En América Latina y el Caribe hay alrededor de 14,8 millones de personas trabajadoras remuneradas del hogar, de las cuales el 91% son mujeres, según cifras de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). De este porcentaje, la mayoría son mujeres, niñas y adolescentes afrodescendientes, afrolatinas, afrocaribeñas e indígenas, quienes se enfrentan a condiciones laborales desiguales, indignas y precarias.
Como resultado de una cultura patriarcal y machista que desvaloriza el trabajo doméstico y justifica prácticas sociales de discriminación hacia las trabajadoras del hogar; millones de mujeres dedicadas a este trabajo se enfrentan a una serie de violencias, incluyendo la violencia sexual, la trata de personas, e inclusive el feminicidio; así como otros tipos de abusos como el no pago de salarios o pago de salarios por debajo del mínimo establecido por ley, la negación de alimentación, exceso de horas de trabajo sin días de descanso, explotación y acoso laboral, diferentes formas de esclavitud, maltrato psicológico y emocional.
Además, las prácticas heredadas del colonialismo y la esclavización continúan permeando la región, pues existe una racialización del trabajo doméstico remunerado, en donde día a día quienes se enfrentan a estas condiciones laborales, a la violencia de género, al racismo, a la exclusión social y a la discriminación al realizar sus labores son principalmente las mujeres y niñas afrolatinas, afrocaribeñas e indígenas; situación que puede verse agravada por la migración y el desplazamiento forzado.
Según datos de la CEPAL, solo en Ecuador una de cada cinco mujeres que realiza trabajo doméstico remunerado es afrodescendiente, mientras que en Brasil el 68,4% de las trabajadoras domésticas remuneradas son afrodescendientes. En países como Bvia, Brasil, Colombia, Costa Rica, y Ecuador las mujeres afrodescendientes son la mayoría de quienes ejercen el trabajo doméstico remunerado, en comparación con mujeres no afrodescendientes. Mientras que, en Uruguay, el 72% de las mujeres afrodesendientes ocupadas se dedica al trabajo domestico. Estas cifras muestran las desigualdades étnico-raciales, socioecónomicas, y de género que aquejan a las mujeres afrolatinas y afrocaribeñas trabajadoras del hogar en el hemisferio. Frente a la precaria situación de derechos laborales y discriminación estructural, la pandemia del COVID-19 tuvo un impacto mayor en las vidas de las trabajadoras remuneradas del hogar, debido a la falta de prestaciones de seguridad social, así como pérdida de entre el 25 y 50% de empleos en la región, según cifras de ONU Mujeres, afectando sus economías familiares. Así, la pandemia exhibió la impostergable necesidad de que los Estados garanticen la cobertura en salud y las prestaciones por desempleo para todas las trabajadoras domésticas.
Desde el 2011, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha impulsado el Convenio No. 189 para mejorar las condiciones laborales y erradicar prácticas abusivas contra las personas trabajadoras domésticas. Actualmente, 18 de los 35 países que han ratificado el Convenio se encuentran en América Latina y el Caribe. No obstante, en el hemisferio persiste un patrón de vulneración de derechos en contra de las mujeres; muestra de ello son las altas tasas regionales de violencia de género en general, y especialmente contra las trabajadoras del hogar.
Al tiempo, en el marco normativo interamericano –en particular la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Protocolo de San Salvador la Convención de Belém do Pará y la Convención Interamericana contra el racismo, la discriminación racial y formas conexas de intolerancia – establecen obligaciones para erradicar la discriminación y la violencia basada en el género y el origen étnico-racial, con el fin de garantizar el goce efectivo de todos sus derechos, incluyendo el derecho a condiciones dignas y equitativas de trabajo. Sin embargo, los marcos legales y las políticas públicas vigentes en algunos Estados no toman en cuenta estándares internacionales en la materia.
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En el Día Internacional de la Mujer Afrolatina, Afrocaribeña y de la Diáspora reiteramos las obligaciones de los Estados para garantizar condiciones de trabajo dignas e igualitarias a las más de 14 millones de mujeres trabajadoras del hogar en la región, particularmente llamamos a combatir los patrones de discriminación racial que persisten en el trabajo doméstico y que impactan a las mujeres afrodescendientes en la región. Reconocemos la importancia de su labor, así como sus aportes a la economía y al cuidado de las familias del hemisferio.
Destacamos que las mujeres trabajadoras del hogar, afrodescendientes, afrolatinas, afrocaribeñas e indígenas tienen derecho a una vida digna, a un trabajo decente, con igualdad de condiciones y a vivir una vida libre de violencias.
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