones. Una vergüenza para el Poder Legislativo
— Margarita Zavala (@Mzavalagc) December 7, 2022
Sin embargo, la mayoría de Morena solicitó que los asuntos fueran atendidos como de “urgente resolución”, lo que se logró con una votación a mano alzada, en la que se requería mayoría simple, la cual tiene garantizada la bancada de Morena y sus aliados.
Una vez que se logró la “urgente resolución” comenzó el debate de los documentos, con mociones suspensivas de los grupos parlamentarios de oposición, que no fueron aceptadas.
Reservas aceptadas al “Plan B”
El Pleno aceptó la reserva al artículo 3 de Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, para agregar un inciso j) y definir en la ley los Sistemas Normativos Indígenas; fue presentada por la diputada Irma Juan Carlos (Morena).
También se agregó al artículo 32 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la indicación de que los materiales y documentos electorales cuenten con una traducción a las lenguas indígenas preponderantes en las regiones correspondientes; fue presentada por la diputada María Eugenia Hernández Pérez (Morena).
Se reformó el artículo 272 quinquies de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, para establecer que quienes decidan contender por la elección consecutiva por el mismo principio, podrán hacerlo por un distrito y circunscripción diverso, cumpliendo el requisito de residencia; fue presentada la diputada Graciela Sánchez Ortiz (Morena).
Otra reserva fue la del 329 de la Ley General de Instituciones v Procedimientos Electorales, en materia del voto de personas migrantes, presentada por el diputado Manuel Robles Gómez (Morena).
El pleno aceptó la reserva del diputado Sergio Gutiérrez Luna para que, en cuanto al procedimiento electoral sancionador, la Sala Especializada del Poder Judicial de la Federación sea el órgano resolutor.
Igualmente se aceptaron reservas en torno al número de militantes de partidos políticos, en materia de registros contables en tiempo real en relación con los gastos relacionados con precampaña y campaña.
¿Qué cambios introduce el “Plan B”?
Entre los cambios más notorios está el de modificar el concepto de propaganda y proteger las opiniones de servidores públicos.
“No constituyen propaganda gubernamental las manifestaciones de las personas servidoras públicas que realicen en uso de su libertad de expresión y en el ejercicio de sus funciones públicas”, indica el texto. “Tampoco constituye Propaganda gubernamental la información de interés público que realicen las personas servidoras públicas, conforme a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, difundida en cualquier formato de manera gratuita”.
Así mismo, se eliminarán dos Salas Regionales que no entraron en funciones y la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral cuyas atribuciones serán absorbidas por la Sección Resultora de la Sala Superior del TEPJF.
Se plantea también eliminar la rama administrativa del Servicio Profesional Electoral Nacional.
En el caso del INE, se eliminarán las figuras de Vocal Secretario y Vocal de Organización en la estructura. Al mismo tiempo, a nivel distrital se suprimen los cargos de Vocal de Organización Electoral, Vocal de Registro Federal de Electores, Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica y Vocal Secretario. Se mantiene únicamente el Vocal Operativo en la estructura.
El texto señala que el INE “no puede destinar ahorros, economías o remanentes presupuestales a la constitución u operación de fideicomisos. Tampoco puede contratar seguros de gastos médicos mayores o de separación individualizada, o esquemas similares de contratación. Si al ejecutarse los programas, proyectos o actividades que sustentaron el presupuesto del Instituto, se presentarán subejercicios, economías ahorros o remanentes presupuestales estos serán reintegrados a la Tesorería de la Federación al concluir el ejercicio fiscal”.
De la misma forma, “queda prohibido al Instituto realizar erogaciones, reasignaciones o crear nuevos programas o proyectos con cargo a ahorros y economías de su Presupuesto que tengan por objeto evitar el reintegro de recursos”.
En torno a los salarios del consejeros electorales, establece que éstos no podrán superar al del presidente de la República.