El exprocurador general de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, fraguó la llamada “verdad histórica” en un cónclave de altos mandos de la Policía Federal y de la propia PGR, entre los que destaca el actual secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, según afirmó la fiscal encargada del caso Lidia Bustamante.
Al presentar los datos de prueba para imputar el delito de tortura a Murillo Karam, la fiscal de FGR explicó que Bernardo Cano Muñozcano, exsecretario particular de Tomás Zerón de Lucio y quien habría grabado los videos en los que se torturó a los detenidos del caso Ayotzinapa, se acogió a un criterio de oportunidad y reveló los detalles del encuentro que sostuvo Murillo Karam con “altos mandos” de la Policía Federal y de la propia Fiscalía.
El encuentro habría ocurrido en Iguala, Guerrero, el 7 de octubre de 2014, bajo la dirección del titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, y con la participación del excoordinador antisecuestro de la PGR, Gualberto Ramírez Gutiérrez, actualmente prófugo; del exdelegado de la Policía Federal en Guerrero, Omar García Harfuch; del exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio; del exdirector de la Policía Federal Ministerial, Carlos Gómez Arrieta; y del exdelegado de la PGR en el estado de Guerrero, José Luis Martínez Pérez.
Según las declaraciones de Cano Muñozcano, quien admitió haber grabado los videos de las presuntas confesiones a cuatro presuntos integrantes de Guerreros Unidos que fueron detenidos por la PGR y la Marina el 27 de octubre de 2014, incluyendo a la víctima identificada con las iniciales A.G.R, que corresponden a Agustín García Reyes, alias “El Chereje”.
En su declaración ministerial, el excolaborador de Zerón de Lucio agregó que estuvo presente el día del cónclave en el que se urdió el montaje de la llamada “verdad histórica” entre los altos mandos de la PGR y otras instituciones.
Sin embargo, aclaró que cuando apenas comenzaba la reunión, llegó el entonces gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, y les pidieron retirarse a los mandos medios y bajos, por lo que ya no pudo escuchar detalles de como se fraguó la llamada “verdad histórica”. Aguirre Rivero, según sus palabras, se habría quedado en el citado encuentro.
Durante la audiencia, el juez de Control, Marco Antonio Fuerte Tapia, recriminó a los fiscales de FGR su falta de preparación, ya que estos han fallado al exponer la parte jurídica de la imputación como la modalidad y el grado de participación de los delitos que se le atribuyen a Murillo Karam.
Incluso, amenazó con dar vista a sus superiores jerárquicos de su falta de preparación para llevar la audiencia.
Además, durante la audiencia también se aclaró que son cuatro las presuntas víctimas de tortura las que señalan al extitular de la PGR.
En el arranque de la audiencia inicial de la causa penal 307/2022, el juez de Control, Marco Antonio Fuerte Tapia, solamente autorizó la participación de dos fiscales y un representante de las víctimas de tortura, a pesar de que ambas partes solicitaron incorporar al menos una persona más a los estrados.
Por parte de las víctimas indirectas va a comparecer el titular del Centro Miguel Agustín Pro Juárez de Derechos Humanos, Santiago Aguirre, así como los padres de uno de los jóvenes desaparecidos.
Los padres de los normalistas de Ayotzinapa comparecen en la sala de testigos protegidos, pero al no contar con un asesor jurídico junto a ellos, el juez de control ordenó al abogado Santiago Aguirre buscar a un abogado con cédula profesional para darles acompañamiento, en lugar del psicólogo que estaba con ellos.
Debido a que los abogados Javier López García y Antonio López Ramírez, defensores de Murillo Karam, manifestaron no conocer los detalles de la carpeta de investigación, casi a las tres de la tarde, se dictó un receso para alimentos.
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